Podrían buscar a desaparecidos hasta en instalaciones policiales

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Ciudad de México.- La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados avaló modificar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para fortalecer la ubicación sin restricciones de restos humanos, incluso en instalaciones policiales.

La reforma a los artículos 53 y 94 de dicha ley, permitirá a la Comisión Nacional de Búsqueda realizar, sin limitación alguna, inspecciones físicas, excavaciones y apertura de muebles e inmuebles de instituciones públicas para ubicar a personas no localizadas.

De igual forma, consultar de manera periódica y exhaustiva la base de datos o registros de cualquier instalación o cuartel militar o policial del país, embajadas, consulados, o cualquier instalación diplomática y centro de culto religioso.

También en lugares donde se pueda acceder de manera física, o a través de la información contenida en plataformas, registros y bases de datos que contengan información que pueda contribuir a localizar e identificar personas en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Precisa que autoridades o instituciones públicas o privadas que administran las bases de datos o registros a que se refiere este artículo deberán tomar las medidas necesarias para que dichas bases de datos y registros contengan la información de las personas a las que prestan servicios, beneficios o tienen bajo su custodia.

La Comisión Nacional de Búsqueda o Comisión Local de Búsqueda correspondiente asistirá a las autoridades e instituciones a que se refiere el párrafo anterior, a fin de facilitar el acceso a la información de sus bases de datos o registros, para lo que celebrarán los convenios correspondientes.

La presidenta de la instancia legislativa, María del Pilar Ortega Martínez, explicó que las inspecciones a embajadas no se realizarán sin autorización del responsable de la misma, y puntualizó que el objetivo es fortalecer la capacidad de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Subrayó que las familias de víctimas lamentan que mientras las autoridades investigadoras se abocaban sólo a hallar al culpable, no había un interés genuino para encontrar a los desaparecidos.

También se aprobó la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, cuyo fin es sancionar a quienes hagan mal uso de material destinado a ayuda humanitaria.

Impone pena de cinco a 10 años de prisión y multa de 100 a 300 veces de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien, sin derecho ni atribución alguna, se apodere de cualquier bien destinado a ayuda humanitaria, además, penaliza al servidor público que condicione la entrega.



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