Revocación y reelección

“Cuatro años para cometer errores es un período muy largo, y para producir soluciones es muy corto": Álvaro Uribe, Presidente de Colombia 2002-2010.

La divulgación, el pasado 12 de marzo, de una supuesta circular de la SCT, con la que se instruyó la utilización en la papelería oficial de la nueva imagen del Gobierno Federal, hizo sonar las alarmas en los partidos de oposición y en el sector empresarial organizado. El problema fue la explicitud del comunicado, que además de indicar la inclusión de la imagen de Emiliano Zapata en la papelería, disipó cualquier duda sobre la indicación presidencial, al precisar que debería retirarse de la comunicación oficial la ya tradicional frase “Sufragio efectivo. No reelección”.

De inmediato se acusó de una intención reeleccionista al titular del Poder Ejecutivo. En voz de su Presidente, Gustavo de Hoyos, la Coparmex advirtió sobre la existencia de una “jugada tramposa” con miras a la reelección del Presidente, no sólo por el contenido de la circular, sino por la eventual celebración de una consulta popular relativa a la revocación de mandato, en forma simultánea con la elección constitucional a celebrarse el primer domingo de junio de 2021; al mismo tiempo que calificó de sospechosas las iniciativas de reforma constitucional presentadas ante las cámaras del Congreso, con miras a implementar la revocación del mandato, porque esa figura se convertiría en el instrumento para reproducir el llamado “efecto AMLO”, que permitió a muchos auténticos desconocidos ganar la elección el año pasado.

Real o apócrifo, con intención o sin ella, el comunicado de la SCT fue la invitación a debatir una reforma constitucional ofrecida en campaña, que es de la mayor trascendencia no sólo para el Presidente de la República, sino para el futuro inmediato de la democracia mexicana, pero no hubo tiempo para ello. Apenas tomaban forma las reacciones cuando en la Cámara de Diputados se anunció la aprobación del decreto de reforma antes mencionado.

El argumento empresarial fue retomado en el debate legislativo por diputados de oposición, quienes plantearon entre otras cosas, modificar la fecha de la consulta y que no sea el Presidente quien la solicite. Con la modificación del artículo 35 constitucional se eliminó la prohibición de realizar consultas sobre temas electorales, se incluyó al Presidente entre los sujetos que pueden solicitar la realización de la consulta, y se hizo simultánea la celebración de la consulta con la elección intermedia de diputados federales.

Hay cierto grado de razón en la resistencia de los opositores, cuando afirman que con el carácter simultáneo de la consulta, puede el Presidente generar una influencia sobre la elección de diputados federales a favor de su partido, toda vez que sin ser candidato, López Obrador estaría presente en todas las mesas directivas de casilla del país.

Dado el umbral de aceptación ciudadana que actualmente tiene, la presencia virtual del Presidente en las urnas incrementaría la posibilidad de lograr un porcentaje de representación mayor al renovarse la Cámara de Diputados, incluyendo la eventualidad de obtener la mayoría calificada; aunque habrá que reconocer que aun así no tendría totalmente despejado el camino, ya que la cámara de senadores no se renovará en la elección de 2021 y continuaría como único contrapeso legislativo.

Sólo si mediante la operación política lograra construirse una votación calificada en el Senado, sería posible que Andrés Manuel cayera en la tentación de modificar la Constitución para establecer la reelección de Presidente de la República, y bajo esa condición no tendría que esperar a que la consulta se celebre, puede hacerlo ya.

No podemos soslayar que son muchas y reiteradas las ocasiones en que López Obrador ha sosteniendo que no tiene intención de reelegirse. El 7 de marzo de 2018, siendo aún precandidato de Morena, declaró ante miembros de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, que trabajando 16 horas diarias haría un sexenio que parecerá de 12 años; y expresamente afirmó “Yo no me voy a reelegir” y descartó proponer la reforma de la ley para ese efecto.

El Presidente ha sido enfático al confirmar no es partidario de la reelección, e incluso se refirió a presidentes de otros países que empiezan a gobernar y luego modifican las leyes para quedarse más tiempo, para luego concluir “yo no voy a reelegirme, es un asunto de principios, no creo en la reelección”, incluso reconoció que es una tentación la reelección “pero no va a ser así”.

El viernes pasado salió al paso de los temores y acusaciones, afirmando en su conferencia matutina que "El lunes voy a poner un compromiso aquí de que no voy a reelegirme, firmado". Pero no es necesario que el Presidente firme ese compromiso unilateral, pues si bien tiene un efecto político, no tendría ninguno que le obligue en el ámbito jurídico.

Es preferible que en el Senado, Ricardo Monreal replique la operación con la que obtuvo la aprobación unánime de la Guardia Nacional; que continúe el ejercicio del Parlamento Abierto, que se modifique la fecha de celebración de la consulta para evitar las inevitables suspicacias surgidas en la Cámara de Diputados; y sobre todo, que se destierre la práctica del maiceo de la que tanto ha renegado la sociedad mexicana, y particularmente la actual mayoría cuando fue oposición, y que asomó la cara en la Cámara de Diputados.

La mayoría debe recordar que están haciendo fila otras reformas polémicas y que la construcción de consensos es una tarea que desgasta. Viene la reforma educativa.

Quienes tienen el temor de que en México se reedite la situación venezolana, pueden estar tranquilos, al menos respecto a la posibilidad de la reelección, pues en la situación actual su instauración tendría que ser de hecho, es decir, tendría que ser impuesta por la fuerza.