¿Revocación, necesidad o estrategia?

“En política, los experimentos significan revoluciones” Benjamin Disraeli

El próximo 10 de abril es la fecha histórica en que habrá de celebrarse un experimento inédito: el ejercicio ciudadano para decidir si el Presidente de la República continúa en funciones hasta la conclusión del periodo constitucional para el que fue electo (5 años, 10 meses), o es sustituido por un mandatario substituto.

Luego de los desencuentros con el gobierno, el INE expidió la convocatoria el pasado 7 de febrero, después de que la SCJN validó por la falta de mayoría calificada, el extenso texto de la pregunta que se incluirá en la boleta ya aprobada por la autoridad electoral: “¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?  

Como toda cuestión novedosa, está aún en duda si se tratará en realidad de un ejercicio democrático, o si es únicamente una estrategia de reposicionamiento político del presidente rumbo a 2024. Esta última posibilidad tiene bases firmes que han sido construidas por el propio López Obrador, quien durante su tercer informe de Gobierno declaró que “En abril del año próximo, vamos a probar de nuevo qué tanto respaldo tiene nuestra política de transformación, sabremos si vamos bien o no, con la consulta para la revocación del mandato".

Muchos mexicanos nos preguntamos si el examen parcial al que el presidente le interesa someterse y someter su proyecto, es realmente necesario y, en caso afirmativo en qué grado lo es, como para que esté dispuesto a poner en reversa su política de austeridad, obligando a realizar un altísimo gasto de recursos públicos para confirmar algo que él ya sabe, o tiene manera de saber a través de encuestas a las que ni siquiera necesita destinar recursos públicos, porque están al alcance de todos.

Durante el pasado mes de enero el promedio de aprobación del gobierno de López obrador rondó el 64%, indicador que casi duplica la cifra promedio de desaprobación que se ubicó alrededor del 36%, de acuerdo con Mitofski; en tanto que la poll of polls (concentrado de encuestas) practicada por Oráculus arrojó resultados similares con el mismo índice de aprobación y un menor porcentaje de desaprobación del 31%; lo que debería ser suficiente para concluir que el ejercicio de revocación de mandato está demás.

Sin embargo, es verdad aceptada que al iniciar la segunda parte del mandato se inicia el declive del poder presidencial, por lo que contar con una alta aprobación de medio camino es sumamente importante para concluir más o menos tersamente el periodo, y llegar con tranquilidad a lo que Luis Spota llamó “El Primer Día”, ese en que la soledad, la ingratitud, la ignorancia y la venganza inundan la vida de un hombre que, después de ser presidente, se convierte en el ser más vulnerable e indefenso, objeto del canibalismo político que un día lo encumbró y luego lo hace víctima para inmolarlo; ese día que hasta López Obrador, con todo y su testamento político, probablemente tema.

Por eso no le es suficiente su aprobación anual promedio alcanzada en 2021 del 61%, ni la prometedora aprobación de enero de este año, aunque la primera de ellas sea solo inferior a las que tuvieron sus acérrimos e históricos adversarios Carlos Salinas de Gortari, el innombrable, que cerró su tercer año con un 77% de aprobación; y Felipe Calderón Hinojosa, que en el intermedio de su gobierno se irguió con una cifra aprobatoria del 64%.

Con su promedio anual de 61% en 2021, López Obrador está por encima de Vicente Fox con 59%, de Ernesto Zedillo con el 56% y Enrique Peña Nieto con un pobre 37%; pero está muy por debajo de sí mismo, ya que en la luna de miel de su primer año de ejercicio promedió 71% de aprobación; de ahí que la combinación de ego y conveniencia política le obliguen a impulsar el ejercicio revocatorio, con miras a explotar un eventual resultado favorable y elevar o al menos mantener su índice de aprobación.

Pero el ejercicio revocatorio implica también un alto riesgo. El primer reto es llevar a las urnas al menos a 37 millones 251 mil 620 ciudadanos, que representan 7 millones 138 mil 137 votos más que los alcanzados por López Obrador en la elección presidencial de 2018, cuando obtuvo 30 millones 113 mil 483 votos. No es tarea fácil, porque en las pocas oportunidades que hubo para ensayar con las consultas populares, la participación de la ciudadanía fue paupérrima, El presidente tendrá que recurrir a toda la estructura y fuerza del gobierno, ya que su partido cundido de tribus e intereses encontrados, no es garantía, no digamos de triunfo, sino ni siquiera de completar el mínimo de participación requerida; y la estrategia de inhibición de la participación va en sentido contrario del interés que se persigue.

Para poder explotar el resultado y continuar el discurso de ratificación del mandato que se viene manejando desde la recolección de firmas a través de la asociación civil “Que siga la Democracia” y otras similares, el presidente está obligado a lograr que se pronuncien por su permanencia al menos el mismo número de los que votaron por él en julio de 2018, es decir más de 30 millones de ciudadanos.

El otro riesgo es, aunque poco probable, que ahora sí la oposición se una y ratifique en las urnas los 24 millones 861 mil 705 votos que en 2018 acumularon Ricardo Anaya, José Antonio Meade y el Bronco, aunque esto no se da en forma automática.

Agregue usted que el proceso constitucional previo de recolección de firmas iniciado en noviembre pasado, arrancó bajo un manto de opacidad y ofrece una serie de interrogantes respecto al cabal cumplimiento de las disposiciones constitucionales, que muy probablemente no habrá de transparentarse jamás, pero que representa un alto riesgo de deslegitimación del proceso.

¿Cuánto costó recabar los más de 2 millones 800 mil firmas exigidas para que la solicitud de convocatoria procediera?; ¿Sobre quienes recayó la responsabilidad de reclutar, organizar, capacitar y dirigir al ejército de ciudadanos que se requirió para que las firmas fueran distribuidas en 17 entidades federativas?; ¿Quién financió la recolección de las firmas?; ¿Quiénes integran “Que siga la Democracia”?

Como sea, amigo lector, en abril usted tendrá la última palabra.