El caso Loret

“No estés tan seguro de que el mal es el mal y la virtud, la virtud” (Arquías a su alumno Marco Tulio Cicerón, en La Columna de Hierro) Taylor Cadwell

El pasado 27 de enero se dio a conocer la investigación más polémica de los últimos tres años, en la que se develó la suntuosa vida del hijo mayor del presidente López Obrador, José Ramón López Beltrán. La polémica solo pudo alcanzar su dimensión, gracias a la reiterada mención que de ella hizo y continúa haciendo el mismo presidente desde su palestra diaria.

De la forma en que viva el hijo del presidente nada hay que decir y nadie está legitimado para señalarlo, siempre que ingresos tengan un origen lícito. Sin embargo, la constante proclama presidencial es que la forma correcta de vivir consiste en ubicarse en la sana medianía, argumento con el que ha fustigado a la clase media y a los intelectuales, calificándolos de “aspiracionistas”, pero no parece estar dispuesto a que se aplique a su propia familia.

Más que en la sospecha de tráfico de influencias, que efectivamente siembra la investigación, es en la contradicción anotada en la que se produce la sobrerreacción presidencial, que llega al extremo de mezclar las situaciones personales con las cosas de Estado, al solicitar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que dé a conocer el monto de los ingresos de un particular como es Carlos Loret de Mola, lo que ya fue rechazado.

La petición y la insistencia en justificarla en que se trata de recursos públicos porque “los medios son concesiones”, revelan una ignorancia real o intencionada del presidente, con el propósito de descalificar a los autores de la investigación, pero sin contradecir con argumentos nada de lo que ésta revela, lo que debió hacerse desde el principio para terminar con la discusión del tema.

Es comprensible y hasta justificable que un padre salga en defensa de su hijo cuando lo siente atacado, como lo es también que un líder dé la cara para defender el proyecto que encabeza; pero no corresponde a un Jefe de Estado ampararse en su calidad de ciudadano cuando se involucra a su familia como posible beneficiaria de presuntos malos manejos. Pues lo que procede es impulsar una investigación por las instancias que correspondan, para aclarar la situación.

Siendo la mañanera la mayor virtud de López Obrador en materia de comunicación, se le revierte ahora en un tema tan sensible como la familia, porque dejó de observar lo que seguramente le aconsejó su Coordinador General de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas, para atender el aforismo que sostiene que “Nota aclarada es nota ampliada”, refiriéndose a que la efímera duración de una noticia en la memoria del lector común, se ve reforzada y extendida en el tiempo cuando el sujeto a quien involucra insiste en negar públicamente la veracidad o la precisión de la información difundida.

Ramírez Cuevas es también el vocero del gobierno de la República, por lo que debió habérsele permitido atender la crisis mediática generada por la investigación, para que su jefe no se viera obligado a enfrentarla de manera personal, actuando como padre y no como Presidente de la República, porque al perder objetividad por la carga emocional, erosiona la investidura presidencial.

No ha sido una sino varias las ediciones de la mañanera en las que el presidente se ha referido al tema, con lo que los medios de todo el país e incluso del extranjero, han tenido material suficiente para mantener el tema en el interés de sus seguidores, a lo que se sumó la aparición vía twitter del propio José Ramón y su esposa Carolyn Adams, en un extraño paralelismo con lo ocurrido con la Casa Blanca durante el periodo peñista, cuando la primera dama Angélica Rivera intentó infructuosamente convencer a la sociedad con argumentos inverosímiles.

Alguien debe explicar al presidente que el gobernante no es cuestionado porque sea un ciudadano común, como cualquiera de los gobernados, sino que la crítica se endereza contra las políticas públicas o contra aquellas expresiones del gobernante que, como en el presente caso, representan una contradicción moral al excluir a la familia de lo que se exige al resto de la sociedad. Y desde luego que tiene como ingrediente desgastar las bases de la 4T, o al menos del discurso unipersonal que la ha venido sosteniendo.

Andrés Manuel López Obrador es el presidente de México, no es más el candidato sempiterno, ni el activista que dejó en plena Plaza de la Constitución cajas y cajas de documentos que supuestamente revelaban la corrupción del gobierno de aquel momento. Como presidente de la República está obligado a repetirse todos los días y encarnar en sí mismo aquella frase que pronunció en Mérida dos semanas antes de asumir el cargo: "Yo ya no me pertenezco, estoy al servicio de la nación, soy un hombre de nación…, mi amo es el pueblo de México".

Debe entender que su amo es un pueblo diversificado, pluricultural, pluriétnico, pluripartidista e intrínsecamente contradictorio, cuyas concepciones del país y de su rumbo no son ideológicamente homogéneas; que somos un pueblo al que no puede exigírsele que esté siempre y en todo de acuerdo con la postura, la creencia y la ideología del presidente, porque somos un pueblo libre que ya se acostumbró a vivir en democracia; y que demandar uniformidad de pensamiento es un peligroso paso hacia el totalitarismo, el absolutismo, el despotismo y la dictadura.

El gobernante debe ser un estadista, un individuo hombre o mujer, con gran saber y experiencia en los asuntos del Estado, lo que tristemente nuestro presidente no muestra en este caso particular, en su fútil creencia de que toda adversidad de su gobierno, toda crítica, están dirigidas a su persona y no a la forma en que se está conduciendo.

En un estadista no cabe la expresión “yo me voy a seguir defendiendo”, no cabe interpretar la ley acomodándola a la conveniencia personal, porque eso implica la personalización del poder; y esperar que todas sus propuestas sean aceptadas sin cuestionamiento, es el mismo absurdo en que incurrió el rey de Francia y Navarra Luis XIV, al declarar “El Estado soy yo”, con lo que acuñó el lema del absolutismo.

La función del periodista es vigilar el diario quehacer público y denunciar lo irregular.