Panorama educativo (Primera parte)

Hace una semana los senadores electos por Morena Rubén Rocha e Imelda Castro, solicitaron al rector de la UAS que en aras de la transparencia del proceso de ingreso a esa institución educativa, se realice una auditoría académica que estaría a cargo de un comité integrado por miembros del Consejo universitario, profesores con reconocida solvencia académica, padres de familia y personalidades notables de la sociedad.

Dada la respuesta pública del rector, no sabemos si la solicitud será atendida y, en caso de serlo, cuál será su resultado, pero de entrada la petición revivió una añeja polémica en torno a la educación en México. Aún recuerdo como en los tiempos de mi juventud enarbolaba en manifestaciones callejeras la bandera de una educación pública, gratuita, democrática y popular, impartida en universidades de las mismas características.

Lo cierto es que esa polémica continúa, y a raíz de la reunión de Jesús Estrada Ferreiro, presidente municipal electo de la capital del Estado con el rector y otros funcionarios de la UAS, en la que pidió puntualmente no haya un solo rechazado en esa universidad, así como por las declaraciones de diputados morenistas en funciones y electos, pareciera que en Sinaloa se impulsa el planteamiento de la plataforma política que López Obrador reiteró en el último debate de candidatos presidenciales, de ofrecer educación para toda la juventud, sin excusas ni exclusión, a través de la cual, se dijo, se apuesta a crecer a través del conocimiento, la ciencia y la tecnología, con una clara brújula moral.

El planteamiento implica la cobertura universal en los niveles medio y superior, que no se ha alcanzado por completo en niveles inferiores y que no existe en ningún país del mundo, para cuyo cumplimiento, establece el Proyecto de Nación, el nuevo gobierno otorgará un incremento presupuestal sustancial a la investigación científica, en particular, que se destinará a los centros públicos de educación superior.

El Proyecto de Nación propone la integración de 5 mil docentes y el apoyo de 29 mil pesos anuales por alumno en el nivel medio superior, pero nada concreto dice en cuanto a la educación superior. En tal sentido solo conocemos lo manifestado por López Obrador a los rectores de universidades afiliadas a la ANUIES, en el sentido de que no habrá en lo inmediato un incremento presupuestal, aunque se comprometió a no reducir las percepciones públicas de las que hoy gozan las universidades, lo que tácitamente significa la invitación –forzada quizá- a que esas instituciones se ajusten al programa general de austeridad que impulsa el ahora presidente electo, y que hagan más con lo mismo que ahora reciben.

Por su parte, los rectores universitarios declararon que hacer obligatoria la educación superior es posible, pero a condición de que se destine un presupuesto que no esté limitado, conservar como requisito de ingreso el mérito académico, y mantener como filtro el examen de admisión, a fin de preservar la calidad académica.

Estos son los dos extremos de la propuesta de elevar el nivel educativo de los mexicanos, pero alrededor de ellas existe una serie de factores que deben ser tomados en consideración. Antes que nada, entender que el plan educativo postulado en el proyecto de nación del nuevo gobierno puede realizarse a largo o mediano plazo, pero no en forma inmediata, como Rocha, Imelda, Estrada Ferreiro y otros han demandado por escrito y personalmente al rector de la UAS.  

Para lograrlo deben superarse obstáculos de carácter material, como los espacios físicos, las aulas, laboratorios, equipos, sistemas y programas de cómputo, acceso a internet y otros elementos indispensables para la atención de la demanda, además de la generación y capacitación del personal docente que atenderá a los nuevos alumnos.

El enfoque de los candidatos electos de Morena está dirigido exclusivamente a la UAS, como si ésta fuera la única opción educativa de Sinaloa. Debe entenderse que la cobertura universal y gratuita de la educación media superior y superior es una obligación del Estado como institución, es decir de las autoridades federales, estatales y municipales, por lo que todas sus instancias educativas deben ser parte de la solución. Además de la UAS, deben integrarse en ese objetivo la Universidad Autónoma de Occidente (UADO), el Colegio de Bachilleres de Sinaloa (COBAES), el Instituto Tecnológico de Culiacán y del resto de los municipios, la Universidad Pedagógica, la Universidad Politécnica, la Universidad Autónoma Indígena y otras.

Las universidades públicas están obligadas, ahora más que nunca, a realizar un ejercicio responsable de los recursos que reciben y a convertirse en el bastión cultural del sistema anticorrupción, abandonando prácticas clientelares que permiten ahora a un partido político, antes a uno distinto, aprovecharse del estudiantado para chantajear o someter a sus contrarios. Deben ser las primeras instituciones que utilicen su autonomía para desterrar prácticas como el diezmo o la mochada en licitaciones de obra y adquisiciones y sometiéndose de grado a las revisiones de las autoridades competentes.  

La educación en México no es una universidad aislada, ni siquiera la UNAM que es la de mayor tamaño y tradición, es el conjunto de las instituciones de ese nivel que, hay que reconocerlo, han logrado avances considerables en la elevación del nivel educativo nacional, como lo refleja el informe “Panorama de la Educación 2017” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyos indicadores son la fuente más acreditada de información sobre el estado de la educación en todo el mundo.

En el documento se afirma que México tiene entre los países miembros, una de las mayores proporciones de estudiantes que ingresan a la educación superior en el campo de la ciencia, porque en 2015 el 32% de los alumnos de nuevo ingreso a la educación superior eligieron las áreas de estudio relacionadas con la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas, 5 puntos porcentuales más que el promedio de esa organización, situando a México entre los seis primeros países respecto a este rubro.