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“La historia de la libertad es la de la lucha por limitar el poder del gobierno”: Thomas Woodrow Wilson

La decisión del Congreso de Baja California de continuar con el procedimiento de reforma constitucional para extender de dos a cinco años el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla, continuó ganando espacios en los medios impresos y electrónicos, no solo por el fondo, sino por la forma de actuación de los protagonistas.

A una semana de concluir su ejercicio, la legislatura de aquella entidad sesionó en forma extraordinaria, fuera de su sede y resguardada por la policía municipal de Playas de Rosarito a fin de evitar el ingreso de público y reporteros, para aprobar el cómputo de votos de los ayuntamientos. De los cinco municipios con que cuenta la Baja California, tres comunicaron su aprobación, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito, curiosamente los de menor concentración poblacional; en tanto que  Mexicali y Tijuana, los dos más poblados, decidieron no aprobarla y, por el contrario interpusieron sendas controversias constitucionales contra la reforma.

A pesar de la aprobación de la reforma constitucional local, nadie puede cantar victoria, porque existen varias vías para revertir la irregular medida. Aunque puede parecer un pueril deseo, existe la muy escasa posibilidad de que Morena y su dirigente Yeidckol Polevnsky recapaciten y entiendan que como movimiento tendrán una mayor pérdida que ganancia, y puedan instruir a los diputados que asumirán sus cargos el primero de agosto próximo, para dejar sin efecto ese decreto modificatorio que no tiene futuro.

Es cierto que, aunque es poco probable, ganarían tres años adicionales para un gobernador, pero también lo es que será un mandatario ilegítimo, etiquetado como violador de la Constitución y de la Ley, como corrupto y corruptor; y el desgaste partidista que ya inició no se limitará a la población bajacaliforniana, sino abarcará a ciudadanos de todo el país

Otra posibilidad es que quien recapacite sea el gobernador en funciones Francisco “Quico” Vega, y entienda que su decisión de no publicar el decreto impide a otros actores interponer las impugnaciones, ya que no es posible interponer controversias constitucionales como las prometidas por PAN, PRI y PRD, si no se realiza la publicación.

Esa fue la suerte que corrieron las controversias intentadas por los municipios de Mexicali y Tijuana, desechadas por la Comisión de Receso de la SCJN, integrada por los ministros Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara, que por otra parte, son los nuevos integrantes del máximo tribunal del país, impulsados por la actual administración gubernamental.

El riesgo en este último escenario es que Quico esté cuidando su futuro inmediato más que la constitucionalidad y la racionalidad política, y a cambio de impunidad por irregularidades en su mandato, haya pactado la no publicación, a fin de que ésta la realice el propio interesado Jaime Bonilla, una vez que tenga en sus manos el poder completo.

Una vía más para la revocación son las controversias constitucionales que, presentadas en el momento adecuado, lograrán sin duda su cometido, toda vez que ya existe un criterio de la Suprema Corte de Justicia en ese sentido, establecido en la tesis de jurisprudencia P./J. 82/2007, que expresamente declara que la prórroga del mandato es inconstitucional.

Los municipios en ejercicio en Mexicali y Tijuana tienen hasta el día último de septiembre, siempre y cuando se publique el decreto, para presentar nuevamente la controversia constitucional, pues en esa fecha terminarán su función; y nada garantiza que los nuevos ayuntamientos que convivirán dos años con el nuevo gobernador, no hayan sido también cooptados y mantengan la misma intención controversial que sus antecesores.

Los autores de la intentona de nueva elección sin electores unificó en su contra a distintos y diversos actores políticos, que de otra forma no coincidirían en los cuestionamientos. En actitud intolerante y bravucona, el nuevo Virrey peninsular descalifico las opiniones de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Tathiana Clouthier y la propia Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, por el hecho de no ser bajacalifornianos.

Pero no solo son Jaime Bonilla y Yeidckol Polevnsky, hay otros defensores de la inconstitucional medida que  en su desatino argumentan que el Congreso, como representación popular, es el que válidamente ha decidido extender el mandato y que la decisión del pueblo está por encima del marco constitucional; expresiones con las cuales el fantasma del autoritarismo recorre de nuevo el país de península a península.

Esa posición es tan endeble que no resiste el más superficial análisis. Baste decir que en un primer momento fueron 21 diputados los que aprobaron la prórroga, ya en Rosarito solo dieciséis. En ambas ocasiones decidieron sin consultar ni siquiera a mano alzada, a casi 3 millones y medio de bajacalifornianos. Los tres municipios que aprobaron la reforma aglutinan el 20.68 % de la población estatal; en el territorio de los dos que se inconformaron vive el 79.32% de la población.

El Presidente de la República no ha variado su posición en torno al tema y sigue sin expresar una postura clara de rechazo al acto inconstitucional; sus referencias son a los comentarios marginales que apuntan a que Baja California es un laboratorio para impulsar su propia reelección, a lo que responde con su tradicional maniqueísmo dualista que separa a los mexicanos en buenos y malos.

Firma ante notario una declaración unilateral de su voluntad de no reelegirse, que carece de sustento constitucional y de cualquier efecto jurídico, pero no defiende la Constitución ni hace que se cumpla, como protestó hacerlo. Lo hace, y así lo declara, “para que se serenen, se tranquilicen los conservadores”, no en defensa del interés nacional.

Usted lo dijo señor Presidente, “el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”, y los demás somos todos, correligionarios o adversarios, pobres o ricos, chairos y fifís; todos somos pueblo.