Estancias infantiles

“Cuando la naturaleza de un príncipe es mediocre o él está debilitado por la edad o por la enfermedad, no puede mantener la unidad de sus consejeros”. Maurice Druon.

Hace unos días tuvimos oportunidad de intercambiar ideas y opiniones con el Delegado de Programas para el Desarrollo en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, sin que pudiera faltar la referencia a la problemática de las estancias infantiles incluidas en el programa de la extinta Sedesol, hoy Secretaría de Bienestar, que mucho ha dado de que hablar en fechas recientes.

La defensa de las decisiones del gobierno federal en este tema, se basó en generalizaciones con escasa información, y llamó mi atención la afirmación de este servidor público en cuanto a que “el autoritarismo se acabó”, sin que nadie más hubiera recurrido a ese término durante la conversación.

Mérito del superdelegado es dejarnos la tarea de pensar sobre lo que quiso decir, pues el Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras (PEI), es quizá el de mejores resultados de la pasada administración, al atender entre 2007 y 2017 a 2 millones 175 mil 415 infantes de uno a cuatro años de edad, sin acceso a la seguridad social, lo que posibilitó que 1 millón 825 mil 394 padres y madres solos que trabajaban, estudiaban o buscaban empleo, pudieran cumplir con su cometido.

De acuerdo con el Coneval, institución encargada de medir la pobreza y el desarrollo social en México, el índice de satisfacción con la calidad de los servicios de cuidado infantil de 2014 a 2017 se ubicó entre 92 y 97 puntos de 100 posibles, lo que tratándose de un programa gubernamental es sin duda un enorme logro, muchas veces no logrado ni en las empresas privadas.

El auxilio gubernamental hasta el último día de la administración anterior contempló dos modalidades; la primera era la entrega de 950 pesos mensuales a padres y madres solos, para el pago de los servicios de estancia infantil por cada infante de entre 1 y 3 años 11 meses, y de 1 mil 800 pesos mensuales por cada niño o niña de uno a 5 años 11 meses que presentara alguna discapacidad; la segunda modalidad era el apoyo inicial de 70 mil pesos para personas físicas o morales que desearan establecer una estancia infantil, importe que debía destinarse a la adecuación del espacio, a la compra de mobiliario, al pago de seguro de responsabilidad civil y daños a terceros y a la elaboración del programa interno de protección civil.

Por eso suena extraño que para justificar la reducción a la mitad de la partida presupuestal aplicable a estancias infantiles para este año, el Presidente de la República haya asegurado que existe corrupción en el sistema, argumentando que “se encontró que hay informes adulterados”. El recorte presupuestario en 2019 fue de 2 mil 28 millones de pesos, y lo ubicó 49.8% por abajo del ejercido en 2018, lo que desató protestas de padres de familia y de quienes laboran en estos centros infantiles.

Por lo menos en el caso del cierre de ductos para combatir el robo de combustibles, el gobierno presentó una estimación del daño patrimonial que, según se dijo, ronda los 60 mil millones de pesos; pero en el caso de las guarderías la Auditoría Superior de la Federación encontró que las anomalías, si bien suman 69.4 millones de pesos, solo representan el 1.8% de los recursos asignados, que pueden provenir de ineficiencias o incluso de actos de corrupción que pueden ser fácilmente identificados, corregidos y castigados.

Con tales cifras es razonable concluir que reducir a la mitad el presupuesto de un programa que demuestra un 98.2% de honestidad en el manejo de sus finanzas, que es de evidente beneficio social y además altamente rentable desde el punto de vista del empleo al amparar a casi 2 millones de trabajadores en una década, no es  la mejor decisión. ¿Por qué no mantenerlo y echar a andar los mecanismos para erradicar al 100% la corrupción?

¿Acaso es simplemente porque puede ser un emblema, aunque fuera el único, de administraciones pasadas? De ser así, entonces sí que estaríamos en presencia de un acto autoritario.

El presidente López Obrador afirmó que la decisión de recortar se tomó luego de que se hallaron irregularidades y hechos de corrupción, pero no precisó montos, ni identificó un solo caso concreto; y para sustituirlo propone aplicar la fórmula anunciada para el resto de los programas sociales: el apoyo será entregado directamente a los beneficiarios, lo que de entrada no representa una garantía de que los recursos sean aplicados conforme a su destino.

No son pocos los casos en que este tipo de apoyos directos son desviados por los propios beneficiarios para satisfacer otras necesidades o simplemente gustos y gastos. No hace mucho se hizo público que un buen porcentaje de los apoyos directos que se entregaron a damnificados por los sismos en Oaxaca, Chiapas y otras entidades, no se aplicaron a la reconstrucción; como también sabemos que los apoyos para el diésel agropecuario y pesquero han sido desviados con frecuencia.

Al parecer, la Secretaría de Bienestar no está dando al Presidente una información correcta y confiable, y es por ello que el primer mandatario se coloca en una posición inflexible frente a las manifestaciones de inconformidad, y con ello se ubica en la frontera del autoritarismo.

Al igual que en el caso del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, guardadas todas las proporciones, de no rectificar la decisión y permitir que continúe operando el programa, con los ajustes necesarios, se estarán dejando de aprovechar para el país 666 millones 50 mil pesos, que representan solamente el apoyo otorgado a las 9,515 estancias infantiles existentes. 

De mantenerse, se ratificará el carácter injustificado y autoritario de la medida; y no olvidemos que cada decisión arroja luz sobre el tipo de gobierno que la toma.