Confiabilidad, acuerdos y desatinos

“Hágase tu voluntad en los bueyes de mi compadre”

Refrán popular

Las discrepancias entre el sector empresarial y el gobierno de la 4T parecían arribar a un punto de tregua, cuando la Secretaria de Energía y el CENACE evitaron que las aguas volvieran a su nivel, al publicar en el Diario Oficial de la Federación -atropelladamente por cierto- el Acuerdo de confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

Gracias a la confusa y errática estrategia de comunicación de la epidemia por Covid-19, que ojalá no sea a propósito, y de la profusión temática que surge de las diarias conferencias presidenciales para el consumo y entretenimiento ciudadano, el acuerdo de confiabilidad duró poco en la discusión política y en los comentarios mediáticos, al desplazarse el debate al espacio judicial con la interposición de amparos de las empresas afectadas, muchas de las cuales fueron favorecidas con la suspensión provisional del acuerdo.

La decisión de los jueces se basó en que, en el fondo, el acuerdo es un intento gubernamental por frenar las multimillonarias inversiones contratadas por el gobierno anterior al amparo de la reforma energética, con el propósito de impulsar la generación de energías limpias como la eólica y la solar; así como en la falta de apego al marco jurídico vigente.

De alguna forma el affair de la confiabilidad eléctrica, sumado a la modificación de los lineamientos para el otorgamiento de Certificados de Energía Limpia, ventilados en juicios a fines de 2019; al arbitraje promovido por el gobierno en los contratos de construcción de gasoductos; y el amparo de la CFE para impedir la instalación de sistemas solares en hogares y pequeñas empresas, entre otras acciones, configuran un escenario de confrontación directa entre el viejo y el nuevo régimen, que solo podrá resolverse dejando las cosas como estaban o decretando la nacionalización/estatización de la industria eléctrica, como lo hizo bajo un entorno político diferente el presidente Adolfo López Mateos el 27 de septiembre de 1960.

Este eventual hecho catapultaría el posicionamiento presidencial a niveles muy favorables para lograr la consolidación de su control del legislativo federal en 2021, así como el triunfo de sus candidatos a gobernador en las 15 entidades que lo elegirán el próximo año, y con ello mantener el control absoluto del poder durante todo el sexenio.

Quienes diseñaron la reforma energética peñista, avistaban no solo la captación de enormes inversiones que fortalecerían la economía nacional, la modernización tecnológica del servicio eléctrico y la reducción de las tarifas eléctricas o al menos la contención de su incremento, sino también la posibilidad de abonar algo a la gran deuda que mantenemos frente al medio ambiente. Por eso extraña a muchos postura del gobierno actual.

De otra parte, como en muchas decisiones anteriores y seguramente en otras tantas que veremos en el futuro inmediato, subyace la lucha contra la corrupción del pasado como uno de los pilares del proyecto de la 4T, lo que queda en evidencia con las declaraciones del presidente López Obrador, quien manifestó el  18 de mayo que el acuerdo de confiabilidad tiene como propósito poner orden en el sector eléctrico y poder cumplir con su promesa de no aumentar las tarifas. En esa ocasión acusó que con la reforma energética “les entregaron el mercado de la electricidad a particulares, entregaron contratos a empresas particulares, fundamentalmente extranjeras, que luego se llevaron a trabajar a sus empresas a los altos funcionarios que les permitieron la privatización, incluso un expresidente”.

Los argumentos gubernamentales serían plausibles si desde ahora cumplieran requisitos como el respeto al Estado de Derecho; que la lucha contra la corrupción se ejerza hacia el interior de la administración federal, concretamente hacia el titular de la Comisión Federal de Electricidad y su familia; y que se diseñe una política tarifaria adecuadamente diferenciada, que se base en la consideración del alto consumo que por razones climáticas se tiene en regiones como Sinaloa.

Es indispensable que la política energética del país privilegie la producción y el uso de energías renovables, despojándola de atavismos personales como el desprecio por algunas formas productivas porque afectan el paisaje, y poner en primera línea el interés de la población. Esto es posible porque México cuenta con amplias zonas desérticas y semidesérticas tanto en el noreste como en el noroeste, que se encuentran subutilizadas o sin utilizar, y que tienen una enorme y natural vocación y potencial para producir energía con fuente solar y eólica, suficiente para abastecer al país con superávit para la exportación.

Si realmente se tiene la voluntad de cambiar a México, es necesario respetar el Estado de Derecho en todas las decisiones gubernamentales; debe aprovecharse la experiencia previa para evitar que se produzcan los onerosos costos de las indemnizaciones a empresarios que, de recibirlas, habrán hecho su negocio sin complicaciones mayores, pero no regresarán a invertir en el país mientras no tengan las garantías suficientes para su inversión.

Baste recordar que el capricho de cancelar el proyecto de nuevo aeropuerto de la Ciudad de México no solo no ayudó en la lucha contra la corrupción, sino que nos costó a los mexicanos –igual que el tan criticado FOBAPROA- aproximadamente 71 mil millones de pesos en cifras de la SCT, pues se perdieron 60 mil 291 millones de pesos en obra ejecutada, y aún se están pagando 14 mil 932 millones a los contratistas por concepto de gastos no recuperables; eso sin contar el costo financiero, el precio del terreno y el freno de un proyecto de desarrollo que colocaría a nuestro sector aeronáutico y logístico de la aviación civil en el liderazgo regional.

La gran pregunta es si el gobierno aprendió esta lección o si repetirá la misma estrategia con las empresas productoras de electricidad limpia. Esta última vía es para pensarse dos veces, pues con la crisis económica que se avecina sería una estrategia suicida.