CEAV de PGR entregará apoyos a 70 familias de desaparecidos

Los Mochis, Sin.- Este jueves 12 de enero madres y esposas de desaparecidos de la zona norte de Sinaloa que integran el grupo de “Las Rastreadoras”, se reunieran con el director general de Asesoría Jurídica Federal de la Procuraduría General de la República (PGR) de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para terminar el proceso de registro para los apoyos de emergencia que se les otorgarán por ser víctimas del delito de desaparición.

La líder de Las Rastreadoras, Mirna Medina Quiñónez, manifestó que sólo 70 familias de los 394 desaparecidos serán beneficiarios de este apoyo económico, mismo que se entregará entrando el mes de febrero y durante un año.

Añadió que se trata de entre 6 y 7 mil pesos mensuales para apoyos de renta, apoyo de alimentos, ambulancias, gastos médicos, gastos funerarios, según sea el caso.

“Es un apoyo que se les va dar a las personas que tienen el REVANI, y afortunadamente ahora si ya se les va a dar”.

¿La vez pasada fueron 70 mujeres las que alcanzaban este apoyo?

“Sí, sólo 70; antes de que entrara el nuevo sistema se pudo ingresar la denuncia en PGR de 70 personas que son las que alcanzaron el RENAVI, son a las personas que se les va dar el apoyo, ya para febrero, si Dios lo permite, los 70 de la zona norte van a estar recibiendo ese apoyo que es buenísimo, es alrededor de 6 o 7 mil pesos mensuales  para apoyos de renta, apoyo de alimentos, de ambulancias, gastos médicos, gastos funerarios, lo que se pueda ofrecer, se estaba hablando de 6 meses pero se alargó a un año”, mencionó.

Cuestionada sobre el por qué sólo 70 podrán tener acceso a los apoyos, manifestó que cuando entró el nuevo sistema de la Procuración de Justicia en el 2015 es la PGJE quien se hace cargo de la averiguación de desapariciones forzadas, y muchos desaparecidos no fueron ingresados al Registro Nacional de Víctimas RENAVI.

Medina Quiñónez dijo que las denuncias de desaparición ya no se hacen ante la PGR, a menos de que se involucre un servidor público, como las de El Fuerte y Ahome, donde la corporación municipal es la principal imputada en la mayoría de los casos.

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