Planta de fertilizantes, consulta y demagogia

“Quienes alcanzan el poder con demagogia, terminan haciéndole pagar al país un precio muy caro”: Adolfo Suárez

Desde mi adolescencia allá por los tiempos del partido hegemónico y autoritario, escucho hablar de la demagogia como una adjetivo descalificativo que se aplicaba a los gobiernos y a los políticos priistas, porque convencían a las masas con medias verdades o con mentiras completas para lograr su control, o al menos para obtener un cargo de elección.

Luego del paso por las aulas y de uno que otro desengaño político, encontré que la demagogia no es en sí misma una forma de gobierno, ni constituye un régimen político; es solo una práctica que intenta satisfacer al pueblo identificándose falsamente con sus necesidades o aspiraciones elementales, y al final incumplen sus promesas dejando al pueblo en peor situación.

Así sucedió en Los Mochis en junio de 2019, cuando al ser cuestionado en torno a la posibilidad de instalar una planta de fertilizantes en los alrededores del puerto de Topolobampo, que enfrentaba más de una controversia jurídica y social, el presidente López Obrador prometió que se llevaría cabo una investigación para conocer si beneficiaba o perjudicaba a la gente; "vamos a hacer una investigación y si no hay acuerdo, vámonos a la democracia; un domingo se ponen mesitas en todos los parques y en las plazas públicas y ahí la gente es la que va a decidir”, dijo.

Lo de “las mesitas” no era buen augurio porque estaba muy reciente un ejercicio similar que se realizó en Mexicali, para que “el pueblo” decidiera, en pleno pico de la pandemia, si se instalaba o no en el valle de ese Municipio una planta de elaboración de cerveza de la empresa Constellation Brands. El resultado de la desairada consulta fue un “no”, decidido por un ínfimo porcentaje de los ciudadanos, que fue posible por la falta de apego a los lineamientos constitucionales y legales.

En otras palabras, la consulta fue un engaño. Sin prejuzgar sobre la buena fe de quienes participaron, se creó una ficción de mayoría que nunca existió, pues solo los interesados en que no se instalara la planta se movilizaron para lograr su objetivo, sin que hubiera autoridad alguna que buscara el equilibrio democrático para que la decisión fuera auténtica

Cierto que en aquél momento las disposiciones constitucionales en materia de consulta ciudadana no existían en su forma actual, pero si se encontraba vigente desde el 15 de marzo de 2014, cuando gobernaba Felipe Calderón, una Ley Federal de Consulta Popular que olímpicamente se ignoró, como se ha venido haciendo costumbre gubernamental desde años atrás el desentenderse del Estado de Derecho.

Y por qué habría de darse importancia al Estado de Derecho?, simple y sencillamente porque es lo único que puede permitirnos una convivencia civilizada; porque ayuda a evitar que entre unos y otros tengamos una relación animalesca; porque se protege a las minorías y a los vulnerables; porque un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, protege a las personas de injusticias, y combate la pobreza; porque es el sustento de comunidades de igualdad, oportunidades, y paz, y funge como la base del desarrollo, de gobiernos transparentes que rinden cuentas, y del respeto a los derechos fundamentales, tal como lo define The World Justice Project en su Índice de Estado de Derecho 2020, en el que por cierto se ubica a México en un lejano lugar 104 entre en 128 países, en cuanto a su cumplimiento.

Ahora toca a Sinaloa y concretamente a los municipios de Ahome y Guasave, donde el pasado 26 de octubre se anunció que en 30 días se realizaría la consulta ciudadana, para recabar la opinión en torno al establecimiento o no de la planta de fertilizantes en el puerto de Topolobampo. El planteamiento hecho por el subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Rabindranth Salazar, es a todas luces inconstitucional y por lo tanto no garantiza certeza en el resultado, ni puede tener efectos vinculatorios para ninguna autoridad, porque la Secretaría de Gobernación que decidió organizarla no tiene competencia ni facultades para ello, ni mucho menos para calificarla.

El subsecretario afirmó que “es instrucción del presidente López Obrador y del secretario Adán Augusto López, que la población tome la decisión” a través de la consulta, pero no dijo si la violación del artículo 35 de la Constitución forma parte de esas instrucciones, pues ese artículo se establecen determinados requisitos que al parecer no se cumplirán. En él se dispone que el INE es la única instancia encargada de la promoción y difusión de las consultas, y que durante el tiempo que comprende su proceso, es decir desde la convocatoria hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.

Si como se anunció, la SEGOB se hará cargo del ejercicio, debe justificar que la materia a consultar es de competencia federal, lo que no parece ser así dado que ya fueron realizados y autorizados los estudios de impacto ambiental y otorgadas las autorizaciones que corresponden a la federación; y existe el reconocimiento tácito del carácter local de la consulta, al delimitar su alcance territorial a un radio de 45 kilómetros, que solo alcanza a los municipios de Ahome y Guasave, de tal manera que la regulación aplicable debería ser la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa, que no otorga ninguna injerencia a la autoridad federal.

De tratarse de un asunto de trascendencia nacional o regional que sea competencia de la Federación, deberán participar al menos dos entidades federativas, y la convocatoria debe ser emitida por ciudadanos en un número igual o mayor al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores de cada una de ellas, lo que deberá verificar el INE, entre otros requisitos.

Lo cierto es que sin la aplicación del derecho el problema no se resolverá, porque son muchos los intereses en juego, o ¿acaso se someterán mansamente aquellos cuya opinión no resulte mayoritaria?; seguramente habrá demandas de nulidad, amparos y otros recursos y manifestaciones para impedir el arranque del proyecto que, por cierto, está en vías de cumplir 9 años de discusiones jurídicas en tribunales, la mayor parte resueltas favorablemente a la empresa, que ni se convalidarán, ni quedarán sin efecto por razón de una consulta que no se ajuste a la ley.

Sinaloa necesita la inversión y resoluciones firmes de autoridad, no solo poner mesitas en los parques para fabricar mayorías falseadas y con ello repartir culpas.