4T, nueva realidad

“La verdadera tragedia de los pueblos no consiste en el grito de un gobierno autoritario, sino en el silencio de la gente"

Martin Luther King Jr.

En un símil de lo acontecido al PRI en la elección de 1997, los comicios del pasado 6 de junio arrebataron a Morena la mayoría absoluta que como partido tenía en la LXIV Legislatura, y junto a sus aliados lo ubicó más lejos de la mayoría calificada, de la que los separaban cuatro votos que le resultaba relativamente fácil conseguir, para tomar decisiones tan importantes como las reformas constitucionales que el movimiento requería para consolidar su poder.

La similitud parte del hecho de que en 1997 el 62% de quienes acudieron a las urnas no votó por el partido oficial, en tanto que en la reciente elección el 64% no sufragó en favor de Morena, lo que activó las alarmas en el alto mando oficial, y lo obligó a realizar una serie de movimientos en el gabinete y en su relación ya de por sí accidentada con la oposición y sus actores, augurando un endurecimiento de la política oficial.

En 30 meses de ejercicio, el desgaste del gobierno de la 4T se tradujo en una pérdida de 3 millones 440 mil 637 votos en la elección de diputados para la coalición oficial, lo cual redujo su representación camaral del 63.8 % que tenía en la anterior legislatura, al 55.6 % que ejercerá en la recién iniciada.

Igual que en la última legislatura del siglo pasado, en la LXV legislatura de la cámara de diputados ningún partido tendrá por sí mismo la fuerza representativa suficiente para modificar la Constitución, o para llevar a buen puerto la iniciativa de remover de sus cargos a los actuales consejeros del INE o a los magistrados del TEPJF; incluso la aprobación del presupuesto de egresos de la federación podría verse obstaculizada si, como es lógico en el nuevo escenario, la oposición se mantiene unida. Sin embargo, si Morena conserva su alianza legislativa con los partidos Verde Ecologista y del Trabajo, tendrá los votos suficientes para realizar modificaciones a las leyes ejerciendo la mayoría absoluta.

Lo natural en una democracia en la que el partido gubernamental no tiene mayoría, es que se privilegie la negociación; pero en un entorno polarizado en el que desde el gobierno más que criticar se descalifica a los opositores, es difícil llegar a acuerdos y muy fácil toparse con la parálisis legislativa que no conviene a nadie.

De ahí que si los actores no colocan en el centro de la política el interés nacional, ni gobierno ni oposición lograrán avanzar en sus objetivos, y en ello corre mayor riesgo la 4T que de cualquier manera verá ralentizado su movimiento, pero que de negociar con sus opositores, evitará su propia paraplejia y avanzará, aunque el ritmo sea menor. Para ello se requiere una política gubernamental reflexiva y abierta al diálogo constructivo.

De la oposición deben demandarse dos elementos inexcusables, uno la unidad del bloque, blindada contra los intentos de cooptación, corrupción o presión; y otro la responsabilidad frente a sus representados; porque la fragmentación puede implicar hasta la desaparición de algunos de los partidos que integran el actual bloque opositor.

Mayor inteligencia en su actuación deberán desplegar Dante Delgado, Enrique Alfaro y demás dirigentes de Movimiento Ciudadano, porque la tentación que implica el convertirse en fiel de la balanza puede llevarlos, primero, a la cancelación de toda posibilidad de triunfo en la siguiente elección presidencial y, a la postre, a su liquidación.

Aunque la negociación es un escenario posible, la personalidad del presidente López Obrador y las señales que se han estado enviando después de la elección, hacen previsible su radicalización y con ella el despliegue de acciones para cerrar el paso a la oposición, porque definitivamente la negociación “no es su fuerte”.

La radicalización no será otra cosa más que el endurecimiento de las medidas políticas oficiales, de lo que dio muestra la decisión de incluir en las diarias conferencias matutinas la sección “Quien es quien en las fake news”, con el propósito de reducir la presión mediática sobre el gobierno y su partido; y en otro frente la apertura de carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República contra el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, quien acusa ya persecución y se autoexilió en los Estado Unidos para evitar la prisión.

Con el caso Anaya se regresa al uso indebido de la procuración de justicia, tan arraigado en gobiernos anteriores, y la radicalización empieza a tomar forma. El endurecimiento gubernamental no es difícil, porque cuenta con el respaldo de las fuerzas armadas que han sido consentidas desde el inicio del sexenio, cediéndoles importantes espacios de la administración pública federal como la construcción y administración de un aeropuerto civil, el control y administración de aduanas y puertos, la construcción de cientos de cuarteles para la Guardia Nacional (GN), de caminos y carreteras; y se le promete formalizar el control de la propia GN.

En la conducción del control político interno, el presidente López Obrador dio un auténtico golpe de timón que anunció diciendo “vamos a llevar a cabo unos cambios para el bien del país y para el bien de nuestro movimiento”, al sustituir la mano suave de la Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, con un “amigo, paisano [tabasqueño] y compañero entrañable”, como lo describió al presentar a quien hasta ese momento era gobernador en funciones del estado natal del presidente, y que además lleva su mismo apellido.

No nos es posible afirmar que el nuevo secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, sea un político de mano dura, pero sí que no se trata de un improvisado. A diferencia de su antecesora, que únicamente tenía la experiencia de la judicatura federal, es un expriista con carrera administrativa como subsecretario de protección civil y previsión social de su estado, gobernador, diputado local, diputado federal y senador, entre otros cargos; con gran cercanía por haber coordinado en su región la campaña de AMLO a la presidencia en 2006 y haber dirigido a Morena en su estado  

Su primera acción fue regresar a la SEGOB funciones que le habían sido cercenadas en el aspecto jurídico y político, y ello provocó la renuncia del consejero jurídico de presidencia, Julio Scherer, a quien le habían sido encomendadas.