Informe y dilema

“Un dilema es un político tratando de salvar sus dos caras a la vez”

John A. Lincoln

Las semanas previas al primer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador transcurrieron en medio de polémicas entre morenistas, tanto en el ámbito partidista como en el legislativo, y de dislates de sus aliados que impactaron el contenido de las ya tradicionales conferencias mañaneras y pueden llegar a trastocar la felicidad que el Presidente de la República visualiza en el pueblo de México.

El 19 de agosto el senador y hasta el día último del mes presidente de la mesa directiva del senado, Martí Batres Guadarrama, denunció parafraseando a Álvaro Obregón, que en la elección interna de su grupo parlamentario para definir quien encabezaría el órgano de dirección legislativa, hubo “chantajes y cañonazos” que tuvieron como consecuencia que se le excluyera de la posibilidad de reelegirse en esa posición. 

En su cuenta de Twitter Batres declaró que su correligionario Ricardo Monreal fue factor de división en Morena y que ensució el proceso interno del grupo parlamentario, en la continuación de una guerra interna que se libra desde el arranque mismo de la legislatura, y que trasciende el espacio senatorial para trasladarse al proceso interno de renovación de la dirigencia nacional de Morena.

Semanas antes la diputada Dolores Padierna, esposa del señor de las ligas y tía del Juez que impuso prisión preventiva a Rosario Robles, presentó una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Congreso, para que el grupo parlamentario que tenga la mayoría absoluta de la cámara de diputados encabece la mesa directiva durante toda la duración de la legislatura.

La iniciativa tuvo como primer efecto enturbiar las relaciones entre la fracción morenista que encabeza Mario Delgado y las distintas fuerzas políticas minoritarias representadas en la cámara, que si bien no son indispensables para aprobar leyes y reformas trascendentes, si generan la violación de acuerdos, exhiben al partido en el poder como contrario al pluralismo político que los mismos actores reclamaron siempre de las mayorías priistas o panistas, y finalmente inciden en el proceso interno del partido, en el que el aún coordinador parlamentario es precandidato.

Padierna argumentó que la reforma era necesaria para adecuar la norma a la nueva realidad surgida de la elección de julio de 2018, es decir al mandato ciudadano que ella interpreta como eliminar “el traje a la medida que tres minorías se hicieron en su favor”, entre las que se encontraba el partido en el que ella misma participaba, el PRD. Recordó que antes a los partidos de izquierda siempre se les relegaba en el ejercicio de esa responsabilidad legislativa, porque eran precisamente minoría, pero olvidó que desde 2003 han venido ocupando la presidencia de la cámara en reiteradas ocasiones, como fue el caso de los perredistas Eric Villanueva en la LVIII legislatura, Guadalupe Acosta Naranjo en la LXI, Silvano Aureoles Conejo en la LXII, Julio César Moreno Rivera también en la LXII y Jesús Zambrano Grijalva en la LXIII.

Los aires reeleccionistas expulsados del senado llegaron a la cámara de diputados, donde el experimentado diputado petista Porfirio Muñoz Ledo aprovechó las aguas revueltas para plantear su aspiración de presidir esa cámara por un año más, ya que dijo tener pendiente la construcción del andamiaje normativo que requiere la cuarta transformación, mediante una profunda reforma del Estado. La intención de Muñoz Ledo no puede ser descalificada desde el punto de vista jurídico, porque la reelección de los integrantes de la mesa directiva es permitida por la Ley Orgánica del Congreso.

Sin embargo, pareciera que tanto a Martí Batres como a Porfirio Muñoz Ledo se les olvidó la inquietud y el malestar que generó la intentona todavía vigente del gobernador electo de Baja California, el morenista Jaime Bonilla, de extender su mandato por tres años adicionales a los que la ciudadanía votó, mediante una actuación inconstitucional del Congreso del Estado y de la mayoría de los ayuntamientos de la entidad, reiterada con una encuesta que solo exhibe el empecinamiento en lograr sus propósitos sin respeto alguno al Estado de Derecho, con lo que poco ayudan al Presidente de la República, salvo que como apuntan algunos comentaristas con los que no coincido, se esté preparando un escenario para la eventual reelección presidencial, lo que ha sido contundentemente negado por el titular del Poder Ejecutivo.

Por si fuera poco, para alimentar la sospecha de que se pretende construir un régimen totalitario, en uno de esos casos en que el Presidente diría “no me ayudes compadre”, el diputado del aliado Partido del Trabajo Oscar González Yañez, propuso regular a los medios de comunicación “para evitar que se conviertan en instrumento fundamental de la derecha”.

No puede dejar de señalarse que una vez más estos aliados de la 4T mandan el mensaje de que están dispuestos a hacer todo aquello que criticaron de las administraciones priistas, incluyendo la limitación o eliminación de libertades y derechos fundamentales; como tampoco puede dejar de reconocerse la agilidad con la que el gobierno federal, salió a desmentir que sea su intención limitar la libertad de expresión consagrada en los artículos 6º y 7º de la Constitución.

El peligro para México es que se deje sueltos y sin control a estos supuestos aliados, que con sus disparates distorsionan los objetivos de la 4T, y obligan al Presidente y su gabinete a ocuparse en aclaraciones que no deberían ser necesarias. Y no nos referimos al sometimiento totalitario de esos aliados, sino al establecimiento de líneas de disciplina, reglas y objetivos claros para el Movimiento que encabeza el Presidente.

Bastante tiene López Obrador con la responsabilidad de gobernar, como para lidiar con propuestas descabelladas que perjudican su imagen y la de su movimiento. Suficiente problema le representará rendir un informe sobre la situación de violencia e inseguridad que se vive en el país, sobre las expectativas económicas de crecimiento y empleo, sobre el respeto a los derechos humanos y las relaciones con los órganos encargados de su vigilancia y defensa.

El ambiente en el que se rendirá el primer informe obligará al Presidente a presentar y explicar las dos caras de México, la de felicidad y la de preocupación.