Los miedos de la oposición

“Un pueblo habituado durante largo tiempo a un régimen duro pierde gradualmente  la noción misma de libertad”: Jonathan Swift.

Ricardo Monreal se ubicó de nuevo en el centro de la polémica, al anunciar la presentación de una iniciativa para incrementar a 16 el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahora se integra con 11. El anuncio generó la reacción inmediata de parlamentarios opositores, colegios de abogados y organizaciones no gubernamentales, así como la descalificación personal y directa tanto de la Secretaria de Gobernación, como del propio Presidente de la República.

El senador y exdirigente del PAN Damián Zepeda, calificó la iniciativa como la más peligrosa que se ha promovido, porque con ella se pretende controlar desde el gobierno todos los poderes del Estado; y denunció una supuesta “agenda oculta” del gobierno, a la que atribuyó el objetivo de dominar al poder judicial, controlar a la Suprema Corte y someterla al poder presidencial.

Ese denunciado afán de control ha sido una constante en la historia mexicana, cualquiera que ha sido el partido gobernante, por lo que no deberá extrañar que Morena también lo tuviera.

Otros actores políticos coincidieron en que aprobar la iniciativa sería un gran paso hacia la instauración de un gobierno autoritario; y que desde el punto de vista jurídico, la propuesta de creación de una tercera sala en la SCJN para que se encargue de atender las denuncias de corrupción, tendría como primer efecto desechar el Sistema Nacional Anticorrupción aprobado hace cuatro años, cuya implementación no ha concluido dada la omisión del senado en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que se especializarán en el tema.

Otro argumento jurídico-doctrinal lo expuso el perredista Miguel Ángel Mancera, quien con razón señaló que la SCJN es un tribunal de interpretación constitucional, no de enjuiciamiento, por lo que de aprobarse la iniciativa la Corte perdería su naturaleza y esencia.

Los temores de quienes tempranamente se opusieron a la iniciativa pueden verse incrementados con la revisión de las Gacetas Parlamentarias de ambas cámaras, y aún más si se analizan las declaraciones y acciones presidenciales expresadas durante los cuatro primeros meses de gobierno, que parecen orientarse al desmantelamiento del sistema político al que estábamos acostumbrados.

Está por ejemplo, la iniciativa presentada por la bancada del PT en el Senado, con la que se busca desaparecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos y crear en su lugar la Defensoría del Pueblo, a fin de contar –según se motiva- con un órgano autónomo que efectivamente garantice los Derechos Humanos, al dotarlo del respaldo constitucional para que sus recomendaciones sean vinculatorias y así poner fin a la simulación.

El aspecto más delicado de esta iniciativa no es, por mucho, que se cambie la denominación de la CNDH, para adoptar otra idéntica a la utilizada en Venezuela, la Defensoría del Pueblo, pues seguiría siendo el ombudsman que también existe con ese nombre en una decena de países europeos, entre ellos España, Alemania y Francia; así como en Israel y también en una decena de países centro y sudamericanos.

Lo realmente riesgoso es que se propone dotarla de jurisdicción nacional, con representaciones en todas las entidades federativas, y darle competencia para investigar las violaciones a derechos humanos en todo el territorio nacional, pues eso implica la eliminación de las Comisiones Estatales, en una clara orientación centralizadora del poder que atenta contra el pacto federal, y facilita el crear un gobierno autoritario. Y parece ser una intención seria, pues el lunes de la semana pasada Morena se sumó a esta iniciativa.

Hace apenas un mes el diputado de Morena Sergio Carlos Gutiérrez, presentó una iniciativa para eliminar los órganos electorales locales, proponiendo que sea el INE quien organice las elecciones a nivel federal y local. Paralelamente su grupo parlamentario presentó otra iniciativa para reducir el número de consejeros del INE y la duración de sus cargos para hacerla igual que el periodo presidencial, con el riesgo de que derive en el control presidencial de ese órgano y en la eliminación de los controles y contrapesos en la designación de representantes y gobernantes.

Aunque no son las únicas, estas dos iniciativas abren la posibilidad de que, como sucedió con la reforma electoral en 2014, sean despedidos todos los actuales consejeros electores, tanto federales como locales, y se designen sustitutos mayoritariamente afines al gobierno federal y su partido.

A esas iniciativas se suma la tendencia del Presidente a desechar programas, como fue el de estancias infantiles, e instituciones como el INEE; y sus reiteradas opiniones contrarias a la existencia de los órganos autónomos, como la expresada en febrero pasado al señalar que 'hubo mucha simulación', y acusar a los organismos autónomos y a los órganos reguladores, como el INAI y la CRE, de permitir el saqueo y facilitar el robo. Tampoco puede minimizarse la estrategia utilizada en la designación de comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, calificado por la oposición como fraude a la ley, o la designación de un mando militar activo en la Guardia Nacional, que pueden interpretarse como la famosa sentencia L'État, c'est moi -el Estado soy yo- pronunciada ante el parlamento francés por el Rey Luis XIV de Francia hace 364 años.

Con lo anterior, la Cuarta Transformación parece decidida a transitar por el camino revolucionario que no busca consensos, que descalifica y arrolla a sus críticos considerándolos obstáculos inaceptables para el logro de sus fines. Parece abandonar el camino reformador, que con pequeños ajustes mejora continuamente el sistema y garantiza un cambio pacífico, continuo y permanente.

Desde tiempos de campaña, el miedo de la oposición es a las prisas con las que se hace el cambio, aunque parece que éste no se materializará en el corto plazo.