Partidos locales y elecciones federales

A principios de diciembre de 2016 los dirigentes del PAS recibieron en Mazatlán a representantes de por lo menos 15 organizaciones políticas de los estados, que integran la Federación Nacional de Partidos y Agrupaciones Políticas Regionales y Estatales. La reunión sirvió como escenario para anunciar que buscarían las vías legales para lograr que los partidos locales participen también en las elecciones de diputados federales y senadores, cosa que en la actualidad no permiten ni la Constitución federal ni las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos. 

La idea no es nueva, pues hace más de seis años que el entonces senador perredista René Arce, presentó un proyecto de reformas constitucionales y al Cofipe, con la finalidad de permitir este tipo de participación únicamente en elecciones por el principio de mayoría relativa, aunque el planteamiento no prosperó.

Pese a ello, el líder del PAS Héctor Melesio Cuen, no quiso esperar a que la federación nacional diera el paso, y por sus propios medios solicitó al INE el reconocimiento de lo que en su opinión es un derecho de los partidos locales a participar en las elecciones federales. Cuen está convencido de que la respuesta del INE será negativa, pero confía en que la impugnación de lo que resuelva en ese sentido pueda tener como consecuencia que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación potencialice la aplicación de los derechos fundamentales y autorice a los partidos locales el registro de candidatos a senadores y diputados federales.

De lograr lo anterior, Cuen no necesitaría establecer alianza con ningún partido político nacional para postularse como candidato a senador, como es su declarada intención; y con ello el PRI, Morena y hasta el PRD podrían irse despidiendo del jugoso botín que les ofrece y que supera los 200 mil votos, si se toma como referencia la pasada elección de gobernador.

Pero las posibilidades reales de que se conceda el deseo pasista son escasas. Ya en el año 2000 la Sala Superior del TEPJF estableció jurisprudencia en el sentido de que los partidos políticos estatales están impedidos legalmente para participar en las elecciones federales. Cuestionado al respecto, Cuen se declaró confiado en que al haberse reformado la Constitución Federal y expedido nuevas leyes en el año 2014, el criterio de los nuevos integrantes del Tribunal Electoral sea distinto, pero no toma en consideración que la reforma no estableció base legal alguna que permita ese cambio. 

Por el contrario, la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al regular el registro de candidatos, es categórica al disponer en su artículo 232 que corresponde a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular.

Mucho menos se visualiza alguna posibilidad de que el INE apruebe el registro de candidatos de partidos locales para el proceso electoral federal que iniciará en la segunda quincena de septiembre, pues de hacerlo se complicaría a sí mismo la operación del proceso, y se agravaría su situación ante el escenario de descalificación y duda que en las últimas semanas han venido expresando particularmente Morena y algunos personajes del PAN, como consecuencia de las elecciones locales de principios de mes en el Estado de México, Coahuila, Veracruz y Nayarit.

Para acceder a la petición el PAS, el INE tendría que resolver una multiplicidad de cuestiones, algunas de ellas tan complejas como la que se refiere al porcentaje mínimo de votación que requieren los partidos políticos para conservar su registro; así como la  definición de la autoridad a la que correspondería declarar la pérdida del mismo por no obtener la votación mínima. 

Para los partidos locales el problema en este sentido será alcanzar el 3% del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones federales en las que participen, que es lo exigido por la Constitución. La votación total válida emitida en la elección de diputados federales se determina a partir de la suma de la votación en los 300 distritos electorales; y en el caso de los senadores con  la suma de la votación que se obtenga en las 32 entidades federativas. 

De esta manera, considerando que al 16 de junio del presente año el padrón electoral nacional alcanza los 85 millones 542 mil 806 electores, si en forma conservadora suponemos que la votación válida será equivalente al 50% del padrón, se depositarían 42 millones 771 mil 403 votos en las urnas, y el 3% de esa cantidad sería de 1 millón 283 mil 143 votos.

Esa cifra, superior al máximo histórico que el conjunto de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidatos independientes han obtenido en Sinaloa, es la que debería obtener el PAS para conservar su registro.

Y ni esperanza de que el Tribunal Electoral dispense de esta obligación constitucional a un partido local, pues ello implicaría desatender el principio de equidad, que constituye uno de los pilares de nuestro sistema electoral, al exigir un requisito para los partidos políticos nacionales y exentar de su cumplimiento a los partidos locales.

Otro problema a resolver será el relativo al financiamiento público, pues deberá definirse a que nivel de gobierno corresponderá la obligación de proporcionar los recursos para el desarrollo de las campañas. Los gobiernos estatales argumentarán, y con razón, que no pueden asumir esa carga al tratarse de una elección federal, lo que obligará al INE a solicitar recursos extraordinarios o a redistribuir el presupuesto destinado a los partidos políticos nacionales, lo que de ninguna manera será miel sobre hojuelas.

Y que conste, no estamos en contra de la propuesta, simplemente anotamos algunas de las dificultades para llevarla a la práctica. El planteamiento del PAS es propio de un sistema electoral de corte federalista, pero debemos estar conscientes de que con la reforma electoral de 2014 se le dio una fuerte orientación hacia el centralismo. 

Por ello, la única opción para lograr que partidos locales participen en elecciones federales será una nueva reforma constitucional que revolucione el sistema electoral, cuya iniciativa ya debería estar preparando el PAS, como hizo con la revocación del mandato.