Tarifas de transporte público

“Las Mercancías no votan, los pasajeros, si”.

Jose Manuel Almoguera, Ingeniero de transportes

Pese a que se trata de un tema sensible porque afecta directamente la economía familiar y el confort de los pasajeros, el costo y la calidad del transporte público de pasajeros en las zonas urbanas y suburbanas de Sinaloa son temas que solo se abordan en espacios de opinión, cuando los concesionarios y permisionarios demandan incremento a las tarifas.

No puede negarse que de 30 años a la fecha han variado, para mejorar, las condiciones físicas de los equipos utilizados, pues a diferencia de aquellos tiempos, tenemos hoy autobuses con aire acondicionado e incluso en algunos casos con dispositivos especiales para personas con capacidades diferentes; aunque la capacitación de los operadores deja aún mucho que desear, haciendo de las unidades un submundo lleno de colores, olores, apretujones, sonidos estentóreos y palabras altisonantes que, junto con las tarifas alteradas con el pretexto de no disponer de la moneda de 50 centavos para dar el cambio, convierten al transporte público en un mal necesario.

Los intentos gubernamentales por mejorar el transporte han sido diversos pero no siempre fructíferos, como lo fue su reorganización a través de Red Plus durante la administración de Jesús Aguilar Padilla; aunque es de reconocerse que los principales avances se han producido en el gobierno de Quirino Ordaz, incluyendo la mejora en materia de seguridad de los pasajeros.

Hasta el año pasado, los gobiernos y el Congreso habían descuidado un aspecto fundamental que es la modernización de la regulación tarifaria, indispensable para establecer nuevos mecanismos de revisión, regulares, sistemáticos y permanentes, que quiten de los hombros del titular del Poder Ejecutivo una carga de alto contenido político, que lo obliga a equilibrar periódicamente el interés de los transportistas con el interés superior de los usuarios, generalmente población con los más bajos recursos; de tal manera que a los primeros les sea posible obtener una utilidad razonable que les permita mantener en condiciones de óptimo servicio las unidades y mejorar su calidad, y a los segundos les evite el menoscabo de su ya precaria economía, manteniendo asequibles las tarifas.

Un primer logro en este sentido fue la expedición durante la LXII Legislatura de una nueva Ley de Movilidad Sustentable, a iniciativa de ciudadanos y de todos los grupos parlamentarios, con la que se trasladó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable la responsabilidad de elaborar el dictamen técnico que servirá de base para la modificación tarifaria, documento que debe contener tanto los costos como el compromiso de mejora de los servicios a cargo de los concesionarios, además de abrir la posibilidad de la aplicación de tecnología moderna para el pago de la tarifa. Sin embargo, esta nueva Ley mantuvo en el Ejecutivo la carga de la autorización de las tarifas.

Hoy, como nunca, están dadas las condiciones para simplificar la regulación sin perder la rectoría del Estado sobre la determinación tarifaria, al mismo tiempo que se destierra la añeja competencia entre precio y calidad del transporte, así como la anquilosada práctica de control de los transportistas para utilizarlos en apoyo de campañas electorales.

En esta materia el gobernador del estado ha dado muestras suficientes de su voluntad de avanzar hacia un sistema moderno de transporte, tanto en la vertiente de carga como en la de pasajeros. En la primera impulsó la llamada “liberación”, para que empresarios y ciudadanos no continuaran siendo rehenes de grupos y organizaciones. Las resistencias persisten, pero la ruta del cambio de cultura está trazada.

En lo relativo al transporte urbano de pasajeros ha sido permanente el apoyo a los transportistas con la entrega de unidades modernas, lo que ha permitido mantener las tarifas en un nivel adecuado; apoyó la iniciativa de un metrobús para la capital del estado, aunque con el rumbo que el proyecto similar tomó en el vecino estado de Durango, su futuro es incierto; y están en marcha los programas de modernización a cargo de la SEDESU, que incluyen la implementación de medios alternativos de transporte como las bicicletas.

En este contexto, es hora de buscar lo que parece imposible: encontrar la mejor manera de establecer las tarifas en condiciones de justicia y equidad entre transportistas y usuarios. Esa “mejor manera” solo puede encontrarse mediante la consulta a las partes que tienen un interés en la regulación, lo que permitirá a la autoridad conocer las limitaciones y perspectivas de todas ellas y facilitará la toma de una decisión que tenga en cuenta no solo la sustentabilidad del transporte público, sino de la movilidad urbana en su conjunto.

Cada entidad ejerce su libertad para fijar la tarifa aplicable al transporte y por regla general se destinan grandes cantidades de recursos públicos a reducir el costo final que pagarán los usuarios, a cambio de no enfrentar presiones constantes de los concesionarios que exigen aumentos cuando los combustibles, lubricantes, refacciones y salarios suben su costo, mientras sus ingresos se mantienen en el mismo nivel; y en el otro extremo, el desgaste de imagen por no lograr que el servicio de transporte sea digno.

La mayoría de las legislaciones estatales consideran los diversos factores económicos que inciden en la prestación del servicio, determinando el costo a partir de estudios y dictámenes técnicos cuya elaboración representa costos para el Estado, los que pueden ser eliminados si en la Ley se precisa que la actualización se basará en la aplicación del índice Nacional de Precios al Consumidor.

Este método significa indexar anualmente la inflación a la tarifa vigente, mediante un simple acuerdo de la autoridad competente. El inicio de su aplicación deberá ir precedido de un único estudio serio y detallado del costo actual de operación, que sería el punto de partida para el nuevo esquema; y con él se garantiza una utilidad razonable para los concesionarios y permisionarios, quienes quedarán obligados a satisfacer los criterios de calidad que en la propia ley se establezcan. Si se puede.