¿Soluciones de fondo o de contingencia?

El inusitado incremento en el precio de las combustibles derivados del petróleo, centro de nuestra antigua, desaprovechada y abusada riqueza nacional, abrió una caja de pandora que los dioses de la revolución regalaron a los mexicanos hace más de cien años.

Como se ha repetido insistentemente, el aumento de precios en los combustibles no es nada nuevo, pues se viene realizando desde los inicios del sexenio calderonista, con la diferencia de que entonces se trataba de lo que se llamó eufemísticamente “deslizamiento”. 

Hoy, la brusquedad con que se realizó el alineamiento con los precios internacionales, sumado a la cascada impositiva (IVA, IEPS, Impuestos estatales), generaron la reacción de un sector de la sociedad que en algún sentido puede convertirse en catalizador para incentivar la participación ciudadana, pero en otro sentido puede ser el despertar del México bronco. 

Así lo muestran las actitudes asumidas por manifestantes en el centro y sur del país que, inducidas o no, derivaron en saqueos de centros comerciales.

Nadie puede negar –ni siquiera en el gobierno se atreverían-, que el “gasolinazo” está teniendo consecuencias sobre la economía familiar que apenas empiezan a sentirse, y que habrán de recrudecerse con el o los subsecuentes incrementos de las gasolinas que se esperan a partir del mes entrante. 

Esas consecuencias económicas las resentirá también el gobierno federal, y como bola de nieve arrastrará a los gobiernos estatales y municipales, cuyas finanzas están mayoritariamente en números rojos por el indiscriminado saqueo del que han sido objeto, lo que habrá de traducirse en menos obras y en un detrimento de la calidad de los servicios.

Pero el riesgo real que corremos como nación es el de la inestabilidad política y, con ello, la ingobernabilidad. 

La reacción gubernamental frente al binomio que integran la inconformidad social y la escasez de recursos no se ha dejado esperar, y se basa en la aparente satisfacción de dos añejas demandas populares. Una la aplicación de medidas de austeridad en el ejercicio del gasto gubernamental; y otra el ataque a la corrupción y a la impunidad.

En el primer rubro fue el gobierno federal quien anunció la reducción en 10% de las percepciones de los servidores públicos de mandos superiores, incluidos los delegados de las dependencias del Ejecutivo en las entidades federativas, sin que hasta el momento se haya anunciado un programa específico de austeridad en otras áreas.

A partir de ahí, fue el gobierno de Sinaloa uno de los primeros en anunciar un programa de austeridad, al que le han seguido algunos de los municipios como Mazatlán y Culiacán, aunque otros como Guasave y El Fuerte tendrán que hacerlo también porque no tienen de otra.

Los diputados del PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista en el Congreso del Estado aportaron su grano de arena al programa de austeridad gubernamental al renunciar a un ingreso mensual de 27 mil quinientos pesos cada uno, y de paso sirvió a la Diputada Irma Tirado, Presidenta de la Junta de Coordinación Política, para adjudicarse un triunfo frente al más protagónico de los diputados, Roberto “El Güero” Cruz, pero esa es otra historia.

El anuncio más impactante en este sentido ha sido el que realizó el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, quien decretó la reducción en un 20% de las percepciones de los servidores públicos hasta el nivel de director, gobernador incluido, y acompañó el anuncio de un lapidario “el que no quiera, que se vaya”.

También redujo en 50% el aguinaldo de esos servidores públicos, dispuso el no incremento de sueldos, canceló el “bono de servidores públicos”, los gastos de celular, las comidas en restaurantes y todo gasto de representación. Igualmente dispuso no pagar a medios de comunicación, no incrementar el transporte público, cero tolerancia a la corrupción y la creación de un Comité de Recuperación de bienes y Recursos Desviados del Patrimonio Estatal. Valdría la pena revisar si en Sinaloa pudieran implementarse medidas similares.

En el otro escenario, el del combate a la corrupción, el gobernador Ordaz Coppel amplió a tres semanas el plazo inicialmente ofrecido para informar sobre las condiciones en que recibió la administración estatal, lo cual resulta comprensible si se considera que sobre la marcha han ido surgiendo sorpresas como los 500 millones de pesos adeudados a un proveedor de medicamentos, los más de 200 millones de pesos de impuestos no pagados al SAT, adeudos con la Universidad Pedagógica, el STASE, el magisterio y otros proveedores, lo que hace pensar que la deuda estatal será mucho mayor que lo anunciado por el ex Secretario de Administración y Finanzas. 

El gobernador ya reconoció públicamente que su administración enfrenta una contingencia financiera, como también aseguró que no solapará absolutamente nada que signifique desviación y que actuará conforme a la Ley, lo que genera esperanza de que la lucha contra la corrupción va en serio. Quirino tuvo un triunfo inobjetable en las urnas, por lo que no necesita utilizar las medidas anticorrupción para legitimarse, pero sí está obligado a hacerlo para revertir el hartazgo social por los abusos de poder realizados en Sinaloa, y para disminuir la desconfianza ciudadana en sus autoridades.

Hasta el INE ha participado en la autocontención del gasto, pero falta que las cámaras del Congreso de la Unión, el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia y sus Ministros, cuyo ingreso mensual ronda los 651 mil pesos, anuncien cuál será su aportación a las medidas de austeridad.

La pregunta que surge frente a las medidas de contingencia anunciadas es si se quedarán solo en eso, o si podemos esperar el planteamiento de soluciones de fondo. Eso, indiscutiblemente, corresponde al gobierno federal.