El INE y las afinidades

La reforma político electoral que se formalizó con las modificaciones a la Constitución Federal de febrero de 2014, sepultó al antiguo y prestigiado IFE para dar a luz a un nuevo órgano electoral con tal cantidad de atribuciones, que inevitablemente tenía que ajustarse tarde o temprano al viejo refrán popular que reza “el que mucho abarca, poco aprieta”.

Además de las que ya ejercía el IFE, el nuevo órgano fue dotado de facultades para intervenir en la elección de autoridades estatales y municipales, lo que representa una distorsión del diseño republicano y federal establecido en el artículo 40 de la Carta Magna, que prevé la existencia de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. 

De esta manera, mediante una excesiva concentración de facultades, el Congreso de la Unión fortaleció al órgano electoral nacional y debilitó a los órganos electorales locales, lo que se tradujo en un grave desequilibrio institucional y democrático que tiene como consecuencia la negación del federalismo.

Bajo el argumento de que debía evitarse que las autoridades electorales se encontraran sujetas a la influencia y control de los gobernadores, se despojó a los Congresos Locales de la facultad de nombrar a los integrantes de sus órganos electorales, y se dejó esta función en manos de los 11 consejeros que integran el Consejo General del INE, dotándolos de un poder que rebasa los límites institucionales. 

De un plumazo se hicieron a un lado las leyes estatales de responsabilidades de los servidores públicos al otorgar a esos mismos consejeros la atribución de remover a los integrantes de los órganos locales, sin importar las disposiciones constitucionales de cada entidad, ni los procedimientos vigentes en cada una de ellas para fincar responsabilidades, pese a que se trata de servidores públicos de los Estados, y son éstos quienes atienden el pago de sus remuneraciones.   

Desafortunadamente, el objetivo de eliminar la influencia de los gobernadores no se cumplió, pues si bien al parecer ni éstos, ni sus enviados fueron ya recibidos en las instalaciones de Tlalpan, eso no fue obstáculo para que se designaran personas afines a ellos. La influencia de los gobernadores continuó manifestándose, ahora mediante el cabildeo de los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General, que vino a reforzar el preexistente sistema de cuotas partidistas. 

Esta innegable realidad quedó de manifiesto con el hecho de que en el Estado de Chiapas el órgano electoral tomara decisiones orientadas por el titular del Ejecutivo local, que finalmente desembocaron en la destitución de todos sus integrantes y en el procesamiento de algunos de ellos; y se evidenció también con la decisión del INE de asumir la organización de la elección extraordinaria de gobernador en Colima, y la elección ordinaria del mismo cargo en Durango.

Desde 2014, con el apoyo de las instituciones académicas como El Colegio de México y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el INE diseñó un procedimiento de selección de consejeros locales para garantizar de manera objetiva que éstos posean los conocimientos, habilidades y capacidades para el desempeño de los cargos. Este procedimiento contempla tanto exámenes académicos como psicométricos, y comparecencias de los aspirantes ante los consejeros generales. 

Es precisamente esta última etapa la que da al traste con la objetividad en la selección, porque ha servido de camuflaje al reparto de cuotas, y no solo eso; los flamantes consejeros del INE han identificado el tamaño del poder que el Congreso de la Unión les otorgó y no han dudado en ejercerlo en grupo y en lo individual, apartándose de los principios rectores de la función que les fue encomendada, como son la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la máxima publicidad, pero sobre todo la objetividad. 

Los integrantes de los órganos electorales de los estados están sometidos a una constante presión, por la amenaza de ser destituidos si no acatan las disposiciones del Consejo General del INE, con lo que el principio constitucional de autonomía de los   órganos electorales locales se ha visto reducido al mero enunciado en el artículo 116. 

En sentido contrario a las ideas que supuestamente motivaron los cambios constitucionales, los consejeros del INE han eliminado el carácter deliberativo, analítico y proactivo que otrora presumieron los Institutos Electorales de los Estados y que dieron acceso a iniciativas modernizadoras de la función electoral, como el voto electrónico y muchas otras que han construido y sostenido el sistema electoral mexicano. 

Los órganos locales han sido convertidos en gerencias regionales ejecutoras de instrucciones centrales, creándose una duplicidad institucional que encarece aún más la democracia mexicana. 

Por si esto fuera poco, la concentración de poder en el órgano rector del INE ha prohijado la soberbia en sus integrantes, quienes han llegado al extremo de imponer vetos en el nombramiento de los integrantes de los órganos electorales de los Estados. 

Aunque ya antes se habían conocido casos de veto ilegal, como el protagonizado por el  Consejero Marco Antonio Baños, beltronista de sepa, quien obstaculizó el camino de un aspirante calificado, solo por el hecho de ser “afín” a quien en el momento fungía como Presidenta del Instituto Electoral Veracruzano, el viernes pasado se conoció públicamente lo sucedido en el proceso de designación de consejeros del Instituto Electoral del Estado de Michoacán.

La información publicada en www.imedia.com narra que en la comparecencia de los aspirantes Roberto Ambriz Chávez y Sandra Nalleli Rangel Jiménez el pasado 15 de agosto, la Consejera Pamela San Martín Ríos y Valles preguntó directamente y sin tapujos “¿Usted es afín al presidente del IEM?, luego de lo cual reclamó la supuesta subordinación de los mencionados al actual Presidente, el Doctor Ramón Hernández, quien hay que señalarlo, fue el único de los presidentes de órganos locales del antiguo sistema que el INE designó para un nuevo periodo.

La Consejera Pamela San Martín se refirió a la supuesta existencia de un grupo político al interior del IEM, y descalificó a los dos aspirantes bajo el argumento de que apoyarían las decisiones “personales” del actual Presidente, en abierta ignorancia del carácter colegiado que tienen este tipo de órganos, y de ser cierta su afirmación de existencia de grupos políticos al interior del IEM, es evidente que la Consejera tomó partido, soslayando los elementos objetivos de la designación.

Lo narrado pudiera quedar como simple grilla, si no fuera porque con la actitud de la Consejera se va a contracorriente del Servicio Profesional Electoral instituido en el INE y en todos los órganos locales del país, y porque representa una flagrante violación a los derechos humanos de los aspirantes.

Al parecer los consejeros generales no se dan cuenta de que la institución ya arrastra suficientes negativos por su actuación en torno a la fiscalización de gastos de campaña en la última elección del Estado de Coahuila, con la filtración de grabaciones de audio que involucraron a su Presidente, dibujándolo como racista, y en muchas otras situaciones que se han venido acumulando en el corto tiempo de existencia de esa institución.

De continuar por ese camino, la única certeza que tendremos en las elecciones del próximo año será la de un árbitro que no aprendió todo el contenido del librito, y a como están las cosas, puede ser su actuación la que genere inestabilidad. 

Los consejeros deben entender que la incertidumbre solo debe estar en el resultado de las elecciones, para que nadie sepa quién es el ganador antes de que éstas se celebren; la incertidumbre nunca debe ubicarse en la actuación del árbitro.