Austeridad y gastos de los partidos

En nuestra pasada colaboración nos referimos a las medidas de contingencia que todos los niveles de gobierno anunciaron para enfrentar la disminución de los ingresos públicos. Entre tales medidas destacan la reducción de percepciones de los servidores públicos de mandos superiores, que oscila entre el diez y el veinticinco por ciento; la decisión de no incrementar salarios a la burocracia, la cancelación de bonos, comidas, gastos de representación y celulares, y la renuncia a determinadas prebendas de las que gozaban legisladores federales y locales.

Esos anuncios y los que se refieren a que habrá de redoblarse la lucha contra la corrupción, son la respuesta de las instituciones del Estado Mexicano ante las muestras de inconformidad popular que amenazan con rebasar el marco de la legalidad, como un desesperado intento por contenerlas. 

La austeridad es por ley un principio del ejercicio de los recursos que todo servidor público debe acatar siempre; anunciarlo ahora es bueno y haberlo hecho desde siempre sería, como lo es el continuar haciéndolo por siempre, simplemente cumplir la ley. Si los anuncios son o no nuevas simulaciones solo lo sabremos con el paso del tiempo.

Por lo pronto es evidente que el planteamiento de austeridad está siendo tomado por algunos servidores públicos y organizaciones políticas para enarbolar banderas sustraídas de aquella inconformidad ciudadana que se mantuvo por mucho tiempo en el filo de la clandestinidad, hasta que el gasolinazo le arrebato el manto que pudorosamente la cubría. 

Y no me refiero solo a Morena y Andrés Manuel López Obrador, íconos del populismo contemporáneo en México, sino también a Movimiento Ciudadano y a personajes José Ignacio Peralta, gobernador de Colima, y Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, ambos priistas, quienes coincidieron en remitir a sus respectivos Congresos locales la propuesta de presentar ante el Congreso de la Unión una iniciativa para reducir en 50% el financiamiento público de los partidos políticos;

El senador panista Francisco Búrquez también se adelantó a los gobernadores y presentó él mismo la iniciativa en la cámra alta; así como el diputado federal independiente Manuel Clouhthier, el diputado local independiente de Jalisco Pedro Kumamoto y el propio Congreso de Jalisco, que han hecho propuestas informales sobre el tema. 

La verdad es que no se necesita más que la iniciativa ya presentada y mucha voluntad política de los legisladores y sus partidos, para hacer realidad el objetivo que hace años está en la aspiración de los ciudadanos.

En lo personal, no creo que los programas gubernamentales de austeridad, ni siquiera sumándole la reducción del financiamiento público de los partidos políticos, sea la solución para enfrentar la insuficiencia presupuestaria; pero desde luego que no habrá en nuestra sociedad quien reniegue de esas dos propuestas. 

La reducción del financiamiento público de los partidos políticos se antoja atractiva cuando se precisan las enormes cantidades de dinero que consumen. Solo durante el año que corre los partidos gastarán cuatro mil cincuenta y nueve millones de pesos. De haberse aprobado la reducción del 50% que se propone, lo cual ya no es posible para el presente ejercicio, se tendría un ahorro superior a los dos mil veintinueve millones de pesos. ¿Cuántas escuelas podrían mejorarse con esos recursos? ¿cuántos programas sociales podrían financiarse? 

Volteando hacia atrás, desde que se implementó constitucionalmente el actual sistema de financiamiento público, es decir durante los últimos veintiún años, de 1997 a 2017, los partidos políticos en su conjunto han consumido la friolera de sesenta y seis mil setecientos nueve millones, ciento ochenta y siete mil novecientos setenta y ocho pesos con 97 centavos, solo de recursos federales.

A esa cifra habrá que sumarle las partidas  entregadas a los partidos en cada una de las treinta y dos entidades federativas del país, que solo en 2017 ascenderán a 4 mil 246 millones de pesos, según la información publicada en las páginas electrónicas de los institutos electorales locales. Sinaloa participa en esta última cifra con doscientos veintidós millones de pesos.

Pero todo eso corresponde solo al gasto de los partidos, faltaría agregar los presupuestos de operación del INE y de los treinta y dos institutos electorales locales, el ejercido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con su Sala Superior y sus cinco Salas Regionales, y el de los treinta y dos tribunales electorales de los estados. 

Nuestros legisladores prometieron en 2014, al aprobar la reforma constitucional que centralizó el sistema electoral, que el gasto en este rubro se vería reducido, pero no fue cierto. Si acaso se mantuvo rondando los cuatro mil millones de pesos entre ese año y el presente, sin contar que en varios estados se incrementó el gasto local, al verse obligados a incluir en sus leyes electorales la fórmula de cálculo del financiamiento establecida en el artículo 41 constitucional y en la Ley General de Partidos Políticos.

Pero, ¿se puede reducir el financiamiento de los partidos políticos? La buena noticia es que sí se puede, nada más que la llave para hacerlo la tienen los legisladores federales, que por regla general representan los intereses de los partidos políticos en el Congreso. Esa llave es una nueva reforma al artículo 41 de la Constitución federal, con la que se modifique la fórmula para su determinación, como lo proponen los gobernadores, el senador y los diputados mencionados en líneas anteriores.

En este sentido se pronunció también Luis Carlos Ugalde, quien fue presidente del extinto IFE y dirige ahora Integralia Consultores, en un artículo que tituló “5 modalidades para reducir el financiamiento a partidos”, en la que propone:

1. Cambiar la fórmula del financiamiento para actividades ordinarias de los partidos, reduciendo a la mitad uno de los elementos de la fórmula, el número de salarios mínimos, ahora expresados en UMA’s (Unidad de Medida y Actualización).

2. Eliminar de la fórmula el elemento “padrón electoral” y sustituirlo con la lista nominal, que es menor en 1.2 millones de personas, con lo que se alcanzaría una disminución marginal de menos de cincuenta y ocho millones de pesos en 2017.

3. Incluir en la fórmula, en lugar de padrón o lista nominal, el número de votantes de la última elección, con lo que podría lograrse una disminución de entre el cuarenta y el cincuenta por ciento, lo que nuestra opinión representaría el fin del pluripartidismo, sin prejuzgar si ello sería positivo o negativo para nuestra democracia, pues conduciría más rápidamente a un sistema bipartidista o tripartidista.

4. Reducir la prerrogativa de tiempos oficiales gratuitos para difundir la propaganda de los partidos, con lo que el gobierno federal podría reducir su gasto en este rubro, al utilizar el tiempo que se retire a los partidos; y 

5. Reducir el financiamiento de los partidos en el ámbito estatal, ya sea por la mera modificación de la fórmula prevista en la Constitución federal, o dejando en libertad a las entidades federativas para establecer sus propias fórmulas en la legislación local.

A las propuestas de Ugalde agregaríamos una más, que se refiere a una iniciativa ya presentada en el Congreso del Estado: que se elimine el Financiamiento Municipal previsto en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.

Por cierto, la suma de recursos federales y estatales que durante este joven año recibirán los partidos políticos, asciende a 8 mil 305 millones de pesos, en la que la federación y el conjunto de los estados participan casi por partes iguales.