07/23/2026 10:51:00 a. m.
Jorge Iván "N", exministerio público de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), fue detenido en la Ciudad de México y vinculado a proceso como el presunto líder de una banda dedicada al secuestro, la extorsión y los cateos simulados.
La organización amparaba sus crímenes en la posición de Jorge Iván "N", quien presuntamente fabricaba carpetas de investigación y usaba papelería apócrifa para ir tras objetivos con alto poder adquisitivo.
Las investigaciones detallan que el pasado 12 de junio la banda montó un operativo falso dentro de una empresa ubicada en el municipio de Colón, Querétaro.
Simulando ejecutar una orden de aprehensión y de cateo, el grupo sometió a los empleados, robó cerca de 800 mil pesos en efectivo y equipo de cómputo, además de privar de la libertad a una empresaria.
La víctima fue trasladada por Hidalgo y el Estado de México hasta llegar a la Ciudad de México, donde la mantuvieron en cautiverio mientras exigían un rescate de 60 millones de pesos.
Gracias a un operativo de inteligencia coordinado entre autoridades federales y la policía de Querétaro, la mujer fue rescatada sin que se realizara un solo disparo.
La caída de la red criminal comenzó el mismo día del secuestro; en San Juan del Río, Querétaro, cayeron José Ricardo "N", Jorge Brithwaldo "N" y Luis "N".
Posteriormente, las autoridades arrestaron a Elizabeth Alejandra "N", Adán "N", Roberto "N" y Óscar Gabriel "N", a quienes les aseguraron documentación apócrifa utilizada para simular las diligencias ministeriales.
El seguimiento de inteligencia permitió ubicar a Jorge Iván "N", quien se encontraba prófugo, en las calles de la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX, donde finalmente fue arrestado.
La capacidad del grupo para desplazarse amparados por insignias y supuestos mandamientos judiciales les permitió extender sus delitos a lo largo del país.
La FGR indaga su posible participación en hechos similares en Sinaloa (con foco en Mazatlán), Querétaro, Estado de México, Tamaulipas, Morelos, Sonora, Baja California (Tijuana) y Chiapas.
Tras las detenciones, la Fiscalía General de la República (FGR) reiteró su política de cero tolerancia ante la corrupción de servidores públicos, al tiempo que mantiene las investigaciones abiertas para determinar si la banda acumula más víctimas en las entidades donde operaba.
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