12/11/2025 11:31:00 a. m.
El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó recientemente la nueva Ley General de Aguas, que establece un marco legal más estricto y centralizado para la gestión del recurso hídrico en México, y que ha generado preocupación entre agricultores comerciales por sus posibles efectos en la producción y comercialización de granos como el maíz.
El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur (AARFS), Luis Xavier Zazueta Ibarra, confirmó que el decreto ya fue oficializado y que, tras las mesas de diálogo con legisladores y dependencias federales, se logró proteger el vínculo legal entre tierra y agua, una de las principales exigencias del sector.
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"Hoy en la mañana quedó ya oficializado en el Diario Oficial de la Federación. No le vemos mayor tema a nosotros aquí en Sinaloa. Las modificaciones que se hicieron resolvieron lo que veíamos como peligro", señaló.
La primera versión de la iniciativa representaba un riesgo grave para el campo, pues permitía que la concesión de agua no permaneciera ligada a la propiedad, lo que podía disminuir drásticamente el valor productivo y comercial de las parcelas.
"Nuestra preocupación era que, a la hora de transferir la propiedad de la tierra, no viniera amarrada con la concesión del agua. Ahí se hubiera perdido totalmente la certidumbre que te da tener la tierra con su concesión", afirmó.
Tras la presión de agricultores de todo el país y los análisis técnicos entregados en el Senado, la redacción se corrigió.
"Eso sí se modificó y llegó sin mayor tema a la hora de votarse en la Cámara. Para nosotros en Sinaloa nos da tranquilidad, y en gran parte del país también. Ese era el mayor tema y quedó resuelto", dijo.
Aunque el sector agrícola defendió la permanencia del binomio tierra–agua, aseguró que sí están de acuerdo con que la ley sancione a quienes comercialicen o usen indebidamente el agua, al tratarse de un recurso nacional.
Agregó que las leyes deben aplicarse con claridad y sin ambigüedades, pues cualquier interpretación incorrecta podría generar conflictos sobre tenencia, herencias o transmisiones de derechos de riego.
Además, señaló que el país requiere un mayor ordenamiento y regulación del uso del agua, especialmente en actividades agrícolas estratégicas.