Potencial conflicto en el Congreso

“Cuidado con el hombre que habla de poner las cosas en orden.... Poner las cosas en orden siempre significa poner las cosas bajo su control”. Denis Diderot

El próximo martes 1º de octubre dará inicio el segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, con una perspectiva de continuidad en los conflictos que tradicionalmente impulsa la oposición para dar la impresión ante la sociedad de que defienden la legalidad y la razón; y al mismo tiempo exhibir al grupo mayoritario como abusivo y autoritario frente a la pobre oposición.

Durante el primer año de ejercicio las tomas de tribuna se ubicaron en los linderos de la violencia, para evitar mediante el chantaje y la amenaza la discusión de un tema que afecta el interés de un partido o al menos de una de sus organizaciones; finalmente prevalecieron la prudencia y la cordura, pero se dio paso a los intentos pueriles e infructuosos de judicialización, que pusieron en evidencia la incapacidad de los acusadores para resolver los asuntos por la vía de la negociación parlamentaria.

Luego vino el abandono de sesiones como estrategia para evitar la discusión, esencia del parlamentarismo, y la toma de decisiones que no convenían a los grupos minoritarios, poniendo de manifiesto que su interés principal no es el trabajo legislativo, la actuación parlamentaria o la negociación democrática, sino la imposición a pesar de no contar con la suficiente representación popular.  

Desde el inicio de la legislatura, el líder parlamentario del PRI, Sergio Jacobo, se fijó como objetivo evidenciar las reales o supuestas deficiencias en la conducción de la mesa directiva a cargo de su paisano Marco César Almaral del PT.

Semanas antes del inicio del segundo año de ejercicio, Jacobo Gutiérrez emprendió su campaña mediática para lograr, ahora sí, la presidencia de la mesa directiva, pero no ha hecho el más mínimo intento de iniciar una negociación con el grupo mayoritario para lograrlo, como en su momento atajó la diputada Graciela Dominguez, coordinadora parlamentaria de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política, al señalar que Jacobo Gutiérrez demanda que la presidencia de la mesa directiva para el PRI sin exponer argumento legal alguno, pero lo hace de manera autoritaria, sin el menor deseo del diálogo.

Al parecer el coordinador priista aspira a concesiones gratuitas, sin asumir compromiso alguno de frente al trabajo parlamentario, ni dejar explícito que aportaría a la conducción del Poder Legislativo. Seguramente el grupo mayoritario esté previendo que de ceder la presidencia para un o una diputada priista, Jacobo Gutiérrez lo exaltará como triunfo en demérito de Morena.

Entre sus argumentos Sergio Jacobo acusa que no hay congruencia democrática en el grupo parlamentario de Morena, porque en su momento el PRI respetó el peso específico de cada grupo, y permitió que el PAN y el PAS presidieran la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Sin embargo, por muy fino que parezca, el argumento no es más que un engaño, porque las condiciones políticas de aquellos momentos eran distintas; el PRI tenía la mayoría en el Congreso y también la titularidad del Poder Ejecutivo; hoy mantiene esa titularidad y solo el veinte por ciento de la representación legislativa, por eso busca para su partido el control total del Poder en el Estado. Sin duda bien pensado, pero mal operado.

Quizá pueda tildarse esa actitud como poco ética, pues implica lograr el Poder para la minoría, lo que sí representa una incongruencia democrática, pero en política de lo que se trata es de obtener y ejercer a toda costa el Poder; es decir que la actitud de Sergio Jacobo pudiera tener una justificación política válida, como válida es la justificación del grupo parlamentario de Morena al defender el ejercicio del Poder que le da su mayoría.

Otro argumento del coordinador priista se refiere a que en legislaturas pasadas fue práctica legislativa que la primera minoría ocupara la presidencia de la Mesa Directiva, pero al mismo tiempo reconoce que la Ley Orgánica del Congreso no lo señala como obligación. También ha dicho que la coalición ganadora preside la Junta de Coordinación Política, la Diputación Permanente y ha presidido durante el primer año la mesa directiva, pretendiendo ignorar que la prohibición legal se refiere a un mismo partido, y que figura de la coalición tiene existencia únicamente durante el proceso electoral, y una vez integrados los diputados electos al Congreso, cada partido integra su propio grupo, como sucedió el año pasado.

Fiel a su personalidad Sergio Jacobo se apartó del camino de la negociación, a pesar de que no tiene posibilidad alguna de reunir los veintisiete votos que se requieren para la elección de la presidencia de la mesa directiva. Y él mismo pudiera apostar a que Morena tendrá problemas para reunir las dos terceras partes de la votación, pero no debe olvidarse que en la medida que se acerca el 2021 los diputados se sienten más cerca de una eventual postulación para diputado federal, para la presidencia de su municipio o al menos para la reelección, lo que únicamente pueden lograr con disciplina hacia su partido, elemento que sumado a los precedentes recientes, podría compactar ahora sí al grupo morenista.

Lo único cierto es que ningún diputado de Morena puede presidir la mesa directiva, porque la disposición del artículo 37 de la Ley Orgánica legal es tajante: ningún grupo parlamentario podrá presidir simultáneamente la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva.

Tampoco pueden presidirla el mismo Sergio Jacobo, Jorge Villalobos y Eleno Flores, pues el artículo 36 de la Ley establece que no pueden ser parte de la Mesa Directiva los coordinadores parlamentarios.

Quedan pues, en ese orden, siete aspirantes del grupo parlamentario del PRI, encabezados por las experimentadas diputadas Gloria Himelda Félix, Lupita Iribe, Ana Cecilia Moreno, Mónica López y Faustino Hernández, sin demérito de los restantes. El Partido del Trabajo tiene al tristemente polémico Mario Rafael González, cuya personalidad raya en lo violento es totalmente opuesta al perfil de la presidencia, y al aún presidente Marco César Almaral, quien puede ser reelecto. En el PAN ya levantó la mano Roxana Rubio, y en el PAS Angélica Díaz.