“Trabajamos en cumplir con todo lo que nos pide la Federación, el Estado y el Municipio”: GPO

Topolobampo, Sin.- Ante la suspensión de la planta de amoniaco de Topolobampo, por un juez federal, el director de Proyectos de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) aseguró que como compañía trabajan arduamente, para cumplir, incluso, con más de los requerimientos solicitados por los tres entes de gobierno, para dar una mayor certidumbre a la población de que el proyecto es benéfico, para el desarrollo económico del noroeste del país.

Víctor Hugo Vaca Cuéllar precisó que es actualmente el Poder Judicial de la Federación, el que deberá decidir sobre la continuidad del proyecta, mediante la desactivación de dos suspensiones definitivas que actualmente están vigentes, para que se continúe con la tramitología que permitiría la operación de la planta en el puerto de Topolobampo.

“Seguimos trabajando arduamente, cumpliendo en realidad con toda la normativa, con todo lo que nos pide la Federación, el Estado y el Municipio, pero, como ustedes saben, ahora tenemos algunos amparos con dos suspensiones definitivas, que son las que prácticamente ahora nos detienen todo el proceso, entonces estamos esperando que, pues estas suspensiones sean desactivadas, es entonces el Poder Judicial el que actualmente tiene que decidir. Nosotros, definitivamente, hemos presentado, pues todas las evidencias en temas sociales. Igualmente, hemos presentado todos los temas, todos los estudios ambientales que estamos haciendo que van más allá de las condicionantes que nos piden las autoridades, como, por ejemplo, el saneamiento de la bahía de Ohuira”, dijo.

En ese sentido, Vaca Cuéllar refirió que hasta ahora, GPO ha invertido alrededor de 120 millones de dólares en el proyecto, a decir, en temas de edificios, carreteras; así como también un total de 20 millones de pesos en obras sociales, como, por ejemplo, infraestructura escolar, deportiva, etcétera.

Agregó que pese al panorama, los encargados del proyecto continúan en la dinámica de seguir convenciendo a los inversionistas europeos de que la planta de Topolobampo es un proyecto que tiene certeza jurídica, para sus intereses como personas de negocios y que no decidan retirarse de Sinaloa y del país, por el bloqueo que han recibido.

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