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Reviven “jueves negro” durante comparecencia de Secretario de Seguridad Pública

El secretario argumentó que la investigación la está llevando a cabo la FGR, y precisó que se ha logrado recapturar a 3 de los 50 reos fugados del Penal de Aguaruto el 17 de octubre.

Reviven “jueves negro” durante comparecencia de Secretario de Seguridad Pública

FOTO: Fernanda García.

Culiacán, Sin.- Durante la comparecencia del secretario de seguridad pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, revivió el “jueves negro”, pues los diputados cuestionaron lo sucedido el 17 de octubre del año pasado con el fallido operativo para capturar al hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ovidio Guzmán, y el hecho de que las autoridades estatales no hayan estado informadas. 

Quien puso el tema sobre la mesa fue la diputada morenista, Mariana Rojo Sánchez, quien exigió las verdaderas cifras de aquel suceso, criticando que no se haya incluido dentro del tercer informe de gobierno de Quirino Ordaz Coppel, argumentando que se le apuesta al olvido. 

“Más allá de las explicaciones que usted y el secretario Durazo nos dieron al día siguiente del desastre, parece ser que pretende usted y el Gobierno Estatal, que nos olvidemos de esos hechos, como si hubiese sido un incidente de tránsito cualquiera, o una escaramuza de barrio; testimonios de vecinos de la mayoría de las colonias y barrios de la ciudad, así como narraciones periodísticas, dan cuenta de cómo brotaban de las colonias jóvenes con armas largas y cortas despojando de vehículos para unirse al ejército de sicarios que asolaban la ciudad”, expresó. 

Como respuesta, el funcionario estatal mencionó que fue difícil saber qué sucedería ese día y que, es la Fiscalía General de la República la que atrajo toda la investigación; a la vez que comunicó que de los 50 reos fugados del Penal de Aguaruto, se ha podido recapturar solamente a 3. 

“El propio señor presidente informó a los medios nacionales e internacionales que el Gobierno del Estado de Sinaloa no estaba enterado, cómo no estábamos enterados, prever algo era sumamente difícil; la investigación la está realizando la Fiscalía General de la República, atrajo toda la investigación incluyendo los homicidios e incluyendo también la fuga del centro penitenciario de Aguaruto, somos respetuosos, hay un marco jurídico adecuado donde tendría que ser para no violentar el debido respeto del proceso a nivel federal”, indicó. 

Durante la comparecencia, Castañeda Camarillo “presumió” la baja en la incidencia delictiva en el territorio sinaloense, indicando que, en 2016 la entidad figuraba en el octavo lugar a nivel nacional con mayor número de delitos, y en 2019 pasó a la posición 28, gracias a que el robo de vehículo disminuyó en un 23%, los homicidios en un 19% y la extorsión en un 46%. 

Ante lo dicho, el coordinador panista, Jorge Villalobos Seañez, argumentó que las cifras siguen siendo elevadas y que la percepción ciudadana de la inseguridad es mala, por lo que dijo, se necesita cambiar de estrategia. 

“Siguen siendo muy elevados estos índices, aun cuando se quiera decir que se ha venido reduciendo, cómo usted mencionó en su intervención, en los hechos el estado queda mucho a deber a la población, dado que los índices delictivos son contundentes y crueles; se requiere de una estrategia integral”, dijo. 

A nombre de la bancada priista, Guadalupe Iribe Gascón, reconoció que, si bien, se pueden destacar los logros de la actual administración, resulta urgente fortalecer a las policías estatales y municipales. 

“En materia de seguridad pública hay logros de gran relevancia, pero no podemos ni debemos caer en autocomplacencia, necesitamos trabajar con más ahínco en la coordinación de las corporaciones y en la capacitación profesional, necesitamos policías estatales y municipales en corporaciones cada vez más estructuradas de manera homogénea”, indicó.

En la comparecencia, también se habló sobre el déficit de policías, en el que el secretario de seguridad pública refirió un alza de 46% de nuevos elementos incorporados a la Policía Estatal Preventiva, además de el ataque a las cámaras de video vigilancia y la gestión de 50 millones de pesos ante el Gobierno Federal para poder comprar más patrullas.

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