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Con reasignaciones, diputados podrían ser sancionados, advierte Gobierno
Los legisladores que avalaron la reasignación de mil 663 mdp no siguieron diversas disposiciones legales y constitucionales, lo que podría causar responsabilidades administrativas, resarcitorias y penales, señalan las observaciones entregadas al Congreso.
Culiacán, Sin.- Con las reasignaciones en el presupuesto de mil 663 millones de pesos, los diputados que lo avalaron no observaron diversas disposiciones legales y constitucionales que marcan que los recursos federales, los convenios y los pari passus no pueden ser redireccionados a otras áreas, pues de hacerse así, podrían incurrir en responsabilidades administrativas, resarcitorias y hasta penales, advierte el Gobierno Estatal.
En el documento de las observaciones que entregó el Ejecutivo al vetar y regresar el presupuesto al Legislativo, se argumenta que no hay fundamento ni motivo válido para hacer las reasignaciones y tampoco para etiquetar el dinero excedente que se pueda recaudar este año, por encima de los mil 350 mdp.
En primer término, se indica que se aprobó una indebida reducción de 128 mdp al secretariado ejecutivo del consejo estatal de seguridad pública, dinero proveniente del ramo 33, que según la Ley de Coordinación Fiscal debe utilizarse en la profesionalización, percepciones y equipamiento de los elementos de seguridad; en ese mismo sentido, también se señalan 14 mdp del fondo de aportaciones para la infraestructura social, el cual debe enfocarse al financiamiento de obras y acciones sociales para la población en pobreza extrema.
De insistir en no reparar las afectaciones en los montos que no pueden ser desviados, los legisladores estarían cayendo en una ilegalidad, la cual tendría que ser determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirma el coordinador panista en el Congreso, Jorge Villalobos Seañez.
“En caso de que se insista disponer de esas partidas, pues evidentemente sí hay sanciones para los legisladores que insistan en ese tema porque no puedes disponer de una bolsa cuando la ley te dice que esas partidas no se deben de tocar o no se deben de asignar negativamente, el poder Legislativo, en este caso los diputados no pueden mover las partidas que ya se encuentran comprometidas, en este caso el FAS, el FAIS, los convenios de pari passu, porque si lo hacen están contraviniendo la propia Ley de Coordinación Fiscal”, dijo.
En lo que a los pari passus respecta, que es cuando la federación aporta una parte de la inversión en los proyectos y el estado otra, el Ejecutivo refiere que se quiere recortar 114 mdp en detrimento a los servicios educativos con menos becas Pronabe, el colapso del ICATSIN, un grave impacto al alcantarillado y saneamiento del agua mediante Ceapas, así como la merma al desarrollo sustentable, pesquero y económico.
Asimismo, se objeta que se quieran mover los montos de convenios entre el estado y la federación, tal y como el que se tiene con la Secretaría de la Defensa Nacional, pues en caso de disminuirse 100 mdp no se podría mantener al personal militar en el territorio, además de que hay inconformidad con una reducción de más de 27 mdp convenidos con Capufe para el mantenimiento de carreteras, así como de 9 mdp con la comisión nacional de pueblos indígenas, mismos que ni siquiera están disponibles, pues no hay firmado todavía un acuerdo específico para su llegada.
También se acusa que se están quitando 600 mdp de los ingresos de la autopista Benito Juárez y del puente San Miguel, los cuales se contemplan para el pago de una deuda con Banobras, y se alega que, los 600 mdp y los 150 mdp reasignados a la homologación del salario de los trabajadores del sector salud y el programa de homologación de aguinaldos de los miembros de la sección 57 del SNTE, debe aportarlos el Gobierno de la República.
Finalmente, bajo el argumento de que, además de violarse la ley, se puede generar el descontento social al crear elevadas expectativas públicas etiquetando asignaciones millonarias con dinero que podría no existir a manera de excedentes en recaudación, se objeta que los ingresos extraordinarios que puedan captarse sonde libre disposición y pueden utilizarse en amortización anticipada de deuda, pago de sentencias, así como es posible destinarlo a la aportación a fondos para desastres naturales y de pensiones.
