Política
Defenderán morenistas Ley de Austeridad Republicana
El dictamen podría someterse a discusión de los diputados el jueves de esta semana, informó Yadira Santiago Marcos.
Culiacán, Sin.- Sabiendo que la Ley de Austeridad Republicana va a generar mucho de que hablar entre los partidos que hoy son la oposición, los legisladores morenistas la van a defender con argumentos sólidos, señaló la coordinadora de la bancada sinaloense en la Cámara de Diputados, Yadira Santiago Marcos.
Al comunicar que el dictamen podría someterse a discusión el próximo jueves de esta semana, y que la finalidad del mismo es acabar con los elevados gastos del aparato gubernamental, Santiago Marcos se dijo consciente de que la ley podría ser impugnada al igual que la de remuneraciones de los servidores públicos, por parte de quienes argumentó, se niegan a perder sus privilegios.
“Hay riesgo para todo, pero los ciudadanos nos tenemos que imponer, los ciudadanos tenemos que exigir y si por ejemplo, en el caso de estas personas que no quieren perder sus privilegios, sino están cómodos aquí en gobierno, pues que le busquen en el sector privado, que hagan sus propios negocios, pero que no sigan agarrando dinero y todavía quejándose de que ganan poco, eso la verdad es como darle una bofetada al mexicano, porque mientras que el salario mínimo está en 88 pesos, ellos ganan 600 mil pesos”, expresó.
La diputada federal de Morena recordó que la Ley de Austeridad Republicana tiene el fin de establecer los principios para que se desarrollen administraciones más eficaces, evitar el derroche de los recursos públicos y combatir la desigualdad social.
Toda vez que sea aprobada, tendrán que sujetarse a ella los servidores públicos de los 3 niveles de gobierno, las dependencias, los 3 poderes de gobierno y también los órganos constitucionales y autónomos.
Entre los puntos centrales está la eliminación de los pagos de seguros de gastos médicos y de vida, evitar el engrosamiento del aparato burocrático, es decir que no haya más plazas; restringir el uso de escoltas de seguridad y también de asesores, limitar el uso de vehículos propiedad del estado, disminuir el gasto en propaganda oficial, evitar traslados en primera clase, así como prohibir la aparición de fideicomisos.
