Violencia política de género

Con mucha frecuencia y en ocasiones con cierta sorpresa, los individuos del género masculino de mi generación escuchamos conceptos como violencia sicológica o violencia económica de género, sobre los cuales requerimos alguna explicación, porque en nuestro tiempo la única violencia reconocida y además socialmente aceptada era la física, es decir, los golpes que el marido propinaba a la mujer.

Personalmente nunca consideré como normal que se requiriera la agresión material para orientar o corregir el rumbo de una relación de pareja, porque en los hechos implica el sometimiento forzoso de una persona, eliminando su voluntad, su propio ser. En otras palabras, es inhumano.

Cuando en la escena social apareció el término “violencia política”, me fue más difícil comprenderlo, pero a fuerza de convivir en familia, en el trabajo y en otros espacios con mujeres interesadas en participar en la conducción de las instituciones y en general en la vida pública, al observar cómo eran desplazadas por individuos de mi género con los mismos o menos merecimientos, he ido poco a poco comprendiendo.

La violencia política de género no es otra cosa que el conjunto de artimañas que se utilizan en los partidos políticos e instituciones públicas, para impedir que las mujeres tengan acceso al ejercicio pleno de sus derechos político electorales.

Históricamente la mujer ha sido marginada de la vida pública, pero poco a poco ha venido ganando espacios. En tiempos no muy remotos no se reconocía a la mujer el más mínimo derecho ciudadano; no se le permitía votar y mucho menos registrarse como candidata a puestos de elección popular.

Por mucho tiempo el derecho de postulación se mantuvo restringido a cuotas de género que, manejadas por hombres, se convertían en obstáculos para el acceso de las mujeres a los cargos. Éstas solo podía aspirar al 30 o 40 por ciento de las candidaturas en juego, pues una de las formas de violencia política era enviarlas como candidatas a municipios y distritos en los que los partidos no tenían posibilidad de ganar.

En el año 2009, ocho diputadas electas postuladas por sus partidos para simular que se cubría la cuota de género, fueron obligadas a renunciar para que sus suplentes varones tuvieran acceso al cargo. Ellas fueron bautizadas como “juanitas” por la similitud de sus casos con el de Rafael Acosta, “Juanito”, quien como candidato del PT a la Jefatura Delegacional de Iztapalapa en ese mismo año, en evidente fraude a la ley prometió públicamente a Andrés Manuel López Obrador que luego de obtener el triunfo renunciaría al cargo, para permitir que la Asamblea Legislativa designara como sustituta a la protegida del Peje, Clara Brugada.

La reforma electoral de 2014 tuvo entre sus pocos méritos el establecer el principio de paridad de género, que implica la obligación de los partidos políticos de postular el 50 por ciento de las candidaturas para cada género. Esto vino a sumarse a la alternancia en las listas de candidatos a senadores y diputados federales, luego extendida a diputados locales y regidores por el principio de representación proporcional; así como a la suplencia del mismo género en candidaturas, que evita el fenómeno de las “juanitas”.

Esa reforma, que en el tema fue producto de la constante lucha de las mujeres, se tradujo en la construcción de una nueva cultura electoral de género. Sin embargo, no todos los actores políticos están imbuidos de ese espíritu transformador. La violencia política de género persiste, y se expresa en los recientes y brutales asesinatos de candidatas en Guerrero y Michoacán.

Pero no es el asesinato la única forma de violencia política de género que prevalece. Hace unos días en Sinaloa, el diputado local y Secretario de Organización del CEN del PVEM, Misael Sánchez Sánchez incurrió en ella, en un vano intento de conculcar el derecho de la candidata registrada en segundo lugar de la lista de aspirantes a diputados por el principio de representación proporcional, Karina Olivas Parra.

El ahora candidato a diputado federal por la vía plurinominal, solicitó licencia para separarse del cargo y, ante la inexistencia de suplente que le renunció antes de la elección de 2016 sin tiempo para sustituirlo, pretendió sorprender al Congreso del Estado y violar la Constitución de Sinaloa, al proponer que su sustituto fuera un individuo del género masculino, “a fin de respetar los criterios de paridad”. El extremo de la misoginia y la desvergüenza fue solicitar al Congreso que la posición vacante se asignara a un individuo que ni siquiera fue electo.

La malsana intención fue frustrada gracias a la valiente postura de Olivas Parra, quien defendió su derecho y de paso advirtió al Congreso sobre la trampa en que Misael Sánchez le estaba tendiendo. El misógino diputado prefirió entonces “regresar al cumplimiento del deber” para el que fue electo, reintegrándose al Congreso, a cuyas sesiones ha asistido en un porcentaje menor al 50%, como puede usted constatarlo en el Diario de los Debates de esta Legislatura.

Este diputado “sinaloense” nacido en Tlalnepantla y con  domicilio en la ciudad de México, quiere ahora “representarnos” en la Cámara de Diputados.

Usted ¿qué opina?