Tercer País Seguro y Plan CEPAL

“En política nada sucede por accidente, si esto sucede usted puede apostar que fue planeado de esa manera”: Franklin D. Roosvelt.

A mediados de mayo de 2018, aún bajo el gobierno de Peña Nieto, The New York Times publicó una nota titulada “EE. UU. quiere que México se encargue de los migrantes en busca de asilo”, en la que dio cuenta de que el gobierno de Trump había iniciado conversaciones con el gobierno mexicano, para impulsar un acuerdo bilateral que, de lograrse, convertiría a México en un “tercer país seguro“.

El entonces Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, dijo que no había condiciones para establecer ese nuevo mecanismo de cooperación. Su contraparte estadounidense pareció entender que en plenas campañas electorales y a solo mes y medio de la elección presidencial en México, ningún funcionario o candidato se atrevería a aceptar un compromiso de tal envergadura. ¿O sí?

El Derecho Internacional considera como “tercer país seguro” aquél en el que el solicitante de asilo ha estado antes de llegar al país de acogida, es decir la sala de espera del migrante que pretende ingresar legalmente a un país que no es el de su origen. En otras palabras, el país al que el migrante pretende ingresar legalmente puede negarse a recibirlo y remitirlo a un tercer país que considere que puede darle las mismas atenciones.

Por ello, conforme a la Convención de Ginebra de 1951, el tercer país se considera seguro porque puede ofrecer garantías suficientes a los migrantes de que habrán de protegerse sus derechos humanos, entre otros el de respetar el principio de no devolución, que significa la renuncia a deportar a esos migrantes que han solicitado asilo en otro país.

Con esa medida que ya se había implementado con Canadá y de la que muchos mexicanos resultaron beneficiados, se esperaba reducir sustancialmente el número de personas solicitantes de asilo en los Estados Unidos, al mismo tiempo que se endosaría a México la responsabilidad de su cuidado y el costo financiero que conlleva.

Pero en realidad esa figura no es suficiente para reducir los flujos migratorios, porque atiende única y exclusivamente a la migración legal que es menor que la migración ilegal.

De acuerdo al informe del año 2018 del Departamento de Seguridad Nacional norteamericano, 264 mil inmigrantes obtuvieron su residencia legal durante el primer semestre de ese año, mediante las vías tradicionales como obtener un tarjeta de residencia a través de un familiar inmediato que es ciudadano de Estados Unidos (44%); hacerse de una tarjeta de residencia por pertenecer a una categoría de preferencia familiar (18%); mediante petición de refugio y asilo (17%) y otras.

En cuanto al número de migrantes ilegales o indocumentados no existe una estadística confiable, pero se estima que de los 49 millones de inmigrantes que residen en los Estados Unidos, al menos 11 millones (22.45%) ingresaron ilegalmente.

Por ello no puede esperarse que convertir a México en tercer país seguro sea la solución al problema migratorio del continente, pues se trata únicamente de la distribución de la carga que soportaba un solo país –Estados Unidos- y que sería ahora compartida con Canadá y México.

Tampoco puede presumirse como triunfo de la reciente negociación para desactivar la amenaza de aranceles, el no haber aceptado convertir al nuestro en un tercer país seguro, porque los efectos de compartir la carga social y económica si se aceptaron, y además se admitió que nuestro vecino del norte ejerza la vigilancia y calificación de la tarea de contención y atención de los migrantes, o lo que es lo mismo, la amenaza de aranceles se difirió, pero no se desactivó. A qué costo?, aún no lo sabemos, como tampoco sabemos de dónde saldrán los recursos para cumplir el Acuerdo, porque el Presidente de la República se dice “dueño de su silencio”, en franca violación del artículo 6º constitucional, y tiene fe en que “donde come uno, comen millones”, como lo afirmó en su mañanera.  

¿Puede ser México un país seguro para los migrantes? Cualquier mexicano tiene la respuesta pronta. Las organizaciones defensores de los migrantes y activistas de derechos humanos afirman que nuestro gobierno no está preparado para atender el alto número de peticiones de asilo que resultaría de un acuerdo de este tipo; además de que el incremento que los índices delictivos en el primer semestre del sexenio, la debilidad de las fuerzas de seguridad frente al crimen organizado y los delitos comunes, las deficiencias de nuestro sistema judicial, las advertencias de baja en la calificación crediticia, la caída de la recaudación, la incertidumbre económica y otros factores, no permiten ver a México como un lugar seguro, ni siquiera para migrantes en tránsito, mucho menos para los miles que buscan quedarse o que serán devueltos de los Estados Unidos, tanto para esperar la respuesta a sus solicitudes de asilo, como por ser simples deportados por ingreso legal. Todos ellos nacionales o no, llegarán a México.

La problemática de la migración llegó para quedarse y deberemos lidiar con ella en el corto y mediano plazo, sin descuidar la búsqueda de una solución de largo plazo. En ese sentido el gobierno de López Obrador ya dio el primer paso al solicitar a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la elaboración de un proyecto integrador y de abatimiento a la pobreza en la zona que ahora lidera la expulsión de migrantes.

La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, presentó ya el Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y México, con 30 recomendaciones en cuatro ejes programáticos que abarcan desarrollo económico, bienestar social, sustentabilidad ambiental y gestión integral del ciclo migratorio, todo enfocado en la seguridad humana, no en la seguridad nacional. Es hora de integrar en la solución a los gobiernos que ahora son parte del problema, y de paso reasumir el antiguo liderazgo de México en la región.