Tenencia, presupuesto y refrendo

El proceso electoral es uno de los momentos de la vida institucional en que los dirigentes y militantes de los partidos de oposición, pero como nadie sus legisladores, agudizan la imaginación para plantear iniciativas y problemas de difícil solución, con el único fin de desacreditar al gobierno en turno y al partido del que éste emanó.

La oposición legislativa juega en las democracias modernas un papel relevante en el equilibrio del poder, pues es su voz y la de las organizaciones ciudadanas la que convierte los recintos legislativos en cajas de resonancia que los ejecutivos no pueden ignorar. 

En México se ha dado en llamar “oposición responsable” a aquella que impulsa o apoya propuestas sin importar su origen, siempre y cuando impliquen un avance general de la sociedad en el plano político o económico, así como en las condiciones de sana convivencia. 

Desgraciadamente, en los momentos en que se encuentran en juego los cargos de elección popular, el nivel de responsabilidad tiende a minimizarse y se adoptan formas de oposición a ultranza que muchas veces alcanzan grados de perversidad, al dejar de lado el interés común para centrarse exclusivamente en el clientelismo electoral, sin importar que para ello se utilicen mentiras o medias verdades, lo importante es que en el profuso ambiente de descrédito por el que atraviesan los partidos políticos, uno, dos, mil incautos sean engañados y acudan a depositar un voto que les favorezca.

Y el proceso electoral en curso no ha sido la excepción en Sinaloa. Los grupos Parlamentarios de oposición en el Congreso local –PAN, PAS, Morena- y el único diputado del PRD, emprendieron una muy publicitada campaña para derogar en definitiva el Impuesto Sobre Tenencia y uso de vehículos, pero en una postura tan populista como la que le critican a López Obrador, se abstuvieron de explicar a la ciudadanía las consecuencias que esta medida podía tener sobre el presupuesto del Estado y, finalmente, en los bolsillos de los sinaloenses.

No explicaron que con la medida, el presupuesto estatal se reduciría en poco más de 500 millones de pesos, por lo que el gobierno se vería en la necesidad de reducir en la misma proporción la obra pública, los subsidios incluyendo el de la UAS y otras instituciones, o programas sociales, becas incluidas; no explicaron que en la medida en que se reduzcan los ingresos propios del gobierno estatal, como son los que provienen de la tenencia, se reduce también la posibilidad de obtener recursos federales; pero sobre todo no plantearon un mecanismo compensatorio para evitar el desequilibrio de las finanzas estatales.

En su calidad de legisladores -algunos de ellos economistas o politólogos de profesión- están obligados a conocer las consecuencias económicas de una medida como la que plantearon, y no pueden excusarse en la ignorancia, aunque ésta fuera real. 

Desde luego que la inconformidad social no se hizo esperar, sobre todo porque el incremento afectará no solo a quienes pagaban tenencia por poseer vehículos de costo superior a los 250 mil pesos, sino por igual a aquellos que poseen un automóvil o SUV o camioneta de ese precio o inferior. 

En otras palabras, el impuesto desaparece, pero se cambia por un derecho más “igualitario” en el sentido de que alcanzará a todo poseedor de un vehículo, incluyendo a aquellos con antigüedad mayor a diez años, que estaban exentos del pago de tenencia, que no necesariamente es más justo.

Al parecer, los diputados que impulsaron la desaparición del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, pretendieron encerrar al gobierno en un callejón sin salida que lo llevaría en 2018, año de la elección, a una situación de escasez de recursos que le impediría prestar los servicios públicos en forma adecuada, lo que profundizaría el sentimiento anti-sistema y, con ello, restaría votos al PRI; por eso es que el festejo de su “triunfo” duró lo mismo que la euforia de quienes pagan tenencia, es decir, hasta que el último sábado de noviembre se conoció la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, con la que se dieron cuenta que el Gobernador cumplió con toda exactitud la demanda que enarbolaron: eliminar la tenencia como sucede en otros estados de la República, esto es incluyendo el mecanismo compensatorio del ingreso que se utiliza en Durango, Sonora, Chihuahua y otras entidades, que consiste en elevar el costo de los derechos de refrendo, que coloquialmente conocemos como “calca” y que abarca la expedición de una tarjeta de circulación del vehículo.

Ahora los mismos diputados que propusieron la eliminación del impuesto, y ahora también los que integran el Grupo Parlamentario del PRI que no habían dicho “esta boca es mía”, enfrentan una nueva problemática, porque el incremento en el costo del refrendo afectará a los poseedores de vehículos que no pagaban tenencia y beneficiará a los de mayor capacidad económica.

Hay quienes han expresado que la solución estará en que paguen más los que más tienen, que es finalmente lo justo, pero ese esquema obligaría a establecer un porcentaje sobre el valor de los vehículos y no una cuota o cantidad. 

Lo anterior sería posible si se tratara de un impuesto, pero no resulta aplicable a los derechos, pues mientras los impuestos son establecidos por el Estado en función de la renta (ingreso o riqueza), del consumo y del patrimonio del contribuyente, sin darle nada a cambio en forma directa o individual, el derecho es una contraprestación, un “precio” establecido en la ley para los servicios que presta el Estado a cada ciudadano en Particular, de Sinaloa (expedición de actas, licencias, certificaciones, copias, etc.), o por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público como las concesiones en mercados o para el comercio en la vía pública.

Si el costo de un derecho como es el refrendo se sujeta a una tasa o porcentaje sobre el valor de los vehículos, seguramente veremos desfilar las demandas de amparo por las oficinas de gobierno, porque no se puede cobrar más a un ciudadano que a otro por el mismo servicio sin afectar el principio de equidad; aunque no sería la primera vez que un gobierno lo haga, pues basta voltear hacia el Registro Público de la Propiedad para encontrar los ejemplo, ahí se cobra un porcentaje del valor de los bienes para realizar la inscripción de una escritura, o un porcentaje del capital en el caso de las sociedades, lo que no quiere decir que sea legalmente correcto. 

Esperemos que los diputados de la LXII Legislatura se despojen por una vez del populismo electorero y que encuentren una solución justa para todos y que a la vez no afecte el presupuesto del Estado y, con ello, los servicios que éste presta. 

También esperamos que los partidos no olviden su promesa de aportar  recursos para la reconstrucción, y presenten ya y en serio reducir considerablemente los recursos públicos que hasta ahora reciben.