Requiem por el federalismo (Segunda parte)

"La voluntad de los pueblos... será respetada como el dogma                                                                                     

 fundamental de la organización de la república”

Juan Manuel de Rosas

Cuando esta colaboración esté en sus manos, amigo lector, México tendrá un nuevo Presidente en funciones y habrán de disiparse muchas de las dudas que algunos personajes cercanos a él han sembrado sobre el terreno de la Cuarta Transformación, que hasta el primero de diciembre solo conocimos por expresiones generales y pinceladas leves.

Está, por ejemplo, la iniciativa del Senador Ricardo Monreal para regular, reducir o desaparecer algunas comisiones que la banca cobra, y que en muchas ocasiones resultan leoninas para el pequeño ahorrador, que es la mayoría, y fuertemente lesivas para las empresas; pero que en la forma de su operación impactó el valor del Peso y la estabilidad de la Bolsa de Valores.

En la siembra de dudas participó también con su costal de simiente, ésta si  antifederalista, el Senador Félix Salgado Macedonio, quien al más puro estilo Fernández Noroñista o Taibista pretendió revivir prácticas centralistas del pasado, que no se ejercen desde el gobierno de Salinas de Gortari, advirtiendo a los gobernadores la posibilidad de que el Senado declare la desaparición de poderes en sus estados, en caso de que no acaten las leyes o no se apeguen a las políticas del nuevo gobierno.

Para nadie es un secreto que lograr la transformación profunda del sistema político  requiere de un liderazgo fuerte, que en nuestro entorno político significa algo más que una amplia legitimidad electoral.

La ruta correcta hacia la transformación no es la confrontación surgida del odio y el rencor, sino una firme pero razonada e inteligente actitud de autoridad, no de autoritarismo, como lo dio a entender el propio López Obrador en su calidad de Presidente electo, al señalar que su gobierno no perseguiría a corruptos del pasado porque no sería bueno para el País el que nos empantanemos, pues está consciente de que las resistencia de los poderes e intereses fácticos no se haría esperar, buscando la desestabilización.

Al afirmar “no soy un dictador, soy un demócrata, se van a respetar todas las libertades”, el nuevo Presidente envía un mensaje a todos los mexicanos, que debe ser escuchado antes que nadie por su primer círculo, para que puedan actuar en consecuencia. Su gabinete debe tomar nota de que el Presidente ha declarado creer en la división de poderes, al reconocer la independencia de los poderes Judicial y Legislativo; y debe entenderse que también será respetuoso de la Constitución y particularmente del sistema Federal.

Por eso causa extrañeza que su Secretaria de Gobernación, impulse desde el Senado cambios constitucionales que atentan contra los principios establecidos por los constituyentes de 1917. Y extraña aún más que en su calidad de ex Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, manifieste desconocimiento o desprecio por el sentido mismo de la Constitución, que entraña en primer lugar la configuración de poderes públicos limitados, es decir, la necesidad de contar con un Poder Judicial fuerte e independiente que se constituya en fiel guardián de la Constitución, para que garantice los derechos y libertades de los individuos, haga respetar la libertad y la soberanía de las entidades federativas y ejerza a cabalidad su facultad de controlar la constitucionalidad de la legislación.

En sentido contrario, la ex Ministra intentó primero concentrar bajo su futuro mando los medios públicos de comunicación, acción que no mereció el apoyo de sus correligionarios; para luego bajo el argumento de “fortalecer las facultades de las legislaturas locales en materia notarial”, plantear la unificación de los procedimientos y métodos a nivel nacional, o en otras palabras, instruir a esos menores de edad llamados congresos estatales, sobre cómo deben hacerse las cosas desde el enfoque de la centralidad.

Coincido plenamente con Ernesto Villanueva, quien en su artículo de la revista Proceso afirma que no es posible fortalecer las facultades de las legislaturas capturándolas, convirtiéndolas en rehenes de la federación, porque es una aberración jurídica y un atentado a la lógica, a lo que agregaré que es un atentado contra la propia Constitución, particularmente contra su artículo 40.

La iniciativa de Sánchez Cordero, que implica el medio preparatorio para la ya anunciada Ley General del Notariado, va más allá del propósito anunciado, a proteger espacios de interés profesional propio y de sus familiares, inmersos muchos de ellos en la función notarial. Pero tiene también la intención de unificar, además de los procedimientos legislativos, el ejercicio de la fe pública que ahora comparten los notarios con los Corredores Públicos.

Esta es la vía que la Notaria con licencia ha encontrado para dirimir una vieja controversia gremial sin sentido claro. No se advierte en absoluto el interés público.

La pregunta importante es: ¿qué se gana y quién gana con ese planteamiento?, ¿cuánto abona a su nueva tarea, que será evitar la mayor cantidad de conflictos para que el gobierno de López Obrador pueda cumplir sus objetivos?