Reconciliarnos con el pasado

El martes pasado se cumplió el cincuentenario de los fatales acontecimientos de la plaza de Tlatelolco, que a costa de la vida de un número nunca determinado de jóvenes estudiantes, marcaron el fin del movimiento estudiantil mexicano de 1968.

El quincuagésimo aniversario de la masacre de las Tres Culturas se conmemoró por primera vez en un ambiente político de efervescencia prorrogada, luego del triunfo de López Obrador en las urnas, lo que dio la oportunidad a la desarticulada izquierda mexicana para multiplicar el ya icónico grito de "dos de octubre no se olvida".

El grito-consigna de la izquierda resonó desde la histórica plaza en la que se desarrollaron los hechos, hasta los recintos parlamentarios de varios estados, Sinaloa incluido, ahora bajo el control de Morena y sus aliados.

El mismo Presidente electo se sumó a la condena de aquellos lejanos hechos, con lo que suscribió la oficialización de la condena, y nos llevó nuevamente a reflexionar en torno a la reconciliación nacional y a tratar de establecer si lo que queremos los mexicanos es venganza o justicia.

A juzgar por algunas de las expresiones públicas de los asistentes a la sesión de instalación de la LXIII legislatura y en muchos otros foros del país, una gran parte de los compatriotas que impulsaron el triunfo de Andrés Manuel tienen en mente la primera opción, y en su fuero interno se debaten entre convertir a su líder en un nuevo Huitzilopochtli, dios Azteca del Sol y la guerra; o en un Tezcatlipoca, ese dios que da y quita la riqueza, el protector de los esclavos que lleva consigo un espejo de cualidades mágicas del que emana un humo capaz de matar al enemigo.

Nadie puede estar en desacuerdo con que el múltiple asesinato del 2 de octubre debe permanecer en la memoria histórica de México, como hasta ahora, pero por nuestro propio bien debemos dar un sentido positivo a esa permanencia, un sentido práctico y racional; debemos entender que en sí mismo, ese hecho no ha cambiado a México, y sin embargo México no es el mismo de hace cincuenta años, porque el motor del cambio fue la insurgencia estudiantil que despertó las obnubiladas conciencias de cientos o miles de mexicanos, que de múltiples formas enfrentaron al régimen despojándolo de importantes espacios de poder.

La conmemoración cincuentenaria fue ocasión para el desahogo de quienes militamos en la tercera edad, de quienes continuamos gritando como en aquellos tiempos, porque la gran mayoría de los actuales habitantes del país no existían hace 50 años, y solo entraron en conocimiento de esos hechos reprobables participando en los espacios que el movimiento abrió, por ello conocen únicamente una de versión de los hechos. Los de la tercera edad somos a lo sumo el 6.9% de la población.

Con la memoria histórica prevalece la demanda de justicia, por eso se exige de nuevo la integración de una Comisión de la verdad, como aquella instituida hace 25 años bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, que poco o nada abonó al esclarecimiento de los hechos, y como entonces se exige la apertura de archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Gobernación, del entonces Departamento del Distrito Federal y de la Cruz Roja, en los que seguramente no se encontrará nada, simple y sencillamente porque en aquellos tiempos no existía el concepto de información pública como ahora lo conocemos, ni se llevaban archivos de lo que se hacía violando la ley.

Si así hubiera sido, sería ingenuo pensar que habiendo ocupado la Presidencia de la República un personaje señalado como responsable de la mascare, no hubiera ordenado desaparecer todo documento relacionado con los hechos, pues tenía el poder para hacerlo. Y de no haberse ordenado desde la presidencia, lo más seguro es que los gobiernos perredistas del Distrito Federal, incluyendo desde luego el encabezado por Andrés Manuel López Obrador, los hubieran abierto y publicado.

De cualquier manera, constituir, hacer funcional y lograr el objetivo de una comisión de la verdad puede ser signo de una actitud gubernamental democrática, pero en las condiciones actuales no pasaría de ser meramente testimonial, porque después de medio siglo los responsables ya no existen físicamente o no están en condiciones de que los dioses los acepten como ofrenda.

Por otra parte, preguntémonos cuantas comisiones de la verdad se requieren para alumbrar el oscuro pasado de impunidad y corrupción. Aguas Blancas, Acteal, Texcoco, Ayotzinapa, la Casa Blanca, Oderbrecht y un largo etcétera estarían en la muy larga fila.

Y preguntémonos también si logrando el castigo de los responsables individuales quedaremos en paz con nosotros mismos; visualicemos si con ello cesará nuestro afán de venganza, nuestra necesidad histórica de ofrendar una o muchas víctimas.

Preguntémonos también si nuestro sistema jurídico tiene elementos suficientes para aplicar los castigos que los responsables merecen; preguntémonos quién será el juez que los condene, porque con los ánimos caldeados de este momento el único juez válido para muchos será la turba, entendida como el grupo de personas que actúa de manera espontánea y desorganizada, sin norma alguna que atempere su actuación.

Veamos que aún tenemos la opción de reconciliarnos con nuestro pasado, de ver nuestro presente y lanzar la vista hacia un futuro en el que construyamos una nueva sociedad. Aún podemos ver al movimiento estudiantil del 68 y no solo su epílogo sangriento, apreciar la utilidad que ese despertar cívico tuvo para la construcción de nuestra democracia, como lo han tenido cada uno de los acontecimientos negativos que ya mencionamos.

Tenemos la oportunidad de no desgastarnos socialmente, de ver al frente, de apartarnos del pasado que nos frena y de hacer de México el país que imaginamos. No nos sentemos a la vera de la horca o de la hoguera. Ocupémonos en construir el México que imaginamos, porque dentro de algunos años voltearemos y lo único que podremos ver es el México que merecemos.