Primeras decisiones

Aunque la formalidad prevista en el artículo 87 constitucional relativa a la protesta del cargo de Presidente de la República, será satisfecha hasta el 1º de diciembre próximo, fecha en que AMLO se ceñirá –ahora sí legalmente- la banda presidencial, no puede negarse que el nuevo gobierno y sus acciones para arrancar la cuarta transformación de la República ya iniciaron.

Por si el anuncio adelantado de la designación de funcionarios y su activismo público  no fuera suficiente, las declaraciones del propio Presidente electo ratificando o rectificando promesas de campaña, pero sobre todo el inicio de funciones de la legislatura federal, confirman que el nuevo gobierno ya inició.

En las cámaras del Congreso de la Unión, senadores y diputados empezaron muy  temprano a desgastar la considerable cuota de legitimidad que se otorgó a López Obrador el pasado primero de julio. Precozmente hizo su aparición el ala radical importada del antiguo PRD y personificada por Gerardo Fernández Noroña, para confrontar a sus aliados de hace unas semanas, haciendo evidente que su forma de vida política no es la institucionalidad, sino la oposición a ultranza que coquetea con el anarquismo.

Muy pronto se vio obligado a intervenir el futuro primer mandatario para calmar las algaradas entre legisladores, aunque las turbulencias legislativas continuaron sin que pudieran ser contenidas por la vasta experiencia de Ricardo Monreal, Martí Batres, Rocío Nahle, Germán Martínez o de la misma Olga María Sánchez Cordero en el Senado; o por Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado, Dolores Padierna, Pablo Gómez y Tatiana Clouthier en la cámara baja.

El 11 de septiembre se dio otro arrebato, esta vez colectivo, que nos muestra que los legisladores federales morenistas y petistas no han interiorizado el triunfo, no han tomado conciencia de que su papel de oposición terminó y que ahora les corresponde  reflexionar, esto es pensar, analizar sosegadamente lo que tiene que construirse en  y para el país, más que aquello que tendría que ser cambiado, pero no necesariamente destruido, pues no es concebible que para reconstruir un país deba primeramente eliminarse indiscriminadamente todo lo que anteriormente se construyó.  La primera tarea será discernir qué sirve y qué no, visualizando que siempre habrá algo aprovechable.  

Y es apropiado llamar arrebato a la aprobación del punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, para exhortar a las autoridades educativas a suspender de manera inmediata e indefinida la evaluación de profesores prevista en la Ley General del Servicio Profesional Docente, no solo porque tiene apariencia de ignorancia cuando el hacedor de leyes propone no aplicarlas, o porque se anuncia con ese ánimo de destrucción expresado por el líder de la bancada de Morena, Mario Delgado, al expresar que de la reforma educativa no quedará ni una coma; sino porque al contar con la cantidad de votos más que suficiente para su aprobación, se adereza el acto con la toma de la tribuna por diputados de Morena y PT, como en los viejos tiempos en que fueron oposición.

Dos días después el mismo exabrupto llegó al Senado, donde con mayor moderación se exhortó a los titulares de la Secretaría de Educación Pública, del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y de los gobiernos estatales, a suspender la evaluación docente, pero solo el evento programado para realizarse del 3 al 25 de noviembre de este año.

Lo que no es fácil de comprender es que un órgano que tiene el poder para imponer el orden jurídico mediante la emisión de una ley, su reforma, derogación o aprobación, recurre a un instrumento como el punto de acuerdo que no tiene carácter vinculatorio, es decir que no puede ser obligatorio para sus destinatarios; mucho menos cuando se les solicita que dejen de aplicar una ley que el propio solicitante les impuso y que, de obsequiar lo solicitado les haría incurrir en responsabilidad.

Esta rareza legislativa abre la puerta a la especulación en grado superlativo, pues permite interpretar que los legisladores federales tienen mucha prisa por congraciarse con el próximo titular del Ejecutivo, adelantando vísperas y sin pensar que, como tanto lo criticaron desde la oposición, las prisas siempre son sospechosas.

Pero lo peor es que puede pensarse que no hay en los nuevos legisladores, no digamos ya la institucionalidad que es obligada, sino tampoco la seriedad para desempeñar el encargo de reconstruir al país. La prisa expone la ausencia de reflexión y tiene visos de autoritarismo, algo que sinceramente nuestra democracia no necesita.

En sentido opuesto a estas primeras decisiones, la tarea debería ser ampliar la legitimidad del nuevo régimen convenciendo a aquellos que por distintos motivos no se sumaron en la campaña; y esto requiere de actitudes más inteligentes y profundas.

La educación es por muy diversos motivos, desde los productivos, económicos, políticos y culturales hasta los familiares y emocionales, uno de los aspectos más importantes y sensibles del quehacer público; y hasta ahora quienes se oponen a la reforma educativa aprobada en el agonizante sexenio, han centrado la crítica y la han satanizado por un solo motivo, como lo expresó en tribuna la legisladora del PT, Hildelisa González al afirmar que ataca los derechos laborales del magisterio, no impacta la calidad de la educación, ni genera programas de actualización y formación docente, porque es un medio de control de las autoridades y gobiernos en turno.

Esta es una visión corta que antepone los intereses de un gremio al interés de la niñez mexicana; pero sobre todo, que hasta el momento no ha ofrecido una sola propuesta alternativa, no ha dicho qué es lo que se ofrece construir para compensar la destrucción de la reforma.

Dicen por ahí que caminando la carreta se acomodan las calabazas, pero no tenemos por qué esperar a que se nos quiebren, es mejor acomodarlas, y esto les corresponde ahora a los diputados y a los senadores. Afortunadamente, en Sinaloa el futuro legislativo se avizora promisorio, pero de esto hablaremos más adelante.