Precios de garantía no garantizan Soberanía Alimentaria

Para iniciar unos conceptos básicos. Según el diccionario agrícola de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la Soberanía Alimentaria o Autosuficiencia Alimentaria es la capacidad de un país de producir la mayoría de los alimentos que consume. Lo que implica la protección del mercado doméstico o nacional, contra los productos excedentarios que se venden más baratos a nivel internacional o incluso por debajo de los costos de producción, como son los casos de dumping o competencia desleal.

Mientras que la Seguridad Alimentaria tiene que ver con que exista la cantidad suficiente de alimentos con la calidad adecuada, suministrados por producción nacional o importación.

De entrada podemos diferenciar dos conceptos, que aunque se parecen y a menudo se confundan, tienen connotaciones totalmente diferentes. Uno se enfoca a incentivar la producción nacional o el segundo en garantizar la disponibilidad de alimentos, ya sea con producción nacional o importaciones.

En noviembre del 2017, el 3 veces candidato y hoy Presidente de la República presentó los lineamientos del Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024, donde en el postulado número 19 se comprometía a: "rescatar al campo por su importancia social, ambiental y cultural, y se logrará la autosuficiencia alimentaria. Se apoyará a los productores nacionales con subsidios y créditos para alcanzar la soberanía alimentaria y dejar de comprar en el extranjero lo que consumimos".

Una vez siendo Presidente, creó la paraestatal de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), mediante la fusión de Diconsa y Liconsa, a través del cual se implementaron los "Precios de Garantía".

Los Precios de Garantía tienen como objetivo apoyar a los pequeños productores del país, garantizándoles un ingreso mínimo rentable para incentivar la producción y "teóricamente" reducir las importaciones de granos básicos. Para el caso del maíz es de $5,610; el frijol $14,500; trigo panificable $5,790; y arroz $6,120 por tonelada. Este año este programa está ejerciendo un presupuesto de 6,000 millones de pesos y para el 2020 ejercerá 10,000 millones de pesos, es decir, 66.7% más de recursos.

El problema es que el programa de precios de garantía para granos básicos no aplica para los estados con agricultura comercial o excedentaria, ¿por qué? porque aunque es un programa de cobertura nacional, los productores de los estados con agricultura comercial tienen en promedio 10 hectáreas de riego o 15 hectáreas de temporal, y para el caso del maíz, los lineamientos del programa limita la compra a los productores que tengan hasta 5 hectáreas de temporal y máximo 20 toneladas.

Este candado normativo, deja fuera al 90% de los productores sinaloenses, lo que se suma a la eliminación del Programa de Apoyos a la Comercialización, que garantizaba la agricultura por contrato y los ingresos objetivos de los granos básicos.

La pregunta medular es: ¿quién garantizará la soberanía alimentaria, los productores de agricultura comercial que tienen un rendimiento entre 12 y 16 toneladas de maíz por hectárea o los productores de subsistencia o autoconsumo, que cosecha entre 500 kilos hasta 2 toneladas por hectárea?

Actualmente, nuestro país consume 44 millones de toneladas de maíz y producimos sólo 27 millones de toneladas, el 40% restante se importa de Estados Unidos, principalmente. La meta del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 señala que para el 2021 alcanzaremos la autosuficiencia alimentaria en maíz. Es decir, aumentar en poco más de un año, la producción en 17 millones de toneladas de maíz.

Con estas cifras, nos damos cuenta de lo lejos que estamos de alcanzar la autosuficiencia alimentaria, y más aún, eliminando la agricultura comercial, desde un escritorio o una curul, como pasó recientemente con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

Bien dicen que los políticos y los pañales deben cambiarse a menudo y por las mismas razones, y eso #AlguienTieneQueDecirlo

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Vicepresidente de la Liga de Economistas Revolucionarios.