Política: terreno minado para mujeres

Este lunes se presenta en el Congreso del Estado de Sinaloa el libro Cuando hacer política te cuesta la vida. Estrategias contra la violencia política hacia las mujeres en América Latina.

Editado por la Dra. Flavia Freidenberg, Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Gabriela del Valle Pérez, Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Tribunal Electoral Federal, el libro llega con una gran oportunidad, porque ayuda a entender en toda su dimensión el significado de la histórica batalla que han librado las mujeres latinoamericanas por participar en la actividad política en condiciones de igualdad con los hombres.

Primero debemos partir de la definición de violencia política contra las mujeres, entendida, tal cual se plantea en el libro, como cualquier agresión física o psicológica para evitar o restringir la presencia de las mujeres en la vida pública.

Este tipo de violencia contra la mujer es ejercida por militantes o dirigentes de partidos políticos, pero también desde la familia y otras instituciones o espacios de convivencia social.

La define con claridad la Profesora Jennifer Piscopo: “Cada acto contra una mujer aspirante, candidata o electa está entrelazado con contextos más amplios de discriminación sexista, violencia multidimensional e impunidad".

Reyes Rodríguez Mondragón y Ana Cárdenas González de Cosío plantean que “la violencia política de género no es un problema de justicia individual, sino de desigualdad estructural”.

Entonces estamos hablando de un problema de estructuras sociales.

Es decir, y citando de nuevo a los autores que abordan el tema con diferentes enfoques: “La violencia política es el resultado de prácticas sociales, pero también institucionales, que han generado relaciones de sometimiento y subordinación entre el hombre y la mujer”.

Por ello es que, sin bien es cierto, en las últimas tres décadas se ha avanzado notablemente en la generación de plataformas legales que garanticen la participación de la mujer en la vida pública, aún falta mucho por recorrer.

La paridad de género amplió las oportunidades para que las mujeres sean candidatas a cargos de elección popular, pero en muchos casos siguen siendo víctimas de la perversidad de las dirigencias de los partidos, cuando son postuladas para competir en distritos o municipios donde tienen pocas posibilidades de obtener triunfos.

Esta práctica ocurre porque las mujeres no tienen acceso a los cargos de los órganos de dirección de los partidos. Ahí, quienes tienen el poder de tomar decisiones siguen siendo los hombres y estos argumentan que las mujeres no cumplen ni con el perfil ni con la trayectoria para asumir ese tipo de responsabilidades.

Pero, como bien se ha dicho en este libro, los partidos políticos tampoco están muy interesados en destinar una parte de su presupuesto a la capacitación y formación de liderazgos de mujeres, no obstante que están obligados por ley.

Y los resultados los hemos visto de nuevo en el actual proceso electoral, donde la paridad de género los obliga a postular mujeres en igualdad de circunstancias que los hombres, y ahí tenemos a los partidos enfrentando serias dificultades para nombrar candidatas verdaderamente rentables, porque no han formado esos cuadros.

La incursión de las mujeres en la política no ha sido un lecho de rosas. Ganar el derecho a ser candidatas no ha resuelto el problema del desequilibrio porque el resultado final sigue siendo la preponderancia de los hombres en los cargos públicos.

Y es por ello que el país no ha logrado desarrollarse a pasos más acelerados. Si bien es cierto, se ha avanzado, no se ha hecho con la velocidad que se requiere, porque no hemos aprendido a valorar la capacidad de las mujeres.

Históricamente, las mujeres han estado a la vanguardia de movimientos sociales como líderes y agentes de cambio, aunque no se les reconozcan sus méritos.

En nuestros tiempos nadie pondría en duda que una mayor incursión de las mujeres en la vida pública del país nos permitiría estar en condiciones de lograr un desarrollo integral, con pleno respeto a los derechos humanos.

GRAFITI

Y hablando de violencia política contra la mujer, en Sinaloa tenemos actualmente dos botones de muestra.

1.- Una candidata a la alcaldía de El Fuerte enfrenta una feroz campaña mediática orquestada por políticos opositores, quienes incluso la demandaron penalmente por presuntas irregularidades en la construcción de una carretera. Los denunciantes han hecho mucho ruido pero no han aportado pruebas. El objetivo es claro, dejarla fuera de la contienda electoral.

2.- Una Jueza, de quien no se ha revelado oficialmente su identidad, se atreve a denunciar penalmente por acoso sexual nada menos que al Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa. El Magistrado anuncia su decisión de renunciar al fuero constitucional para enfrentar a la justicia como cualquier ciudadano, pero el fuero es irrenunciable; si el funcionario no deja el cargo sigue teniendo fuero, porque el fuero es inherente al cargo y el Magistrado lo sabe.

Por si fuera poco, el servidor público señalado ordena a todos los Magistrados, Jueces y otros funcionarios del Supremo Tribunal de Justicia que lo respalden con la firma de un desplegado público, en un claro intento de descalificar a la Jueza que se atrevió a denunciarlo.

En un Estado de Derecho el Magistrado es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero la “cargada” de los funcionarios del Poder Judicial en contra de la Jueza que se dice ofendida bien podría tipificarse como un acto de violencia política, porque intentan desacreditarla ante la sociedad, sin mediar un juicio.

Twitter: @victortorres_mx