Policía desacreditada

Para tomar decisiones de fondo que permitan romper los esquemas de corrupción que han imperado durante muchos años en el servicio público,  el gobierno necesita contar con un fuerte respaldo de sus gobernados.

En la historia reciente de Sinaloa, todos los gobernadores han prometido abatir la corrupción en el manejo de los recursos financieros y en la atención cotidiana que se da a los ciudadanos en diferentes áreas, entre ellas, la más sensible: la policía.

Sobra decir que hasta ahora ninguno ha logrado ese propósito y lo que sí se tiene como resultado de ir acumulando promesas incumplidas, es una sociedad que ya está harta y, por lo mismo, no cree en nada ni en nadie que huela a gobierno.

Por ello, los discursos, las promesas, compromisos, acuerdos y convenios de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción que se firman y posan para la foto, no generan ninguna esperanza de cambio en la sociedad.

Es todo lo contrario, cada vez que se anuncian programas y acciones con los moldes arcaicos de siempre aumenta el rechazo social. Nuestros gobernantes deben entender que esos actos ya no funcionan, la gente exige acciones y resultados.

Y si hablamos del área de seguridad pública los niveles de confianza están peor aún. Diversos estudios de opinión pública han demostrado que por cada 10 ciudadanos, solo 2 confían en la policía, y más del 90 por ciento considera que es muy peligroso aportar información a las autoridades para resolver un crimen.

Las razones por las que la ciudadanía no confía en la policía son la corrupción y la falta de protocolos en las corporaciones para garantizar el anonimato de quienes estarían dispuestos a colaborar para la detención de delincuentes.

Por otra parte, estudios de opinión pública realizados por el gobierno federal y empresas privadas, reflejan otro aspecto de la desconfianza de la sociedad y tiene que ver con el pobre desempeño de los policías estatales y municipales en su principal función: la prevención del delito.

En el caso de Sinaloa, el rechazo hacia las corporaciones de seguridad ha aumentado en los últimos meses, incluso con la participación del Ejército en las corporaciones preventivas, lo que permite pensar que la estrategia no está dando los resultados esperados.

Y nos referimos concretamente a los resultados que espera la sociedad, los cuales no se ven reflejados en una reducción de delitos de alto impacto, como los homicidios y robo de vehículos, sino que estos han repuntado de manera alarmante.

En el caso de los homicidios la situación empeora cada semana en Sinaloa. Aún no termina ni siquiera el quinto mes del año y ya rebasamos la cifra de 600 personas ejecutadas, entre ellas cinco maestros, un regidor, un abogado y un periodista.

Pero ha sido este último caso, el asesinato de Javier Valdez Cárdenas, el que ha cimbrado al sistema, porque no sólo provocó la primera crisis a la administración del gobernador Quirino Ordaz, como bien apunta en su más reciente columna el periodista Armando Ojeda, sino que se convirtió en un asunto de Estado.

Los gobiernos de Estados Unidos, Francia y España; organizaciones internacionales como la ONU, la OCDE, medios de comunicación y cientos de periodistas de todo el mundo exigen al Presidente Enrique Peña Nieto que el crimen no quede sin castigo, como ha ocurrido con casi todos los periodistas que han sido asesinados en el sexenio.

¿Qué tanto podrá soportar el gobierno de Quirino Ordaz el hartazgo social y la presión internacional generada por el asesinato del fundador del semanario RíoDoce? Nadie lo sabe.

Lo cierto es que las autoridades estatales y federales están emplazadas a dar resultados en el corto plazo, de lo contrario, la presión aumentará y obligará al Estado Mexicano a tomar decisiones drásticas.

La cuenta regresiva está en marcha… Hoy se cumple la primera semana y el asesinato de Javier sigue impune.

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#JusticiaJavierValdez. El asunto es mucho más grave de lo que algunos funcionarios de gobierno pudieran considerar, porque pareciera que hasta ahora su mejor alternativa es no hacer nada y apostarle al olvido, lo que, de ser cierto, sería un grave error.

En el caso Javier Valdez difícilmente habrá vuelta de hoja en el corto plazo. Quienes planearon el crimen y quienes hoy creen que el tiempo traerá el olvido, no están midiendo bien las consecuencias.

Ahora bien, si lo vemos desde otro ángulo, podríamos decir que el esclarecimiento y la aplicación de la ley a los responsables, tope donde tope, podría ser la oportunidad para iniciar la reparación de la confianza de la sociedad en las corporaciones de seguridad... ¿Se atreverán?

Twitter: @victortorres_mx