Pobreza y candidatos

El más lacerante de los grandes problemas por los que atraviesa México no es la inseguridad, no es la corrupción, no es la impunidad que se asocia a ellos; es la marginación social derivada de la pobreza, que además de ubicarse en un primer plano por su tamaño, tiende a difundirse y profundizarse tanto en áreas rurales como urbanas, ante los muy escasos resultados de los programas oficiales basados en el asistencialismo.

En un comunicado de prensa del 30 de agosto del año pasado, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social –CONEVAL-, dio a conocer con base en información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía –INEGI-, que el número de personas en situación de pobreza en el año 2016 era de 53.4 millones, que representaban el 43.6% de la población total. De éstas, 9.4 millones se encontraban en situación de pobreza extrema, es decir que no contaban siquiera con recursos para alimentarse.

Esta información que se encuentra a disposición de cualquier interesado en https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/Comunicado-09-Medicion-pobreza-2016.pdf, debería ser absolutamente apetecible para los  asesores y coordinadores de campaña de los candidatos a la Presidencia de la República, como insumo para plantear el proyecto que verdaderamente cambiaría el rostro y el destino de nuestro país.

El propio informe del Coneval nos ofrece las razones para considerar que el combate a la pobreza puede convertirse en el eje de cualquier campaña política, al precisar que entre los retos importantes y trascendentes del Estado Mexicano se encuentran el lograr un ritmo de crecimiento económico elevado y sostenido,  propiciar el ejercicio pleno de los derechos sociales de todos los mexicanos, abatir las desigualdades regionales y entre grupos de población, así como reducir la inflación a niveles inferiores a los de 2017.

Pero del contenido de las propuestas expresadas por todos los candidatos para combatir esta compleja realidad, se desprende que ninguno de ellos está consciente de que la pobreza no es solo la condición de un grupo determinado de personas, sino el riesgo de que la aplicación de políticas erradas atraiga a otros grupos y personas hacia el padecimiento de la pobreza en algún momento de sus vidas.

A 45 días de que se desarrolle la jornada electoral, lo único que hemos escuchado de los candidatos son propuestas que no se enfocan a resolver el problema de fondo, sino que se encaminan únicamente a lograr el favor del voto ciudadano.

Esta actitud de los candidatos solo es entendible si se acepta que su interés radica en ejercer el poder a toda costa, sin importar el beneficio que debe implicar para los habitantes del país.

El cálculo de los candidatos se basa en que en la lista nominal de electores actualizada al 13 de abril último, aparecemos 89 millones 408 mil 317 ciudadanos habilitados para emitir el voto el próximo primero de julio; y si se atiende al porcentaje promedio de sufragios que es de poco menos del 60%, se espera una votación que rondará los 54 millones de sufragios.

En la elección presidencial de 2012 se emitieron 50 millones 323 mil 153 votos, de los cuales correspondieron al candidato triunfador 19 millones 226 mil 784 votos que representan el 38.21%, por lo que es previsible que si en 2018 un candidato obtiene 20 millones de votos resultará triunfador.

Una de las primeras propuestas de Andrés Manuel López Obrador fue establecer la pensión universal para adultos mayores, con un monto de medio salario mínimo mensual, aunque el planteamiento sea solo parcialmente cierto, pues la pensión universal se encuentra prevista en la Constitución desde octubre de 2013. De acuerdo a proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2017 residían en el país 12 millones 973 mil 411 personas de 60 y más años.

Otro ofrecimiento de este candidato es dar a universitarios de escasos recursos un apoyo mensual de 2,400 pesos. La SEP estima que poco más de 3 millones de personas mayores de 20 años están inscritas en alguna institución de educación superior.

Además, la consigna "Becarios sí, sicarios no" expresada por el tabasqueño en diciembre de 2017, aunque antes había sido parte de su video "Esto Soy", consiste en otorgar a los jóvenes que no estudian ni trabajan, peyorativamente llamados “Ninis”, una beca de 3 mil 600 pesos mientras se capacitan. Este sector poblacional está compuesto a la fecha por 3 millones 900 mil personas de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Educación y Empleo elaborada por el INEGI.

El universo clientelar solo en estas tres propuestas alcanza los 19 millones 873 mil 411 votantes.

En los primeros días de su campaña Ricardo Anaya propuso instaurar el Ingreso Básico Universal, con el que todos los ciudadanos recibiríamos una cantidad de dinero mensual por el solo hecho de ser mexicanos.

Desde su punto de vista, ésta sería una buena estrategia para reducir la pobreza y la desigualdad, estimular el mercado interno y enfrentar el desempleo, aunque en ella se contemple al más pobre de los mexicanos y al mismo Carlos Slim; porque la “Renta Básica” es un ingreso pagado por el Estado como derecho de ciudadanía, tenga o no un empleo, sin considerar si es pobre o si es rico, y con independencia de si goza o no de otras fuentes de ingreso.

De funcionar electoralmente el planteamiento, este candidato tendría con una sola propuesta un universo clientelar igual a la totalidad de la lista nominal.

José Antonio Meade no quiso quedarse atrás, y el mero día de las madres ofreció en Culiacán entregar un “salario” para jefas de familia por mil 200 pesos, como un piso de protección social para evitar que las mujeres que solas sacan adelante a su familia, eviten que ellas y sus familiares, enfrenten el reto de la pobreza.

Apenas un día antes del anuncio, el INEGI dio a conocer que 33 de cada 100 mujeres de entre 15 y 54 años con al menos un hijo, son solteras en México. En este rango de edad se encuentran al menos 26.5 millones de personas, de las que habría que descontar a quienes no tienen hijos y a las que cuentan con pareja estable.

Más allá del interés de generar una clientela electoral, los candidatos deberían entender que la pobreza es un fenómeno económico, social y cultural complejo, que exige intervenciones integrales en sus múltiples dimensiones y causas; y no solo un instrumento asistencialista para conseguir votos.

Están obligados a reflexionar en que mientras la democracia no se refleje en el bienestar y el progreso económico, social y cultural de la población, estaremos siempre en riesgo de regresar a tiempos autoritarios y a liderazgos caudillistas.

Deben entender, si realmente les interesa el progreso del país, que México requiere una política de desarrollo social con un diseño de largo plazo, que termine con la dispersión de los programas sociales, que se visualice como una inversión pública de carácter económico y social; que mejore el rol redistributivo del Estado, priorice el gasto social y aumente la eficiencia y eficacia del mismo.

Todo esto requiere de un compromiso ético y social compartido por todas las fuerzas políticas, para redirigir nuestra cultura y nuestra economía hacia un futuro sostenible. ¿Será?