Partida secreta

"Siempre había existido en México una partida secreta para cubrir gastos políticos": Miguel de la Madrid

El pasado martes 2 de julio el Senado de la República aprobó con el voto de Morena y sus aliados la nueva Ley de Austeridad Republicana, lo que generó reacciones contrarias a su contenido, particularmente en lo relativo al artículo 61, en el que se dispuso que los ahorros generados en el Poder Ejecutivo como resultado de la aplicación de las medidas de austeridad, se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o "al destino que por decreto determine su titular".

El debate, calificado de falso por Martí Batres, Presidente de la Mesa Directiva del Senado, se centra en el hecho de que con la redacción aprobada para ese artículo, el Poder Legislativo delega en el Ejecutivo una facultad propia, y permite que los ahorros sean utilizados a la discreción del Presidente de la República, de la misma forma en que funcionaba la llamada "partida Secreta" en el régimen que la Cuarta Transformación pretende desmantelar; ya que esa discrecionalidad puede incluir entre otros destinos el financiamiento oculto de acciones de espionaje exterior e interior; cubrir gastos personales, como en su momento acusó López Obrador a Carlos Salinas de Gortari; y gastos políticos como la compra de conciencias, del voto o simplemente de la opinión en medios de comunicación.

La partida secreta nació a la vida jurídica con la Constitución de 1917 y desde entonces sirvió como caja abierta al Presidente de la República, en la que se depositaban considerables cantidades de recursos federales, para ser gastados con total discrecionalidad, lo que permitía al Ejecutivo autorizar al margen de la ley gastos no presupuestados, violando lo dispuesto en el artículo 126 constitucional.

Un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado, realizado con motivo del centenario de la Constitución, señala que en cien años de vigencia ésta se modificó en 707 ocasiones, convirtiéndola en la más reformada del mundo. Curiosamente, en más de un siglo de existencia y a pesar de que el original artículo 65 mudó su ubicación al 74 del actual texto Constitucional, se mantiene intocado su contenido que dispone que "no podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias con ese carácter, en el mismo Presupuesto; las que emplearán los Secretarios, por acuerdo escrito del Presidente de la República".

El 25 de abril pasado la Cámara de Diputados presumió en boletín de prensa el haber aprobado la modificación del artículo 74 de la Constitución, para prohibir que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se incluya cualquier partida secreta; sin embargo, en el texto constitucional publicado aún en la página de esa Cámara no se advierte tal modificación, ni en el listado de reformas constitucionales por decreto en orden cronológico, de la misma página.

Del dictamen antes mencionado se desprende que a partir del sexenio de Miguel Alemán, existió todo un ramo de erogaciones adicionales con cargo a la partida secreta, que alcanzaron para 1952 el 6.5 por ciento del gasto total de la federación. Bajo el mandato de Adolfo Ruiz Cortines el porcentaje se elevó al 12.5; y con Luis Echeverría escaló al 24.36 por ciento. José López Portillo tuvo erogaciones extraordinarias solo en 1982, por 56 millones de dólares; durante 1994, 1995 y 1996, el último de Carlos Salinas y los primeros de Ernesto Zedillo, la partida secreta fue de 650 millones de pesos por cada año.

Con estos datos parece más que justificada la preocupación de los opositores de la nueva Ley, en el sentido de que por una vía alterna como es la forma de aplicación de los recursos ahorrados, se regrese a las prácticas discrecionales que tanto daño han hecho al erario y, de paso, se conceda al Ejecutivo la posibilidad de disponer discrecionalmente de los recursos, porque con ello se potencializa el riesgo de regresar a un régimen presidencialista de carácter autoritario que pondría en riesgo las libertades ciudadanas.

Aún falta tiempo para que esta ley pueda aplicarse, pues regresará a la Cámara de Diputados para la revisión de las observaciones del Senado, y ojalá que sus integrantes adviertan el vicio de inconstitucionalidad del proyecto y tomen en consideración que desde la Constitución de 1857, existe una disposición contraria a la que pretenden aprobar. Desde el siglo antepasado el artículo 119 –hoy artículo 126- establece que "no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o determinado por ley posterior".

Esto quiere decir que el destino de los ahorros que se produzcan a partir de la Ley de Austeridad, deben ser decididos por el propio Congreso, a través de una ley que se apruebe una vez que los ahorros se produzcan.

Comparto la preocupación de Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa, quien afirmó que si se deja que el presidente decida el destino de las economías presupuestales, se corre el riesgo de que se obligue a las dependencias del Ejecutivo a generar ahorros más allá de los prudentes, para que el Presidente pueda hacer uso de ese dinero, en perjuicio del servicio público. Esto es posible dada la actitud que en este sentido ha mostrado la Secretaría de Hacienda, cuya inflexibilidad ha generado la caída en la calidad de distintos servicios, como sucede en el sector salud.

La forma en que ha sido redactado el artículo 61 de esta ley puede generar una mayor concentración del poder y de las facultades unipersonales del presidente de la República, que le permitirán imponer sus condiciones, tanto en la toma de decisiones políticas como en las económicas del país.

Esperemos que los legisladores de Morena hagan eco de lo expresado por el Presidente de la República, quien consideró que no puede haber una partida secreta, porque la transparencia es una "regla de oro" en la democracia, y aprueben en el senado el dictamen para eliminar de la Constitución la posibilidad de que exista cualquier forma de partida secreta o mecanismo que se le parezca.

La democracia requiere también de una división de poderes que parece estarse reduciendo como consecuencia de la sumisión legislativa, pero aún más con la proclividad de nuestros diputados a obsequiar al Presidente incluso aquello que no les ha sido demandado.

La Cuarta Transformación debe poner límites racionales a la austeridad, porque de otra forma se volverá en su contra como austericidio.