Panorama educativo (Segunda parte)

La semana anterior fue pródiga en notas relacionadas con la educación, pero desgraciadamente ninguna de ellas fue útil para clarificar el panorama educativo mexicano de los próximos seis años.

La reaparición de la maestra Elba Esther Gordillo, con su soberbia afirmación: “recuperé la libertad y la reforma educativa se derrumbó”, junto con su amenaza velada de regresar por sus fueros a la dirigencia del sindicato magisterial, sumada a la declaración del presidente electo en el sentido de que se cancelará la reforma educativa, reiteraron el ya tradicional sentido negativo que se ha venido dando a este tema, sin ofrecer una sola propuesta respecto a lo que habrá de sustituir al sistema instituido por la reforma.

A falta de nuevos elementos, las únicas conclusiones a las que en este momento pudiera arribarse son que tendremos una gran sorpresa de parte de AMLO y Esteban Moctezuma, o que regresaremos al viejo sistema en el que el sindicato se erigía en rector de la política educativa y sus instituciones, al tráfico de plazas y a la complicidad entre supervisores, directores y algunos maestros privilegiados para evadir sanciones.

Hasta el momento y no obstante el compromiso de someter la reforma educativa a una consulta popular, permanecen sin respuesta muchas interrogantes. Por ejemplo, con la reforma educativa el gobierno se obligó en la Constitución misma a garantizar no solo la cobertura –que todos los niños gocen de un espacio para su instrucción-, sino también a la calidad en su aprendizaje. Nadie ha dicho si este compromiso habrá de mantenerse o si, por el contrario, lo arrastrará la ola de la cancelación.

La calidad de la educación es un elemento imposible de lograr por ningún gobierno, si los responsables directos de impartirla no la poseen, porque sencillamente nadie da lo que no tiene; por eso es que para asegurarse de que los educadores son aptos, la autoridad -y no el sindicato- tienen el derecho y la obligación de constatarlo, lo que únicamente puede hacerse a través de la capacitación permanente y de la evaluación periódica de los maestros.

Paradójicamente, es la evaluación magisterial la que desde el momento mismo de su discusión en las cámaras se puso en la mira de quienes hoy impulsan la cancelación, al calificarla de punitiva, o lo que es lo mismo reduciéndola a una malévola intención de castigar a los maestros que no demuestren contar con los conocimientos y habilidades suficientes para desempeñar la tan importante profesión de la enseñanza, y sin reparar en los muchos otros aspectos de la reforma que realmente representan avances.

Pareciera que el mensaje de los detractores de la reforma educativa es que cualquiera puede ejercer el oficio magisterial, al mismo tiempo que parece que se pretende constituir al magisterio en un sector privilegiado al que no debe exigírsele capacidad, como sucede normalmente en otros sectores como el de seguridad, en donde el examen de control de confianza sí que se aplica al extremo.

Frente a la evaluación y la capacitación, la infraestructura educativa, los métodos, los materiales y la organización escolar juegan un papel importante, aunque secundario, en la calidad de la educación; y de poco servirá que impulsemos una real dignificación de los planteles y los dotemos de equipos de laboratorio, material deportivo, instrumentos musicales y un largo etcétera, si las capacidades de los educadores siguen siendo limitadas. Si queremos estudiantes de excelencia, necesitamos maestros de excelencia.

La cancelación de la reforma educativa podría implicar, por otra parte, la desaparición del Sistema Nacional de Evaluación y del Instituto encargado de su operación, con lo que se tiraría a la basura lo avanzado en materia de erradicación de comisiones sindicales y aviadores que merman el presupuesto destinado a la educación, y se regresaría al viejo esquema de heredar, vender y comprar plazas, que hoy se obtienen con base en el mérito propio de los maestros a través de concursos de oposición.

En la introducción del informe “Panorama de la Educación 2017” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se afirma con razón que el nivel de formación alcanzado por un país, definido como el porcentaje de población que ha completado un determinado nivel de educación y que posee la cualificación correspondiente, permite medir las competencias que posee la población en general y la población activa en particular.

En este sentido, niveles de educación elevados producen necesariamente consecuencias positivas, no solo para las personas sino para la sociedad. Los estudios e investigaciones realizados por  Education at a Glance (Panorama de la Educación), han permitido constatar que las personas que alcanzan niveles educativos altos suelen tener una mayor participación social, unas tasas de empleo e ingresos relativos más elevados y una mejor salud.

También se ha observado una fuerte asociación entre los niveles más elevados de educación y los niveles más altos de competencias, como la comprensión lectora y la competencia matemática, así como un mayor uso de las nuevas tecnologías; y además, los beneficios en seguridad.

Por eso es que hoy más que nunca, necesitamos saber que pretende hacer el nuevo gobierno en la materia educativa.