Otra vez en el ojo del huracán

Mientras cientos de servidores públicos se manifestaban en Palacio de Gobierno, protestando por el retraso del aguinaldo y otras prestaciones, en medio de la peor crisis de liquidez del sexenio; en la sede del Poder Legislativo estallaba otro escándalo.

Nadie sabe cómo ni de dónde salió. Lo que primero fue un rumor, se confirmó en cuestión de horas.

Los noticieros y diarios impresos, pero sobre todo las redes sociales, difundieron con rapidez: “Familiares de diputados están contratados como asesores en la nómina del Congreso del Estado”. 

Algunos, como la hija de una diputada del PRI, cobran el cheque sin disimulo, y otros (la mayoría) con “prestanombres”.

Lo anterior lo confirmó la propia legisladora aludida, cuando reconoció que efectivamente contrató  a su hija como asesora, aunque luego argumentó de manera absurda que le consiguió trabajo en el Congreso “por sus méritos profesionales”.

Pero el asunto no paró ahí, sino que agarró mayor vuelo, cuando a manera de amenaza, la diputada involucrada remató denunciando que ella no era la única con familiares en la nómina del Congreso, sino que había muchos más, pero no dan la cara. 

Como se esperaba, la noticia fue un bombazo para la opinión pública, aunque no faltaron, como en los toros, los “quitadores”, o mejor conocidos como “defensores de oficio”, quienes a toda costa intentaron restarle importancia al asunto.

“Que no es nada nuevo”. “Que no es el primer escándalo de este tipo”. “Que esto pasa en todos lados, no sólo en el Congreso”. “Que los legisladores de los partidos políticos involucrados se tapan con la misma cobija”. “Que en otras ocasiones se han exhibido públicamente este tipo de excesos y no pasa nada”. 

Y en efecto, en esto último tienen razón… hasta ahora no pasa nada. 

Lo que resulta inconcebible es que nuestros políticos sigan cometiendo estos abusos en el manejo de recursos públicos, cuando son momentos en los que se requiere, más que nunca, eliminar este tipo de conductas que han sido claramente rechazadas por los ciudadanos que ya están hartos de la corrupción y que —por lo mismo— han generado tanto desprecio social hacia las instituciones, entre ellas los partidos políticos.

Cuando un representante popular se aprovecha del cargo público para beneficiar con empleos o contratos a sus familiares, incurre en nepotismo. 

Esta conducta está claramente tipificada en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.

Por lo tanto, todo servidor público debe abstenerse de intervenir en la selección, nombramiento, designación o contratación de cualquier persona que tenga relación familiar y que pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para quienes tengan parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado.

Luego entonces, si está tan claro en la ley que rige a los servidores públicos de Sinaloa, ¿Por qué incurrieron en esta conducta algunos diputados de la recientemente instalada 62 Legislatura del Congreso local?

El caso que desató el escándalo es el de la diputada Maribel Chollet, la legisladora mazatleca que se tiró un clavado, pero no en las playas del hermoso destino turístico, sino en las aguas negras del drenaje legislativo.

Y fue tan desparpajado el clavado que terminó salpicando a sus compañeros legisladores, en su intento de defender a su hija, la joven asesora parlamentaria, quien, por cierto, y quizás debido a su falta de conocimiento jurídico, cometió el error de no advertir a su madre, que si la incluía en la nómina del Congreso estaría cometiendo una falta administrativa que tendría un alto costo político para ambas y para el partido al que pertenecen.

GRAFITI

No aprenden. A finales de octubre pasado, con motivo de aquel viaje a Morelia que costó 300 mil pesos en boletos de avión de 30 diputados que participaron en la asamblea de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol), varios legisladores coincidieron en la “necesidad urgente” de emprender acciones para recuperar la credibilidad de los ciudadanos.

Reconocieron en ese entonces que la sociedad estaba decepcionada de su comportamiento, porque sucumbieron muy rápido ante la tentación del “turismo parlamentario”, esa vieja práctica legislativa que les permite a los diputados simular que trabajan, mientras viajan y disfrutan de vacaciones pagadas con cargo al erario. 

Al final de cuentas, lo cierto es que los diputados de Sinaloa están nuevamente en el ojo del huracán de la opinión pública, y para recuperarse de este mal inicio se necesita algo más que buenos deseos, promesas o declaraciones. 

Se requiere responsabilidad, honradez, transparencia y, ante todo, congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. 

Porque hoy, en la era de las redes sociales, los personajes públicos están siendo vigilados con lupa por una aldea virtual implacable y de la que muy pocos escapan.  

Twitter: @victortorres_mx