Nuevo gobierno, promesas y retos

Finalmente se fue 2016 y con él un gobierno que para muchos resultó decepcionante, por decir lo menos, y para muy pocos fue la gran oportunidad que no volverá a repetirse. Arrancó 2017 con un nuevo gobierno en Sinaloa, de la mano con un discurso generador de esperanza, como sucede cada seis años, pero con un entorno nacional que tercamente la niega.

De la pieza oratoria pronunciada por el nuevo Gobernador luego de rendir su protesta ante el Congreso, se desprende una larga lista de buenas intenciones, de las que los ciudadanos debemos tomar nota para darles seguimiento y vigilar que se cumplan; si así se hace, Quirino puede convertirse en el líder que Sinaloa necesita.

Uno de sus primeros ofrecimientos fue presentar de inmediato dos iniciativas ante el Poder Legislativo, una para instituir el sistema estatal anticorrupción y otra para sustituir a la Procuraduría General de Justicia con la Fiscalía General Autónoma; y aunque este compromiso fue puntualmente cumplido desde el punto de vista formal durante el segundo día de su mandato, queda pendiente la revisión del contenido de las iniciativas.

Indudablemente, la presentación de los documentos prometidos produjo un impacto favorable para la imagen del Ejecutivo del Estado, por el solo hecho de cumplir la palabra, como lo reconocieron y declararon a los cuatro vientos algunos diputados del PAN y al menos una diputada del PAS.

Sin embargo, el hecho de presentar dichas iniciativas sin consultar previamente la opinión ciudadana puede interpretarse como una resistencia a la apertura, que solo puede ser desmentida si desde el gobierno y desde el Congreso se emprende una amplia consulta que permita a las organizaciones de la sociedad y particularmente a los colegios de profesionistas como abogados, contadores y polítólogos, entre otros, valorar su contenido.

Por ejemplo, la propuesta de creación de la Fiscalía General Autónoma debe revisarse a fin de garantizar que no se regatee la autonomía, como sucede a nivel nacional con otros órganos autónomos. Para ello se deberá analizar la inconveniencia de mantener la facultad del Ejecutivo para proponer al Congreso la terna de la que deberá seleccionar al titular de la Fiscalía, pero sobre todo deberá revalorarse la facultad del Gobernador para remover de su cargo al Fiscal General, pues ambas facultades pueden desembocar en la afectación de la autonomía. Mantener los términos propuestos desembocará en un acto más de simulación de cambio.

Otro elemento que deberá tomarse en cuenta para la modificación de la iniciativa es el relativo al tiempo que se otorga al Congreso para designar al Fiscal General, pues los diez días hábiles que el artículo Segundo Transitorio le otorga, obligan a realizar un procedimiento apresurado que obstaculiza la adecuada valoración de los perfiles profesionales de los propuestos, pero sobre todo impide una eventual revisión de sus relaciones personales y profesionales, lo que en materia de anticorrupción se ha denominado declaración de intereses.

Otro de los ofrecimientos que hizo Quirino Ordaz a los sinaloenses fue presentarles durante la primera semana de su gobierno, la información puntual de las condiciones en que recibió la administración estatal, plazo que al momento de redactar esta columna había concluido sin que se hubiera honrado la palabra.

Lejos del morbo, esa información es relevante para los muchos sinaloenses que percibimos o conocimos múltiples actos de corrupción o, al menos, un gran desorden en el ejercicio presupuestal de la administración anterior. La sociedad aún se pregunta si MALOVA y su séquito se irán impunes, pero también especula en torno a una eventual negociación entre entrantes y salientes. 

El tema y el momento son cruciales para el futuro político de la naciente administración, pues está en juego ni más ni menos que la confianza ciudadana. 

La expectativa generada con el discurso inicial fue alta y por ello algo tendrán que decir al respecto y pronto, el Gobernador, su Secretario de Administración y Finanzas o la titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas.

Es claro que el cumplimiento de fondo de los ofrecimientos iniciales no depende únicamente del Gobernador, pues en ello tiene alta injerencia el Poder Legislativo, pero sí corresponde al Secretario General de Gobierno concentrarse en el cabildeo con un Congreso al que no parecen haberle alcanzado los tres meses iniciales para lograr los acomodos y equilibrios internos, que son indispensables para el tránsito de los proyectos del Ejecutivo. 

La tarea no es fácil, pues el primer paso será aglutinar al grupo parlamentario del PRI y a sus aliados en torno a un proyecto que, al no haberse expresado con claridad, no puede tener el atributo del interés común entre los legisladores. En el Congreso faltan liderazgos, o quizá sobren, el caso es que también la dirigencia estatal del PRI deberá atender la relación con sus diputados y hacerlos entrar en comunión.