Libertad tuitera

Nadie pone en tela de duda la fama de Twitter como una de las redes sociales digitales de mayor alcance y, particularmente, como una de las nuevas tecnologías que ha logrado incentivar a nivel global la amplificación de las formas de comunicación política.

Tal como señala José Antonio Carballar en su libro Social media: marketing personal y profesional, su principal distintivo es que se encuentra abierta a todo público sin necesidad de ser usuarios de la misma, convirtiéndola así en un potente difusor de ideas más allá de los amigos, colegas y familiares. 

Sin embargo, Twitter no ha estado exento de los controles informativos a los que se ha querido someter en general al Internet, sobre todo de parte de los gobiernos, quienes solían tener el control de los medios de comunicación masiva.

Así, el 2020 dio inicio con el cese de las cuentas tuiteras en Venezuela, pertenecientes a usuarios identificados con la corriente política del chavismo, 20 en total, según el periódico El Nacional de ese país, bajo el argumento de una supuesta violación a su política de usuario.

Aunque no se especifican en la prensa, debió tratarse al menos de una de las tres máximas penas de esta red social: expresiones que refieran a cualquier tipo de acoso, fomento a la violencia (por raza, nacionalidad, sexo, género, religión, edad, discapacidad o enfermedad grave) y, que no es lo mismo, la glorificación de la violencia en todos los sentidos.

Pero qué tan equitativa es la aplicación de la política sancionadora de dicha empresa de comunicaciones, cuando a simple vista parece obedecer a los intereses políticos de su nación, más allá de sus preceptos de comunicación y libertad de expresión.

Porque es capaz de cerrarle las cuentas a una de las izquierdas más reconocidas en América Latina, pero incapaz de cuestionar la cuenta del propio presidente de Los Estados Unidos, Donald Trump, quien de manera frecuente propaga odio y desigualdad en microblogs desde ese usuario y a quien ni los 140 caracteres lo detienen.

A lo largo de su mandato, los tuitasos de Trump han fomentado y empoderado el racismo y la violencia de género, las cuales han sido una constante incluso a nivel mediático; basta con recordar sus enérgicas denostaciones hacia los migrantes mexicanos y centroamericanos, sus críticas hacia el aspecto físico de la exreina de belleza Alicia Machado -venezolana, por cierto- y su lamentable tuit de invitación a visualizar un video sexual de la misma, tan solo por mencionar algunos casos.

Su presencia en dicha red no es menor. De acuerdo con el estudio comandado por Justel Vázquez y un grupo de investigadores de la Universidad Internacional de Catalunya y la Politécnica de Valencia, los tuits políticos de Donald Trump en 2018 representaron el 43% del total de tuits, siendo su conflicto con Corea del Norte y la construcción del muro fronterizo con México dos de sus tres temas recurrentes.

Por supuesto, es evidente el total ignoro a todas estas faltas por parte del mandatario estadounidense al ser esta una empresa de comunicaciones instalada en California, ya que atacar al presidente podría ocasionar represalias organizacionales inesperadas, las cuales seguramente desean evitar.

Sin embargo, ejecutar este tipo de discrecionalidades no abona a su propia política interna sobre servir como espacio de conversación pública alejada en todo momento de comportamientos como la violencia y el acoso, que no incentivan a los usuarios a expresarse.

Porque no es la primera vez que sucede una censura de esta naturaleza. Mientras que en 2017 se bloquearon 180 cuentas vinculadas al gobierno de Chávez, a principios de 2019 tanto Twitter como Facebook procedieron nuevamente al cierre de cuentas vinculadas con Rusia, Irán y Venezuela; aunque los motivos anunciados fueron “debido a su comportamiento, no en función de sus publicaciones”.

Si esto pudiese ser un elemento para deslindarse de todo tipo de transgresión a la libertad de expresión, las declaraciones del jefe de seguridad de Facebook sobre la detección de un “fuerte sesgo” a favor del gobierno iraní y en contra de los occidentales, desvelaron en ese entonces su discrecionalidad comunicativa para la toma de este tipo de decisiones.

Es verdad que el escenario de control de la censura digital no es una novedad, pues ocurre ya en diversos países orientales entre los que destacan China, Corea del Norte y Siria; y si bien en occidente no se ha normalizado aun, los intentos por regular el ciberespacio han sido numerosos.

De acuerdo con Manuel Castells, en Estados Unidos comenzaron a finales de los noventas con la firme intención de abatir la pornografía infantil, pero fue a partir de 2001 que la amenaza terrorista facilitó leyes para que -por fin- el gobierno pudiera vigilar y controlar el espacio digital.

Pero como supervisar la red no ha resultado una tarea fácil, este sociólogo advierte que les ha bastado con perseguir “a unos cuantos desgraciados” para implantar dichas regulaciones. Era de esperarse que ese pobre desgraciado jamás fuese el presidente. Claro está, en sentido figurado.