Legislatura de la primera vez

En menos de una semana se cumplirá el mandato ciudadano para renovar el Congreso del Estado, al instalarse el 1º de octubre la LXIII Legislatura en condiciones completamente distintas a cualquiera otra anterior, no solo por ser la primera vez que el partido gobernante en el estado no tendrá mayoría, lo que en sí mismo constituye un reto enorme para la conservación de la gobernabilidad, sino por otras circunstancias inéditas.

Por primera vez el Congreso tendrá una mayoría diferente al PRI, quien logró únicamente ocho de las cuarenta curules, frente a las diecisiete de Morena a las que muy probablemente se sumen cinco legisladores surgidos del PES y, al menos en los acuerdos legislativos, otros cinco provenientes del PT, con lo que se alcanzaría una mayoría calificada, es decir, suficiente para aprobar reformas a la Constitución del Estado y nombramientos de servidores públicos tanto al interior del Congreso como en órganos autónomos y la misma Auditoría Superior del Estado; así como en caso necesario para destituirlos si se acreditan las faltas y elementos que establece la ley.

Por primera vez se estará haciendo efectivo el principio de reelección restablecido en la Constitución Federal en febrero de 2014, cuando de nuevo rindan protesta tres mujeres que ya fungieron como diputadas en la LXII Legislatura. En el Distrito 6 que corresponde a los municipios de Sinaloa y Guasave, la abanderada del tricolor Ana Cecilia Moreno Romero se alzó apenas con el triunfo mayoritario frente a la candidata de Morena; en el Distrito 10 asentado en los municipios de Mocorito, Badiraguato y parte de Navolato, la también priista Guadalupe Iribe Gascón fue electa de nueva cuenta con más amplia mayoría de votos; y por la vía de la representación proporcional el PAS logró mantener en su curul a Jesús Angélica Díaz Quiñonez, esposa del dirigente estatal de ese partido, Héctor Melesio Cuén.

También por primera vez se materializó en Sinaloa el principio de paridad sustantiva surgido de la misma reforma constitucional, es decir, paridad no solo en la postulación de candidatos sino en la integración del Congreso. Para ello fue necesario que la militante del PAN y ahora diputada electa Vanessa Sánchez Vizcarra, interpusiera juicio en contra de otro militante varón de ese mismo partido, el tristemente célebre chihuahuense y polémico exdiputado federal Jorge Villalobos Seañez, a quien la Sala Regional Guadalajara del TEPJF quitó la posición obtenida por su lugar en la lista de representación proporcional, para que el mencionado principio se cumpliera.

Sin que pueda discutirse la validez del recurso y la justicia electoral aplicada, en el caso influyó la contienda entre grupos de ese partido, uno de los cuales quedará irremediablemente debilitado, de lo cual hablaremos en ocasión posterior. También queda constancia de lo herrado de la decisión tomada en primera instancia por la mayoría de los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, que correctamente fue revocada por la Sala Regional.

Lo importante es que también por primera vez el Congreso del Estado quedará integrado en forma paritaria de género total, es decir con 20 mujeres y 20 hombres, lo que no ha sucedido en ningún otro congreso local y mucho menos en alguna de las cámaras del Congreso federal.

No será la primera vez que la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, órgano de gobierno interno del Congreso, sea ejercida por un partido distinto al PRI, pues ya en la LX Legislatura fue compartida con Acción Nacional; como tampoco será la primera ocasión en que una mujer presida ese órgano, pues ya han pasado por él Rosa Elena Millán e Irma Tirado, ambas priistas.

En esta ocasión, esa presidencia será ejercida por una mujer con carrera legislativa, pues Graciela Domínguez Nava, quien coordinará al grupo parlamentario de Morena, fue ya diputada en la LIX Legislatura y antes participó como asesora del grupo parlamentario del PRD en la LVIII, además de haber cursado una Maestría en asuntos Parlamentarios que se impartió en el propio Congreso en coordinación con la entonces UdeO.

Esta misma semana se pondrá a prueba la experiencia y capacidad de la diputada Domínguez Nava, cuando tenga que acordarse con el resto de los grupos parlamentarios la integración de la Mesa Directiva.

Los grupos minoritarios no pueden tener la seguridad de que alguno de sus integrantes habrá de presidir el órgano que representa jurídicamente al Congreso y que es responsable de la conducción de las sesiones, pues el nombramiento corresponde al Pleno con el voto nominal de las dos terceras partes del total de los diputados que integran la Legislatura.

El nombramiento sólo está sujeto a dos limitaciones legales; una es que no podrán formar parte de la Mesa Directiva los coordinadores de los grupos parlamentarios, aunque sí cualquiera otro u otra de sus integrantes; y la otra es que ningún grupo parlamentario podrá presidir simultáneamente la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, lo que implica que la Mesa no podrá ser presidida por ningún diputado de Morena, aunque ese grupo tendrá la oportunidad de impulsar a alguno de los diez aliados provenientes del PES o del PT.

Desde el punto de vista político, el destino partidario que tenga la presidencia de la mesa directiva nos permitirá vislumbrar cual será la posición que adopte Morena frente al Gobierno estatal, así como definir si se apostará por la colaboración entre poderes y consecuentemente por la gobernabilidad del estado, por la presión y el equilibrio de poderes o por la confrontación.

Finalmente, el escenario político es inédito, porque ahora la mayoría parlamentaria está identificada y puede ser influenciada por el nuevo gobierno federal, en tanto que el gobierno estatal deberá definir una nueva política de relación y comunicación con el poder legislativo, para lo cual requerirá de un personaje conocedor y experimentado en el quehacer legislativo.

En igualdad de condiciones y cualquiera que sea el camino que emprendan Graciela Domínguez y Morena, será también muy importante la decisión de nombrar al nuevo Secretario General del Congreso, que deberá compartir características, aunque no necesariamente afinidades, con el personaje que designe el gobernador.