La legislatura que se va

El pasado domingo concluyó el período constitucional de la LXII Legislatura del Congreso del Estado, cuyo ejercicio de solo dos años estuvo marcado por claroscuros, polémicas y protagonismos que en muy poco contribuyeron al avance político del estado y sus habitantes, aunque quizá su actuación se sumó a la larga lista de inconformidades ciudadanas que desembocaron en el resultado electoral de julio pasado.

En los setecientos treinta días transcurridos a partir del 1º de octubre de 2016, se presentaron o ratificaron en la oficialía de partes del legislativo mil 581 iniciativas de nuevas leyes, reformas o adiciones a las ya existentes, aunque no todas fueron elaboradas por los diputados salientes.

La autoría de algunas fue de los diputados de la legislatura previa, quienes por la vía de la ratificación extendieron el sonido de sus nombres en el salón de plenos más allá de su ejercicio como diputados. También son parte de este número las iniciativas de ciudadanos y organizaciones, como es el caso del Patronato de Bomberos que encabeza Jorge Julián Chávez Murillo, y las de Parlamento Ciudadano, entre otras; además de las que directa y profusamente envió el Gobernador del Estado en su primer año de mandato, y las que presentó a través de algunos de los diputados.

Entre las iniciativas gubernamentales hubo no pocas de gran trascendencia, como fueron las referentes al Sistema Estatal Anticorrupción, entre las que se encuentra la de ese mismo nombre y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las reformas a la Ley de Justicia Administrativa, la Ley de Gobierno Municipal y la Ley de la Auditoría Superior del Estado, además de otras en las que se instituyó el órgano interno de control de órganos autónomos. Destaca también la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, así como la relativas al nombramiento de su titular, la de la ASE y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

Las antes mencionadas fueron, junto con la derogación de la Tenencia y la modificación del procedimiento para la revisión de las cuentas públicas, las que dotaron de un cierto grado de calidad a la producción legislativa de la LXII Legislatura.

Como dato curioso se observa que el Ejecutivo Estatal envió más de quinientas iniciativas para el otorgamiento de pensiones a servidores públicos, que sin restarles importancia dada su carácter de prestación laboral de cada uno de los interesados, legislativamente no requieren para su atención grandes esfuerzos de investigación y argumentación, por lo que no representan una carga sustantiva para el Congreso.

En este renglón se resolvieron 505 iniciativas de pensiones que alcanzan el 59.06% del total de las iniciativas atendidas durante la legislatura.

En el comparativo entre iniciativas presentadas y las que se desahogaron durante el periodo constitucional, que refleja el aspecto cuantitativo del quehacer legislativo, se puede decir que los diputados que se van llevan en su boleta un cinco de calificación, pues solo desahogaron mediante la aprobación de dictámenes 855 iniciativas, incluidas las relativas al otorgamiento de pensiones, que representan el 54.8% de las presentadas; lo que quiere decir que no fueron atendidas 726 iniciativas, o sea un 45.92% del total, que en su gran mayoría dormirán el sueño de los justos o como diría en broma Marthita Arredondo, quien es una institución dentro de la institución, “se les aplicará el recurso de alzada”, pues se “alzarán” en la congeladora.

Durante los setecientos treinta días de la Legislatura se dictaminaron un promedio de 1.17 iniciativas diarias, lo que si fuera posible atribuir individualmente a cada diputado, nos daría una productividad de 0.03 iniciativas por cada día de ejercicio. Todo ello sin considerar que 505 (el 59.06%)  de las iniciativas resueltas correspondieron a la asignación de pensiones, en las que los diputados prácticamente participan con su voto, pero no implican para ellos un trabajo de revisión y análisis.

En el aspecto político de fondo la LXII Legislatura quedó a deber también, pues no le fue posible generar una percepción de Poder independiente frente al Ejecutivo, para lo cual mucho influyó la prisa con la que fueron presentadas y resueltas las más destacadas iniciativas del gobierno, y no solo eso, sino también el desconocimiento que los diputados mostraron respecto de ellas, particularmente aquellas con las que se reformaron el artículo 37 y otros de la Constitución estatal en materia de cuentas públicas.

Y desde luego, quedó a deber en el tema de la revisión de las cuentas públicas del gobierno malo-vista, en el que en sentido contrario a la expectativa generada por los señalamientos de irregularidades en el manejo del dinero público durante la administración del ex gobernador, cuyo dictamen se había anunciado en sentido negativo, terminó por ser aprobada.

Frente a este panorama y bajo las nuevas condiciones políticas del país y del estado, así como por su nueva conformación partidaria, la nueva legislatura tiene la gran oportunidad de hacer efectivo el principio de división de poderes, no para obstaculizar la labor del Ejecutivo, sino para convertirse en contrapeso que evite la impunidad en actos que no se apeguen a la ley.

Es posible y la oportunidad es ahora, construir un nuevo sistema más operativo, más justo y más apegado al sentir de la población. Lo deseable es que se evite la confrontación y, con respeto al ámbito de competencia de cada uno de los poderes, se ejerzan las funciones que la Constitución encomienda a cada uno de ellos, pensando siempre en el beneficio de la sociedad sinaloense.

La LXIII Legislatura tiene un oportunidad histórica de equilibrar el ejercicio del poder, y el gobernador Quirino Ordaz la de mostrarse como un verdadero estadista.