La fuga que destapó la cloaca

En efecto, el crimen organizado tiene el control de los penales en el estado de Sinaloa y en buena parte del país. Pero lo que sucede dentro de los centros penitenciarios es tan sólo una pequeña réplica de lo que ocurre afuera. 

Para nadie es un secreto que las corporaciones de Seguridad (Federales, estatales y municipales) están al servicio de los cárteles de la droga, ya sea porque están pagadas, o porque están amenazadas.

El sistema de Justicia (estatal y federal) también está bajo control del crimen organizado, por las mismas razones (plata o plomo) aunque éste tiene la ventaja de ser menos protagónico y no se expone tanto como en el caso de las corporaciones policiales. 

Los arreglos del crimen organizado con “distinguidos” miembros del poder judicial son más evidentes en estados donde sus “buenos oficios” tienen mayor demanda, como es el caso de Sinaloa.

Para comprobar de qué lado están los jueces penales, basta con revisar el criterio que aplican en muchas de las solicitudes de amparo gestionadas por abogados de poderosos narcotraficantes. 

El caso más reciente, que puso al descubierto la facilidad con la que los dueños del dinero disponen de la protección de la justicia, es la fuga de cinco reos de alta peligrosidad, ocurrida el pasado jueves, 16 de marzo, en el penal de Culiacán. 

Juan José Esparragoza Monzón, “El Negro” (El Hijo de El Azul); Francisco Javier Zazueta, “Pancho Chimal”; Alfonso Limón Sánchez “El Limón”; Jesús Peña González, “El 20” y Rafael Guadalupe Félix Núñez, “El Changuito Ántrax”, salieron del penal como Pedro por su casa, por la puerta, sin ningún problema.

La primera sorpresa para la opinión pública fue el hecho de enterarse que delincuentes de ese nivel, auténticos “pesos pesados” del crimen organizado, estuvieran internados en un reclusorio de tan baja seguridad, como es el penal de Culiacán.

Y cuando todo mundo se preguntaba por qué no habían sido trasladados a un penal de alta seguridad, vino la segunda sorpresa, al hacerse público que los cinco contaban con un amparo otorgado por jueces federales, para que no se les moviera de Culiacán.

El Hijo de “El Azul”, señalado por la PGR como uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa, había sido detenido el pasado 19 de enero en Culiacán, y desde que ingresó al penal de Aguaruto se hizo sentir su poder, porque de inmediato la dirección le asignó, no una celda, sino una habitación VIP con todo tipo de servicios, para que no sufriera incomodidades.

Conscientes de la peligrosidad del detenido, desde el pasado 19 de febrero, en reiteradas ocasiones, las autoridades estatales solicitaron ante el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, el traslado a un penal de máxima seguridad. 

En la solicitud también se planteó, con la misma urgencia, la reubicación de los otros cuatro que hoy están prófugos.

Inexplicablemente, la autoridad federal no le dio trámite a la petición del gobierno de Sinaloa, o al menos no lo hizo con la agilidad que requieren estos casos, no obstante que el propio Comisionado Nacional de Seguridad estaba consciente de la importancia y peligrosidad del hijo de “El Azul”, calificado como uno de los 122 objetivos prioritarios del Gobierno de la República.

Lo cierto es que después de que el gobierno federal hizo oficial la detención de “El Negro”, ya no pasó nada, ninguna autoridad lo molestó durante casi dos meses, tiempo más que suficiente para preparar la fuga que hoy pone de nuevo al descubierto la corrupción que impera en las entrañas del sistema penitenciario de Sinaloa, pero que también salpica a miembros del poder judicial y deja en entredicho la capacidad de los órganos de Inteligencia y de Seguridad Pública. 

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Generosa “doña Justicia” con el poder del dinero.

El Consejo de la Judicatura Federal intenta justificar la actuación de los jueces que otorgaron amparos a los reos de alta peligrosidad que se fugaron del penal de Culiacán.

Pero en esto hay tres cosas muy claras: 

El Ejército y la Marina se encargan de agarrar a los narcos.

El gobierno y el sistema judicial les facilitan su escape.

Y las consecuencias las pagamos todos.

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