La falacia de las precampañas

De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) precampaña es el proceso interno que realiza cada uno de los partidos políticos para seleccionar a quienes postularán como candidatos a los distintos cargos de elección popular, y comprende actividades de los propios partidos y los aspirantes a dichos cargos.

Mucho antes de su reconocimiento legal ya se habían realizado en México actos previos a la postulación de candidatos, como fue el caso del General Álvaro Obregón, quien en 1919 desplegó un gran activismo para forzar su postulación como candidato a la presidencia por el Partido Nacional Revolucionario; pero sin duda alguna, la más amplia y eficaz precampaña no regulada fue la que desplegó a partir de 1997 Vicente Fox Quesada, para obtener la nominación por el PAN.

Tres años después del triunfo de Fox, en 2003, Andrés Manuel López Obrador inició su precampaña en búsqueda de la nominación a la presidencia de la república por el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y Convergencia, logrando no solo su aspiración intrapartidista sino un posicionamiento tal que le permitió ubicarse en la segunda posición con 14 millones 756 mil 350 votos, que representaron el 35.31% de la votación nacional, superado únicamente por Felipe Calderón del PAN, que “haiga sido como haiga sido” obtuvo 15 millones doscientos ochenta y cuatro votos para alcanzar el 35.89%, una diferencia de únicamente el 0.58%.

Como forma regulada de participación política, las precampañas reconocen un origen local, ya que existen a partir del 20 de noviembre de 2003, fecha en que se publicó el Decreto No. 1419 que reformó y adicionó la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, para introducir dicha figura. 

A ello siguieron acciones legislativas en el mismo sentido en Coahuila, Chiapas, San Luis Potosí, Estado de México, Distrito Federal, Jalisco, Guerrero, Nayarit, Quintana Roo y Tlaxcala. Fue hasta noviembre de 2007 que las precampañas se regularon jurídicamente a nivel federal, al aprobarse reformas a la Constitución en materia electoral, mismas que fueron desarrolladas en el COFIPE en febrero del 2008.

Luego de diez años de existencia en el nivel federal, muchos mexicanos nos preguntamos si las precampañas sirven al desarrollo de la democracia y si no representan en la actualidad una simple primera edición de las campañas formales, sobre todo por los excesos en que aspirantes y partidos han incurrido bajo el cobijo de la normatividad y, por qué no decirlo de la jurisprudencia establecida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Uno de los argumentos para establecer normas regulatorias de las precampañas se basó en que permiten seleccionar a los candidatos más competitivos en cada organización partidaria, y con ellas se logra construir consensos al interior de las mismas; sin embargo, las prácticas internas de los partidos tales como encuestas convenciones y otras formas similares se alejan del espíritu que animó la regulación.

La selección de los candidatos se realiza desde las cúpulas partidistas sin que necesariamente se desplieguen acciones para comprobar que son competitivos, al grado de parecer actos simulados que se respaldan en disposiciones estatutarias, de tal manera que no existe al interior de los partidos una real competencia para obtener la nominación. 

La selección sería eficaz y elevaría el rudimentario nivel que aún tiene nuestra democracia, si los partidos políticos realizaran en forma auténtica procedimientos internos en los que la militancia tuviera oportunidad de comparar directa y efectivamente los atributos y capacidades de cada aspirante, y manifestarse a favor de alguno de ellos.

Como botón de muestra de la realidad actual de las precampañas basta echar un vistazo a las que están en curso. De los tres aspirantes a candidato presidencial, ninguno representa al interior de su organización política o coalición una opción alterna y diferente, pues carecen de otra figura con quien confrontar. Hasta hace poco los partidos simulaban haciendo participar a un segundo militante, a sabiendas de cuál sería el resultado de la elección interna, pero hoy ese pudor desapareció, generando como consecuencia la imposición de aspirantes que ya tienen asegurada la postulación, y que son en realidad aspirantes simulados.

Pareciera que las dirigencias partidistas viven en un mundo en el que los electores solo cuentan el día de la jornada, lo que genera animadversión ciudadana, deslegitima a los candidatos y genera abstencionismo, pues se percibe el engaño, la  mentira con que se intenta hacer caer en el error al ciudadano, o dicho en palabras del diccionario, es evidente la falacia de las precampañas.

Lo que debiera ser contienda al interior de cada partido, se convierte en contienda entre partidos, es decir en campañas. En su forma actual las precampañas se han convertido en dos grandes frentes partidistas o coalicionistas, uno destinado a la atracción de sufragios -propósito de las campañas- y el otro ocupado en la obstaculizacón de votos para los adversarios, es decir en campañas de descalificación. ¿Por qué tiene el precandidato de un partido desprestigiar al de otro, si lo que busca es destacar en la selección interna?

Lo peor de todo es que la propia ley fomenta esta distorsión al permitir que en precampañas se emitan profusamente mensajes radiofónicos y televisivos, en los que inocentemente se obliga a incluir en voz o leyenda “mensaje dirigido a la militancia” o al órgano que decidirá internamente la postulación, como si esa sola mención pudiera cerrar los ojos y los oídos de los millones de mexicanos que no militan en un partido político. 

Mensajes que en esta ocasión sumarán 11 millones 184 mil spots a publicarse gratuitamente durante 60 días, es decir a razón de 186 mil cuatrocientos spots diarios que el Estado Mexicano podría utilizar para su propia promoción y reducir con ello el altísimo gasto que en esta materia se realiza. 

Quizá los partidos no se han dado cuenta que, lejos de acercarlos a los ciudadanos, las precampañas simuladas contribuyen al hartazgo de los electores y, por lo tanto, generan el riesgo de un mayor abstencionismo.