La doble cara de la revocación

“Yo no creo en la sabiduría colectiva de la ignorancia individual”: Thomas Carlyle

El pasado viernes escuché la participación de Héctor Aguilar Camín en el noticiario de Joaquín López Dóriga, refiriéndose a la aprobación dada unas horas antes por comisiones del senado al proyecto de decreto remitido por la cámara de diputados para instaurar constitucionalmente la revocación de mandato, lo que me llevó a una nueva reflexión sobre esa figura y a la facilidad con la que la oposición en esa cámara sometió al grupo mayoritario de Morena, para que aceptara que el primer plebiscito revocatorio se realice hasta febrero de 2022.

Meses antes, PAN, PRI, MC y PRD habían logrado que la primera consulta no se realizará en la misma fecha de la elección de 2021, sino hasta el 21 de noviembre de ese año, evitando la presencia virtual de Andrés Manuel López Obrador en cada una de las casillas, con lo que creen haber eliminado o al menos limitado su influencia sobre los electores.

La sospecha de Aguilar Camín de que algo se esconde en la flexibilidad de los senadores de Morena para ceder a la presión oposicionista, y la acusación de carecer de vocación democrática que unas horas antes lanzó el Presidente de la República a quienes no quieren que la consulta se celebre el mismo año de la elección, me llevaron a revisar la cara oculta de la revocación.

La propuesta de implementar la revocación del mandato presentada por López Obrador como candidato, varias veces reiterada como Presidente, y compartida por el Partido Sinaloense que presentó sus propias iniciativas y mantiene su proceso bajo constante vigilancia, parte de un análisis superficial que la identifica como una institución altamente democrática, dado que permite a los ciudadanos expulsar a los gobernantes de los cargos que previamente les fueron otorgados mediante el voto popular, cuando a juicio de éstos no se estén cumpliendo con sus expectativas.

Según su apreciación, la revocación potencializa la libertad política del ciudadano empoderándolo frente a sus representantes, quienes conscientes de la posibilidad de su dimisión obligada, se esforzarán al máximo en cumplir no solo con las promesas de campaña, primer nivel de satisfacción ciudadana, sino con la atención de otras aspiraciones y necesidades de la población.

Tal enfoque no soporta un análisis presente ni retrospectivo, ya que no responde varios cuestionamientos fundamentales. Por ejemplo, ¿Cuántos de nuestros gobernantes a través de la historia han cumplido satisfactoriamente con la encomienda ciudadana?, la respuesta es inmediata: ninguno; y esto es así porque no existe en el mundo un hombre capaz de conformar un equipo infalible de colaboradores, y si lo hubiera, no existe un presupuesto que soporte la exigencia de bienestar colectivo, porque en la medida en que algunas de las necesidades sociales se satisfacen, nuestra mira se fija naturalmente en un objetivo mayor.

En tal situación es lógico que quienes proponen la revocación piensen que tendrá éxito, pero ¿habrán imaginado la frecuencia con que tendríamos que sustituir a presidentes o gobernadores y la consecuencia que esto tendrá sobre la estabilidad política del país?

La destitución implica someter nuestro sistema de gobierno a un juego de prueba y error con mucha mayor frecuencia de la que hemos vivido, y daría pie a la existencia de una gran cantidad de presidentes y gobernadores interinos, impidiendo la adecuada continuidad en la administración y en el ejercicio de las políticas públicas, entre otra serie de graves consecuencias.

Una demanda generalizada de la sociedad y de los propios iniciadores ha sido la reducción del gasto electoral, y con la revocación no solo sumaremos su costo, sino el de una nueva elección no programada; además del incremento de actividades de la autoridad electoral en todos sus niveles.  

Otro obstáculo a superar es inherente a nuestro sistema electoral que prevé una duración determinada de los cargos de elección popular, y que con la revocación quedaría como mera figura de ornato; además de que ningún plebiscito en el que participen menos ciudadanos de los que sufragaron en la elección de origen puede producir un efecto destitutorio, como tampoco se producirá si en la consulta los ciudadanos que opten por la destitución, aun siendo mayoría, sean menos de los que le dieron el triunfo al gobernante. Si la legislación no lo contempla de esta manera, los iniciadores y los legisladores que la aprueben serán los verdaderos antidemocráticos.

Es previsible que dada la calidad de nuestro actual sistema de partidos, el primer día de cualquier gobierno se iniciará el deporte nacional de "tírenle al negro”, con miras a socavar la aceptación del gobernante y lograr su remoción en un período muy breve, para ir a una nueva oportunidad de acceder al poder, creando un círculo perverso y nocivo para la estabilidad política del país.

No cabe duda que el aspecto más antidemocrático de las propuestas de revocación de mandato que se discuten, es la pretensión de dejar en manos del gobernante la potestad de demandar a la autoridad electoral la celebración del plebiscito revocatorio, porque la revocación de mandato debe ser derecho exclusivo de los ciudadanos. A diferencia de lo que discuten los senadores, las constituciones de otros países latinoamericanos que cuentan con la figura de la revocación, establecen en forma categórica que solo corresponde a la ciudadanía el derecho de solicitar la implementación del procedimiento revocatorio.

Si el poder reformador no toma las medidas constitucionales adecuadas, se corre el riesgo de dejar oculta tras la revocación a su contraparte, la reelección.

Platón equiparó a los gobiernos democráticos de su época con un barco conducido por un marinero inexperto, y capitaneado por un tumulto de cientos de manos torpes e ingenuas, y concluyó que una democracia así gobernada es terreno fértil para la tiranía. Por eso, como Thomas Carlyle, yo no creo en la sabiduría colectiva de la masa ciudadana, porque generalmente es la suma de la ignorancia individual.