¿Justicia o revancha política?

Cuando se trata de combatir la corrupción, con muy contadas excepciones, el sistema de procuración de justicia (federal y estatal) actúa obedeciendo consignas, cuyo origen casi siempre es la revancha o el ajuste de cuentas políticas y, en consecuencia, el desprecio al Estado de Derecho.

Los Procuradores de Justicia, insisto, con muy pocas excepciones, se distinguen por su ausencia de ética jurídica y falta de compromiso con la sociedad a la que, se supone, representan. 

¿Cuántas veces hemos escuchado a los gobernantes decir que se aplicará todo el peso de la ley a quienes han hecho mal uso de recursos públicos? 

¿Cuántos gobernadores, alcaldes, diputados, magistrados del poder judicial, funcionarios y empresarios sinaloenses beneficiados por gobiernos estatales y municipales han pisado la cárcel por corrupción? 

La respuesta es muy sencilla: ninguno.

Sirva lo anterior como una muy breve introducción al tema que nos ocupa hoy en este espacio de reflexión y que ponemos a consideración de nuestros pocos, pero valiosos lectores.

La noticia fue una bomba: El Congreso de Sinaloa rechazó por primera vez la cuenta pública del Gobierno del Estado. 

La decisión unánime que tomaron 35 de los 40 diputados que integran la LXII Legislatura fue ovacionada públicamente por representantes de casi todos los organismos del sector privado del estado.

Bien!... Pero, ¿Y qué sigue ahora?

Efectivamente, como se ha dicho, nunca en la historia de la entidad había ocurrido tal cosa, porque el poder legislativo local siempre ha estado dominado por un solo partido político (PRI), que también siempre ha tenido el mando del Ejecutivo local.

Incluso en la pasada administración estatal, cuando el PRI perdió la elección constitucional, en los hechos terminó gobernando el estado. 

Hoy, después de seis años, se puede decir sin temor a exagerar, que Sinaloa tuvo en Mario López Valdez (Malova) un gobernador aliancista con sangre y actitudes de priísta. 

Tanto así, que incluso colaboró ampliamente para que el partido tricolor “recuperara” la gubernatura. ¿Quién lo puede negar?

Claro, algunos dirán que hoy las circunstancias de la política han cambiado radicalmente, y no les faltará razón. 

Ciertamente, amplios grupos de la sociedad se han volcado a las calles para exigir un alto a la corrupción, y el PRI, como fuerza política mayoritaria en el Congreso interpretó muy bien el sentir de la sociedad sinaloense.

Por ello, la mayoría tricolor votó a favor de suspender la cuenta pública de Malova, argumentando que ésta tiene varias observaciones de la Auditoría Superior del Estado.

Y efectivamente, así es. Aunque vale la pena decir que en el pasado reciente las mismas observaciones, e incluso más graves, nunca fueron suficientes para que el PRI llegara al grado de rechazar la cuenta pública de un exgobernador.

Una de las reglas del sistema, hasta la fecha, era que el sucesor siempre protegía a quien le entregaba el poder, como garantía de continuidad del sistema de partido hegemónico.

Pero es sabido y lo hemos dicho, el horno ya no está para bollos, y si lo que se busca es recuperar la confianza de la sociedad, pensando en las próximas elecciones, la clase política en el poder debe gobernar atendiendo el sentir de las mayorías.

Los tiempos tampoco están para seguir manteniendo los privilegios de unos cuantos, a costa de la desgracia de los que menos tienen y, sobre todo, insisto, ante el inminente riesgo de que el PRI pierda la próxima elección.

En ese sentido, el grupo mayoritario en el Congreso hizo lo que tenía que hacer.

Por lo que toca a los partidos de oposición (PAS y PAN) también están en lo suyo. Su naturaleza es señalar y combatir los vicios del sistema, para convertirse en un contrapeso del poder y con ello avanzar en la búsqueda de mayores espacios.

Pensando positivamente, supongamos sin conceder, que a nuestros legisladores los mueve el interés por cumplirle a la sociedad sinaloense.

Con base en ello, sería pertinente que en lo que se refiere específicamente a la cuenta pública rechazada, la Auditoría Superior del Estado concluya la revisión de todas las dependencias estatales, para que se tenga la certeza de que han sido auditados el 100 por ciento de los recursos ejercidos y no sólo alrededor del 40 por ciento, como se sabe.

De esta manera se podría desechar la sospecha de que la verdadera intención de la ASE y su ex titular, quien misteriosamente renunció en diciembre pasado, es proteger a algunos funcionarios y exhibir a otros.

Ahora bien, si en la revisión total de la cuenta pública se detectan elementos para presumir que hubo corrupción, deberá informarse a la opinión pública con toda claridad, en tanto se inician, con base en los dictámenes de la auditoría, los procedimientos penales correspondientes contra quienes estén involucrados, incluyendo, si fuera el caso, al exgobernador.

No sería sano que en el camino se hagan arreglos entre grupos políticos que permitan que las cosas cambien para seguir igual, ni que se juzgue  a servidores públicos sin las pruebas correspondientes, ni se exhiba como delincuentes a quienes les asiste el derecho de defenderse, o en su caso, solventar las observaciones correspondientes. 

Finalmente, para garantizar la aplicación de las sanciones que la ley establece, tal y como lo apuntó en su oportunidad el gobernador Quirino Ordaz, en todos los casos deberá cuidarse el debido proceso, para fincar muy bien la responsabilidad de los servidores públicos involucrados. De no ser así, se correría el riesgo de que esto no pase del escándalo mediático, como históricamente ha ocurrido.

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Enriquecimiento explicable. No hay duda que en el sexenio de Mario López Valdez, como en todos los anteriores, hubo varios casos de corrupción.

Sólo bastaría con revisar el cuantioso patrimonio inmobiliario de algunos funcionarios de primero, segundo y hasta del tercer nivel, que hace seis años andaban, literalmente, con una mano adelante y otra atrás.  

Pero también sería muy sano que nuestras actuales autoridades revisaran la riqueza, completamente explicable, de ciertos empresarios que estuvieron muy cerca del poder estatal y que también hicieron jugosos negocios con el gobierno y, por si fuera poco, acapararon los presupuestos oficiales.

Quien los viera hoy, como si nada. 

¿No cree usted que sería justo que la lucha contra la corrupción incluyera a quienes desde el sector privado también resultaron beneficiados?

Para que el golpe sea parejo. 

Twitter: @victortorres_mx