INE: Renovación y cuotas

Desde el 21 de febrero último está en marcha en la Cámara de Diputados el proceso para designar a quienes a partir del 5 de abril de este año y hasta el 4 de abril de 2026, sustituirán a Beatriz Galindo Centeno, Arturo Sánchez Gutiérrez y Javier Santiago Castillo, como consejeros electorales en el Consejo General del INE. 

Como lo establece el artículo 41 de la Constitución, un Comité Técnico de Evaluación de siete miembros, propuestos dos por el INAI, dos más por la CNDH y tres por la propia Cámara, se encargará de verificar el cumplimiento de los requisitos por los 152 aspirantes registrados. 

El Comité lo integran Santiago López Ayllón, Director General del CIDE, y César Astudillo Reyes, especialista en derecho electoral y ex abogado general de la UNAM, por parte del INAI; María Leoba Castañeda, Directora en retiro de la Facultad de Derecho de la UNAM, y José de Jesús Orozco Henríquez exmagistrado del TEPJF y presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), designados por la CNDH; además de los diputados Jorge Islas López (PRI), Humberto Aguilar Coronado (PAN) y Luis Eduardo Medina Torres (PRD), en representación de la Cámara baja. 

La integración mayoritariamente académica del órgano responsable de la selección, debería llevarnos a bien pensar que los nuevos consejeros serán seleccionados primero por satisfacer los de requisitos legales, y segundo porque su preparación y experiencia hacen que su perfil se acorde a lo que el cargo requiere, y que consecuentemente se  designará a las personas más calificadas. 

Pero experiencias previas en esta y otras materias, combinadas con la participación de legisladores de las tres principales fuerzas políticas representadas en la Cámara, nos induce a especular que una vez más, el reparto de las posiciones se apegue al criterio de cuotas partidistas.

Y no es que necesariamente sea malo que la adjudicación de posiciones de servicio público se distribuya entre los partidos políticos, pues finalmente cada uno de ellos cuenta con una parte de la representación social, y en la democracia se dice que nadie debe ganarlo todo y nadie debe perderlo todo.

Esta fue una de las razones por las que el sistema político mexicano instituyó primero la apertura de los órganos legislativos a partidos distintos del PRI, mediante la figura de diputados de partido, y después instauró el sistema de representación proporcional, con lo que fueron sentadas las bases del pluralismo político.

Se entiende que el grueso de la sociedad mexicana se pronuncie en contra de las cuotas partidistas, porque la forma irresponsable en que éstas se han distribuido ha resultado, por regla general, contraria a la calidad en la conducción y operación de las instituciones, al privilegiar el interés partidista por sobre el interés general de la sociedad, lo que dicho sea de paso, es desgraciadamente común y ha llevado al desprestigio de la figura de los partidos. 

El abuso en el uso de las cuotas partidistas tiene entre sus consecuencias negativas  que, en procesos selectivos como el que comentamos, no se escoja a los individuos con mayor capacidad, con mayor preparación o con mayor experiencia, porque el mérito que se pondera es la lealtad partidista, es decir la posibilidad de obtener decisiones favorables a las posiciones e intereses políticos del partido que los impulsó. 

En ese sentido, la disciplina partidista y el agradecimiento a quien propició la designación, pueden derivar en la distorsión del objetivo de las instituciones y, en muchos casos, en la actuación de éstas al margen de la ley.

Pero manejado con responsabilidad, el sistema de cuotas se convierte en un mecanismo social y políticamente útil, porque permite que la representación política y la responsabilidad de gobierno se distribuya entre las distintas fuerzas existentes en la sociedad, como sucede en los llamados gobiernos de coalición; y lo más importante es que genera equilibrios, evita descalificaciones y produce gobernabilidad, que a final de cuentas es la paz política. 

Mi amiga Yolanda Elías Calles, expresidenta y actual consejera del Instituto Electoral de Querétaro lo expresa así: “Las cuotas bien manejadas en los órganos electorales permiten equilibrios que no se dan en el gobierno, pues por regla general quien gana una elección aunque sea por margen mínimo, lo gana todo. Y quien aun obteniendo la confianza de gran parte del electorado, no obtiene el triunfo, lo pierde todo. De esta manera es que mucha gente se siente ajena  o incluso se convierte en antagonista de quién está en el gobierno”.

En otras palabras, las cuotas partidistas son útiles en los sistemas democráticos reales, como instrumentos para generar legitimidad y credibilidad, sea en el proceso electoral, en los órganos electorales o en el gobierno.

En esta ocasión quedaron registrados 152 aspirantes, de los cuales 149 no tendrán acceso al cargo. Entre todos ellos solo figura un sinaloense, el expresidente y exconsejero del extinto Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, Rigoberto Ocampo Alcantar, quien tiene los méritos académicos y de experiencia que se requieren. 

Entre los que aspiran están también el ex magistrado de la Sala Superior del TEPJF, Flavio Galván Rivera, cuya amplísima experiencia debe ser aprovechada, porque puede darle al Consejo General el equilibrio que requiere y evitar las constantes correcciones que el Tribunal Electoral de la Federación ha hecho de sus decisiones. 

Hay también consejeros y exconsejeros de institutos electorales de los estados, entre los que destacan Diana Talavera Flores, expresidenta del IEDF y quien en el examen del pasado viernes obtuvo la más alta calificación, lo que aunado a la llamada cuota de género le otorga un plus para su eventual designación. 

El  Doctor Ramón Hernández Reyes, actual presidente del instituto en Michoacán y único sobreviviente del sistema federalizado que culminó con la reforma centralizadora del sistema electoral en 2014; Sara Blanco, de Sonora, Georgina Barkigia de Aguascalientes, Sergio López de Nayarit, así como un gran número de académicos e investigadores con maestrías y doctorados que de nada servirán si se aplica irresponsablemente el reparto por cuotas partidistas.

Será el Comité Técnico de Evaluación quien se encargue de reducir la lista a tres grupos de cinco aspirantes cada uno, que deberán entregar el 20 de marzo a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, de entre los cuales el pleno designará a los tres nuevos consejeros.

Llama la atención el alto número de aspirantes frente a lo limitado de las posiciones disponibles. ¿Es tan amplio el deseo de servir o será simplemente que el cargo de consejero en el INE es atractivo por la remuneración? 

Con base en el acuerdo del INE, en el que su Junta Ejecutiva aprobó disminuir un diez por ciento sus percepciones, que la Sala Superior del TEPJF determinó improcedente, los consejeros percibirían este año un sueldo mensual mínimo de 159 mil 619 pesos y máximo de 176 mil 200 pesos, más prestaciones. 

No es nada despreciable el gozar de ese ingreso durante los nueve años que dura el cargo.