¿Hacia dónde vamos? Segunda parte

En nuestra colaboración de la semana anterior nos referimos al asalto de los espacios mediáticos por quienes integrarán el nuevo gobierno nacional a partir del primero de diciembre, con declaraciones que ayudan a bosquejar el paisaje político de los próximos cinco años y 10 meses que será su duración.

Por lo pronto se adivina que el espacio económico, al parecer influenciado por el ADN priista del virtual Presidente electo, estará orientado a retomar el control del Estado sobre las principales actividades, a partir de una nueva política de subsidios para mantener artificialmente el precio de los combustibles dentro de los márgenes de la inflación, y la vuelta a su producción directa por el gobierno a través de Pemex; de igual forma el retorno a los precios de garantía en el sector agrícola; y el control oficial de precios de los productos de primera necesidad por conducto de Diconsa, hace años conocida como la Compañía Nacional de Subsistencias Populares o Conasupo,  entre otras características.

En lo político el nuevo gobierno, aún sin iniciar funciones, parece orientarse al viejo sistema de controles corporativos, al acercarse cada vez más a organizaciones como la CNTE que puede ser el sustituto ideal para el SNTE, tan vetusto como quien pretendió erigirse en su dirigente vitalicia, doña Elba Esther Gordillo; o creando nuevas corporaciones que faciliten el control de las oposiciones, como es el amorfo grupo de los “ninis”, que agradecidos por las dádivas ofrecidas y adecuadamente aleccionados y organizados, podrían convertirse en la fuerza de choque frente a quienes manifiesten su desacuerdo con las decisiones oficiales.

Pero lo realmente preocupante es que el nuevo gobierno parece no estar reñido con la simulación política que tanto daño le ha hecho a México. Un primer elemento que ilustra esta situación es la doble vía por la que transitan el cuasi Presidente Electo y un alto número de sus partidarios, pues en tanto AMLO y algunos colaboradores como la sinaloense Tatiana Clouthier parecen encaminar sus esfuerzos hacia la reconciliación nacional, un importante sector de sus apoteóticos seguidores encabezados por Paco Ignacio Taibo II y Gerardo Fernández Noroña, amenazan e insultan a comunicadores y analistas políticos por el solo hecho de expresar sus opiniones en torno a los temas de futuro que se han puesto sobre la mesa.

La intolerancia se manifiesta sin que prácticamente nadie intente ponerle freno, y sin importar si sus destinarios son personas físicas, organizaciones gremiales o instituciones. Un ejemplo claro se vivió el miércoles 17 en la sesión del Consejo General del INE, cuando la Comisión de Fiscalización dio a conocer el dictamen relativo al fideicomiso “Por los demás”, con el que impuso a Morena una multa de 197 millones de pesos; fideicomiso que independientemente de si la multa está justificada o no, es un monumento a la simulación, como afirmamos en este mismo espacio hace algunas semanas.

El castigo decretado por la autoridad electoral generó una airada reacción del representante de Morena, Horacio Duarte, quien en tono prepotente y de amenaza arremetió contra el Consejero Marco Antonio Baños diciéndole que “ya se le va a acabar su periodo” -como consejero-, y lo acusó de tener “vínculos con el poder, que pronto dejará de ser poder”.

Desgraciadamente la reacción no quedó en el ámbito interno del INE, ya que el propio López Obrador saltó a la palestra para declarar a los medios que “la multa impuesta por INE a Morena por 197 millones de pesos es una vil venganza”; solo faltó que explicara el motivo de esa supuesta represalia.

Duarte y López obrador pudieron ofrecer pruebas del origen lícito de los más de 78 millones de pesos recaudados y proporcionar los datos de los destinatarios de los apoyos por casi 70 millones de pesos que la ley permite, o simplemente presentar una explicación congruente sobre el origen y destino de esos recursos, aparentemente privados; pero fieles a su tradición optaron por la descalificación del INE y sus consejeros, más ni ellos ni la dirigente del partido Yeidckol Polevnsky aceptaron transparentar uno u otro de esos elementos, arguyendo el respeto a los datos personales de aportantes y beneficiarios.

Lo cierto es que, quiéranlo o no, ellos mismos y sus partidarios, iniciaron muy temprano el desgaste del gran capital político que la ciudadanía puso en sus manos. 

Pero aún más preocupante que el “fideicomiso gate” fue el anuncio del propio López Obrador sobre la eliminación de las delegaciones de dependencias federales en las entidades federativas, las que según lo declaró serán sustituidas por un coordinador de programas de desarrollo en cada estado, quien al parecer y previas reformas a los convenios de coordinación fiscal que se utilizan para hacer llegar a los gobiernos estatales los recursos federales, será este funcionario el que recibirá los recursos y controlará su aplicación.

En tanto no se informe a detalle cuáles serán las facultades de la nueva figura, solo nos queda pensar –como Diego Fernández de Ceballos-, que se creará una poderosa estructura económico-política intermedia entre el Presidente de la República y los gobiernos estatales y municipales, que anulará de facto el ya de por sí maltrecho sistema federal y republicano, en franca violación de la libertad y la soberanía de las entidades federativas que garantiza el artículo 40 de la Constitución, pues con tal poder el coordinador será en los hechos un gobernador paralelo.

Curiosamente, varios de los mencionados como virtuales coordinadores son los candidatos perdedores que abanderaron a Morena en las elecciones locales previas.

Es indiscutible que Morena adquirió una fuerza política que le permite, por una parte,  proponer, controlar la discusión pública a través de foros, y  aprobar una nueva Constitución para el país, para dar viabilidad a las políticas públicas proyectadas por López Obrador que no encajan en la actual; o puede modificarse la actual para que como antaño, sea el Presidente de la República la persona en la que se concentre todo el poder político, para lo cual parce estar construyendo las bases de defensa popular. ¿Para qué continuar entonces con simulaciones?; ¿por qué no abrir el juego y hacer realmente la cuarta transformación de la República que ya se anunció?

Puede incluso hacer realidad el postulado del artículo 39 de la actual Constitución, “el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”, para decirle adiós al artículo 40, terminar con el sistema federal y eliminar con ello las entidades federativas, estableciendo otras formas de división y organización y conducción política del territorio nacional que no sean los gobernadores, que al parecer estorban en la mentalidad de casi todos los políticos y académicos radicados en la Ciudad de México.

El centralismo no es en sí mismo un mal sistema de gobierno, como se ha demostrado en Francia y otros países desarrollados, el problema en el caso de México es el Presidencialismo extremo     que hace ver a su titular como un déspota.

La reciente elección generó enormes expectativas en más de 30 millones de ciudadanos que votaron por un nuevo gobierno, pero sus integrantes no pueden olvidar que somos 90 millones los empadronados y alrededor de 120 millones los mexicanos.