¿Hacia dónde vamos?

Han transcurrido apenas dos semanas desde la jornada electoral, en la que la ciudadanía participativa decidió mayoritariamente que Andrés Manuel López Obrador sea el Presidente de la República a partir del primero de diciembre. En esee corto lapso el Peje –como no quiere que le llamen- y aquellos que tienen ya seguro un cargo en el gabinete, siguieron ocupando los titulares de la cartelera política nacional, esbozando con gruesas pinceladas lo que será el ejercicio del poder durante el nuevo gobierno.

A reserva de que se confirmen los resultados al resolver las impugnaciones ante tribunales, Morena y sus aliados alcanzarían el 62.4% de la Cámara de Diputados y el 54.68% de la Cámara de Senadores, con lo que tendrían una representación del 61.81% del Congreso de la Unión, faltándoles solo cinco votos para alcanzar la mayoría calificada para hacer modificaciones constitucionales, lo que en otras palabras significa el poder absoluto.

A ello habrá que sumar el surgimiento de un nuevo partido oficialista que no tendrá problema económico alguno, pues el financiamiento público nacional y de los estados al que tendrá derecho en los próximos tres años, será multimillonario; frente a la sensible reducción que sufrirán los partidos supervivientes, algunos de los cuales no tendrán derecho a recibirlo en algunas entidades, como Sinaloa.

Las apariciones mediáticas de los virtuales miembros del gabinete y del propio AMLO, permiten vislumbrar la orientación del gobierno que concluirá el 30 de septiembre de 2024, que en mucho se habrán de parecer al escenario político priista de hace algunos años, caracterizado por una política de subsidios, control oficial de precios, y férreo control político de los gobernadores, además de un posible resurgimiento al menos formal de la Doctrina Estrada, es decir la no intervención de México en los asuntos de otros países. En este rubro, ya veremos si como los gobiernos priistas lo hicieron en su momento con Cuba, se hace ahora con Venezuela.

La aparición del futuro Secretario de Hacienda Carlos Manuel Urzúa, para anunciar que no bajaría el precio de las gasolinas, pareció una posición razonable con todo y la mala noticia que significa para la población, pero provocó reacciones entre los propios partidarios de AMLO-Morena, que obligaron al propio presidente electo a precisar públicamente que la baja de los precios iniciará en la segunda mitad de su mandato, una vez que entren en funcionamiento las tres refinerías que se propone construir, no sabemos bajo qué esquema ni con qué recursos, pero por lo pronto – aunque no lo dijo textualmente, seguirá siendo el mercado quien regule el precio de los combustibles, y desde el gobierno se destinará necesariamente dinero público para que el incremento anual no supere la tasa de inflación.

Pero si esa fue mala noticia para todos los que utilizamos combustibles, o sea todos los mexicanos, los gobernadores de los estados recibieron las propias, nada más y nada menos que de boca de la que será encargada del control político del país, la exministra de la Suprema Corte Olga Sánchez Cordero de García Villegas, futura Secretaria de Gobernación, quien en una comida con Ministros, Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación anunció distintas medidas que vendrán a limitar el poder de los gobiernos locales, es decir de los congresos de los estados, porque sus poderes judiciales si recibirán beneficios, al menos de tipo presupuestal.

Sánchez Cordero anunció que se implementarán medidas para dar garantías a los tribunales de que ya no estarán sometidos al poder de los gobernadores, ni de los poderes fácticos o de los congresos locales. La primera de esas garantías será la asignación de un porcentaje irreductible, dos por ciento, de los presupuestos de cada una de las entidades federativas, para que no tengan que estar cabildeando año con año a fin de que incluyan sus necesidades en los presupuestos estatales; y aunque no explicó cuál sería la vía constitucional o legal para implementarlo, el efecto inmediato es una concentración de las decisiones locales en el poder central, que por buenas intenciones y efectos que pueda tener, es contraria al espíritu federalista consagrado en el artículo 40 de la Constitución Federal.

La segunda garantía que se ofreció a jueces y magistrados es su inamovilidad en el cargo, que por cierto ya existe formal y normativamente en muchas de las entidades federativas, porque –dijo textualmente- “No podemos estar a la voluntad de un gobernador o de un congreso que destituya a un juez o un magistrado por no resolver de conformidad con sus intereses, eso se acabó”. También ofreció implementar la carrera judicial con rigurosos exámenes de oposición para acceder a los cargos; y un haber de retiro para jueces y magistrados, que también ya existe en muchas partes de la República.

Y por si los gobernadores no escucharon, la virtual Secretaria de Gobernación anunció también que el gobierno de López Obrador presentará una iniciativa de Ley General del Notariado, para que la única forma de acceso al notariado en todo el país sean exámenes de oposición rigurosos y transparentes, y dijo que “a través de esta ley se quiere evitar que los gobernadores, como lo hemos estado viviendo, al final de su gestión nombren como notarios a sus amistades, a sus compadres o a sus amigos.”

Vino después el anuncio del propio López Obrador sobre la eliminación de las delegaciones de dependencias federales en las entidades federativas, que serán sustituidas por un coordinador de programas sociales en cada estado; lo que nos hace recordar la designación de Alfredo Castillo Cervantes como Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral del estado de Michoacán, entidad en la que de hecho se convirtió en un gobernador paralelo. Por lo visto, ese mismo poder tendrán los coordinadores, pero de esto hablaremos en nuestra próxima colaboración.