¿Fracasó la reforma electoral?

En los primeros meses de 2014 se aprobó una reforma constitucional que instituyó un nuevo sistema electoral de alcance nacional, para sustituir al sistema federalizado que venía construyéndose desde el último cuarto del siglo pasado;  a ese que entre otras cosas produjo la más prestigiada institución de la época, el Instituto Federal Electoral, que propició la alternancia partidista en todos los niveles de gobierno, y que sujetó a los partidos políticos a un régimen jurídico que, pese a sus deficiencias, sirvió como obstáculo importante frente al fraude electoral.

Ciertamente, el antiguo sistema no logró acabar con la desconfianza que prevaleció durante el régimen autoritario, y fue esa misma desconfianza la que cavó la tumba donde ahora yace.

Como ninguna otra reforma electoral, la de 2014 surgió rodeada de polémica tanto por su contenido como por su origen. Fue concebida como parte del Pacto por México, aunque pareciera que el presidente, su gobierno y su partido, dejaron en manos de la oposición el diseño de las nuevas reglas electorales.

Las iniciativas elaboradas desde mucho tiempo antes por el PAN y el PRD, igual que las que surgieron al amparo del pacto, partían de la tesis de que las entidades federativas son algo así como menores de edad y que por lo tanto no merecen autonomía para autogobernarse como dispone el artículo 40 de la Constitución. 

Tienen –decían como verdad de Perogrullo- las mismas responsabilidades constitucionales que la federación, pero no sus mismas capacidades institucionales, y a partir de ello llegaron a la sabia conclusión de que en lugar de fortalecer sus capacidades, debían cercenarse sus facultades, incluida la de organizar las elecciones para designar a sus propios gobernantes.

Sobre su afirmación de que los órganos electorales de los Estados habían sido “colonizados” por los gobernadores, construyeron la propuesta de crear una institución ideal, un órgano nacional que se encargara de organizar elecciones federales y locales bajo el principio de imparcialidad, ajeno a intereses políticos y cacicazgos locales, pero nunca repararon que a nivel central (o nacional, para utilizar su lenguaje), los cacicazgos también existen y son mucho más fuertes y ambiciosos.

La reforma otorgó al INE tal competencia y tan amplias facultades para intervenir en la organización de las elecciones locales, que lo convirtieron en un apetitoso botín político y económico, así como en un verdugo de la autonomía de los órganos electorales. 

Además de la facultad de designar y remover a los integrantes de los institutos estatales, el INE asumió en todos los Estados la capacitación electoral, el diseño de los distritos electorales locales, la división de los distritos en secciones, la ubicación de casillas, la designación de sus funcionarios, el dictado de reglas, lineamientos, criterios y formatos relativos a resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, conteos rápidos, impresión de documentos y producción de materiales electorales, además de la fiscalización de los ingresos y el gasto de los partidos políticos y candidatos, tareas que anteriormente correspondían a los congresos estatales y a los órganos locales; y con esas facultades sometieron a los institutos estatales, porque ¡ay de aquél que desobedezca una instrucción del INE!, será despedido como sucedió en Chiapas y Colima.

Pero no solo eso, los órganos electorales locales son los chivos expiatorios de los errores del INE. Ante los reclamos mediáticos surgidos en dos de las entidades que vivieron elecciones el pasado 4 de junio, precisamente en aquellas en que no obtuvieron el triunfo los autores intelectuales de la reforma electoral, el Presidente del INE se lavó las manos y atribuyó la responsabilidad de las supuestas irregularidades, que dicho sea de paso no han sido comprobadas, a los órganos locales. A esos que actúan en cumplimiento de las instrucciones del Instituto que ahora se deslinda.

Pero como dijera la protagonista del comercial, esa es otra historia. Han pasado ya tres años desde que se aprobó la reforma y en cada uno de ellos se realizaron procesos electorales, uno federal y varios locales, cuyo resultado da al traste con los argumentos que la sostuvieron.

En ninguno de ellos parecen cumplirse los objetivos de la reforma, al menos no los que públicamente se expresaron. En principio porque se ofreció que no habría procesos electorales tan frecuentes, para no cansar a la ciudadanía, y mire usted 2015, 2016, 2017 y 2018; se dijo también que se reduciría el costo económico de las elecciones y el financiamiento de los partidos políticos, lo cual parece haber operado a la inversa. 

Se habló de lograr elecciones transparentes, cuyos resultados fueran aceptados por todos; hoy la realidad nos golpea en la cara con las mismas quejas de antaño; con  acusaciones de fraude y con descalificación de las instituciones electorales, como si fueran éstas las fábricas de votos ilícitos. 

Pero no, las autoridades electorales con todos los defectos y deficiencias que puedan tener, no son rellenadoras de urnas ni fabricantes de actas de escrutinio falsas, no disponen de recursos para comprar votos, no son almacenes de despensas o bultos de lámina, ni dispensadoras de tarjetas de débito o de descuento; en síntesis, no es en su seno donde se gesta el falseamiento de la voluntad popular. Usted y yo amigo lector, sabemos que el problema está en los partidos políticos y en sus operadores electorales.

Se planteó arrancar de las manos de los gobernadores el control de las instituciones electorales, y solo en apariencia se les despojó de la influencia en el nombramiento de los consejeros locales. En realidad hacen hoy en el INE lo mismo que hacían en los congresos locales, y hacen con los consejeros de aquél lo que hacían con los diputados de éstos.

Prometieron terminar con la supuesta duplicidad orgánica de un sistema electoral federalizado que nunca entendieron, pero la llevaron al extremo al convertir los órganos autónomos en gerencias regionales que conviven y dependen para su operación de la estructura regional del INE.

La reforma electoral 2014 nació muerta y pretende llevarse con ella a los órganos electorales de los Estados.